Esta ha sido una semana de intensos antagonismos. Por un lado, en la Asamblea General Ordinaria de la OEA, el emperador Bush intentaba conminar a los países de América Latina y el Caribe a aceptar el libre comercio como la varita mágica para alcanzar democracias estables y prosperidad. Por el otro, la profunda crisis política en Bolivia se agudizaba al extremo. Crisis gestada precisamente por la aplicación a rajatabla de las políticas de liberalización económica y comercial propugnadas por Washington. La situación fue muy bien sintetizada por el líder del MAS, Evo Morales, cuando afirmó que el problema de Bolivia no es entre el oriente y el occidente, sino entre una mayoría muy pobre y una minoría muy rica. Contrariamente a la arenga de Bush en Fort Lauderdale esa mayoría exige la nacionalización de los hidrocarburos y una refundación del país porque ha comprendido que las privatizaciones y el reino del mercado son las causas de su empobrecimiento.
Pero Bolivia, pese a la singular radicalización de sus movimientos sociales –o por eso mismo- no es un caso único en América Latina. Hay que ser ciego para no darse cuenta que el modelo neoliberal es gestor de crisis sociales sin precedentes por su esencia misma. De modo que el movimiento popular en el país andino es el espejo de un proceso indetenible en nuestra región. Y es que el neoliberalismo hace inviable a la postre el funcionamiento hasta de la forma más elitista y excluyente de democracia, como es la llamada representativa. Sin embargo, estamos viendo que muchos pueblos no se conforman ya con esa democracia y aspiran a una popular y participativa. Se han percatado de que los asuntos políticos son demasiado serios como para dejarlos al exclusivo arbitrio de políticos profesionales cada vez más alejados de sus intereses.
Es una verdad de Perogrullo que Washington sólo acepta la democracia representativa cuando le conviene. Para no ir más atrás en la historia ahí tenemos el secuestro por fuerzas especiales estadunidenses y el golpe de Estado contra el presidente haitiano Jean Bertrand Aristide. En la reunión de la OEA lo que pretendía la potencia del norte, utilizando como operador al nuevo secretario general del organismo José Miguel Insulza, era crear dentro de la organización un mecanismo de “monitoreo” de la democracia que le sirviera para sentar a Venezuela en el banquillo de los acusados y así enmascarar bajo un manto colectivo sus planes intervensionistas en ese país. El tiro le salió por la culata porque no obtuvo siquiera el apoyo de los gobiernos más serviles. Con mayor o menor énfasis en sus posturas los gobiernos de América del sur y el Caribe hicieron imposible que pasara la propuesta injerencista estadunidense. Fue categórico el canciller brasileño Celso Amorín cuando en réplica a la secretaria de Estado Condoleeza Rice afirmó que “la democracia no se puede imponer” y abogó por su consolidación mediante una “mayor inclusión y justicia social”. Amorín argumentó al respecto que los conceptos básicos “tienen que ser la cooperación y el diálogo, más que mecanismos intervensionistas”. La diplomacia estadunidense –si es que puede llamársele así- quedó totalmente aislada en Fort Lauderdale en las personas de Bush, Rice y el golpista Noriega, connotado operador de la subversión contra el gobierno de Hugo Chávez. El documento finalmente aprobado excluye todos los elementos de la propuesta de Washington, insiste en la necesaria interacción entre inclusión social y democracia y en la no intervención y la autodeterminación como principios normativos de la OEA.
Venezuela ha sido objeto de todo el odio de la pandilla instalada en la Casa Blanca, que se proponía convertir la reunión del desprestigiado organismo hemisférico en un foro antivenezolano. Con esas miras Bush – que nunca se ha reunido con Chávez- recibió días antes a la aristocrática María Corina Machado, líder de la organización contrarrevolucionaria Súmate. Estados Unidos no se resigna a la conducta independiente de Caracas. Y la solicitud venezolana de extradición del terrorista Luis Posada Carriles ha llevado a la histeria a la cúpula imperial porque desenmascara el verdadero trasfondo de la llamada guerra contra el terrorismo. El caso Posada ha propiciado que Venezuela y Cuba pongan al desnudo el pretexto con que Washington ha intentado justificar sus guerras “preventivas” y las más groseras violaciones a los derechos humanos.
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