La lucha contra la corrupción es de todas los horas del día. No debe haber tregua en ese esfuerzo por combatirla. Es, sin duda, una misión difícil y de la misma nadie debe marginarse. Todos debemos incorporarnos con una conducta ética y moral inquebrantable para batirla como arma poderosa donde quiera que se haga necesario para destruir ese morbo que entorpece y destruye sin contemplaciones de índole alguna, esperanzas de cambio, de transformaciones hacia estadios de mayores satisfacciones y felicidades para los pueblos.
El presidente Chávez ha sido un adalid en la vocería de muy alto tono para enfrentarla y castigarla con todo rigor. En esa dirección hay que marchar le ha dicho a todo su equipo de gobierno de manera persistente, firme, sin vacilaciones y sin importar dónde y quienes sean los que la manejan y la estimulan. Ciertamente no ha perdido ocasión para exigir, además, la mayor atención y el mayor rigor a todos los ciudadanos de este país para que se mantengan vigilantes y muy atentos para impedir que aquellos que han decidido cabalgar en esas condenables desviaciones, exigiendo y cobrando comisiones aquí o acullá, hagan de las suyas.
Han sido reiterados sus llamamientos al país en general para que se articule en una voluntad de lucha y vigilancia incansable para garantizar que en todos los estamentos del Estado que tienen que ver con el manejo y la custodia de bienes y fondos públicos, con la concesión de contratos y permisos, con el otorgamiento de documentos de identidad o los que fueren, así como que en el ejercicio de sus respectivas competencias esos estamentos puedan comprometer en cualquier forma tales bienes, se actúe con la más absoluta transparencia.
Ese discurso anticorrupción reiterado es importante y necesario, pero no es suficiente. Se impone complementarlo con el ejercicio activo de la fiscalización rigurosa, de las inspecciones sorpresivas y, fundamentalmente, apuntalarlo con la presión perseverante de la organizaciones populares en cada rincón del país, porque sólo con esas herramientas que ahora la revolución nos permite activarlas por mandato de la Constitución Bolivariana de 1.999, será posible avanzar hacia la conquista de una moral colectiva indoblegable.
Ya bastan los despidos por tan abominables delitos. Se imponen los juicios y la imposición de severas sanciones de cárcel para quienes sean sus directos y/o interpuestos responsables del saqueo de los dineros y bienes públicos.
La lucha anticorrupción es una prioridad si queremos preservar la revolución, única opción que nos permitirá llevar a este país, lo reiteramos con la mayor convicción, hacia su mayor progreso y bienestar.
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