La semana pasada fuimos testigos de una sucesión presidencial muy particular que agotó hasta la última instancia el artículo 93 de la Constitución Política de Bolivia. La presión del movimiento popular en las calles de la Paz y El Alto, fue determinante para evitar que la presidencia fuese asumida por otro de los miembros de la oligarquía. En efecto, constitucionalmente le hubiese correspondido la primera magistratura al Presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, un individuo de los sectores más favorecidos de Bolivia, copartidario del ex Presidente neoliberal, Gonzalo Sánchez de Lozada; un sujeto que, además, luchó toda su vida por mantener las desigualdades del actual sistema político, económico y social y por llegar a la Presidencia del país. Incluso se afirma que Vaca Diez mantuvo vínculos cercanos con connotados narcotraficantes en el pasado. Las circunstancias colocaron a este señor al borde de hacer realidad su deseo presidencial. Sin embargo, los sectores populares, las mayorías excluidas por gobiernos de los cuales él formó parte, frustraron sus anhelos de poder. No le quedó más remedio al Senador que renunciar a sus aspiraciones, toda vez que el pueblo en la calle dejaba en claro que de llegar él a la presidencia, las protestas se radicalizarían y la situación social se agravaría. Antes del anuncio de la renuncia de Presidente del Senado, ya había declinado a cualquier aspiración el Presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, a quién le hubiese correspondido asumir la presidencia del país ante la renuncia de Vaca. La única opción que podía aplacar al pueblo, no para desmovilizarse, sino para no extremar sus protestas, fue la que finalmente se cumplió: el pasado 09 de junio se juramentó como Presidente Constitucional al hasta entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé. La razón por la que esta salida contó con la aquiescencia de los sectores populares es que la Constitución establece que en caso que el Presidente de la Corte tenga que asumir la Presidencia de la República, su periodo será breve y convocará a elecciones para elegir un nuevo Presidente y su Vicepresidente; mientras que de haber asumido Vaca o Cossío hubiesen permanecido en el poder hasta que culminase el actual periodo constitucional, es decir, hasta 2007. Debemos destacar que para tomar éstas decisiones sucesorales, el Congreso tuvo que sesionar en la capital, Sucre, y no en su sede habitual en La Paz, dada la inmensa presión popular que se desarrollaba en esta ciudad.
Así las cosas, la juramentación de Rodríguez Veltzé debe ser vista como un breve proceso de transición hacia la convocatoria de la soberanía popular que, a través del sufragio, elegirá a sus nuevas autoridades. Ahora bien, los sectores populares insisten sabiamente en la necesidad, no sólo de elegir nuevos gobernantes, sino de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que refunde las estructuras políticas y económicas bolivianas. No obstante, hasta el momento no hemos percibido que el Presidente Rodríguez tenga la intención de facilitar la convocatoria a la Constituyente.
Debemos observar de cerca la presidencia de Rodríguez Veltzé, pues es posible que las presiones de los sectores oligárquicos, de los sectores separatistas y de las transnacionales energéticas, lo lleven a asumir un rol más amplio del que espera el pueblo y le permitan asumir compromisos violatorios de la soberanía, poniendo en riesgo la paz y el futuro de la nación. El debate sobre la nacionalización de los hidrocarburos, la unidad territorial de Bolivia, así como todo el planteamiento para transformar los sistemas político y económico en una verdadera democracia inclusiva y justa, deben postergarse para la Asamblea Constituyente. No puede el actual Presidente, ni el actual Congreso y creemos que tampoco las nuevas autoridades que se elijan en los próximos meses, tomar decisiones estructurales y trascendentes, que solamente puede tomar el Pueblo en una amplio y transparente proceso constituyente en el cual las mayorías reales tomen las decisiones finales. Para lograr este gran objetivo de poder manejar una transición pacífica hacia una sociedad justa y democrática, es necesario que todos los sectores populares, los obreros, indígenas, mineros etc. hagan lo posible y lo imposible por mantener la unidad de criterios y de propuestas. Cuando se convoquen elecciones presidenciales debe haber un líder de consenso popular que lleve al pueblo al gobierno. Igualmente en el caso del Congreso y de la Constituyente, para garantizar que en estos cuerpos colegiados se refleje proporcionalmente la realidad boliviana, es decir, 90% de excluidos, debe garantizarse la correcta organización y coordinación de los candidatos de las mayorías y vigilar la transparencia de los procesos electorales. Es indispensable no caer en actitudes parcializadas, no sólo entre el gran movimiento popular, sino incluso en sus relaciones con el resto del país. Las clases medias no pueden ser obviadas en el proceso de reconstrucción nacional, deben ser valoradas y tomadas en cuenta, para no cometer el error que cometieron las oligarquías en el pasado: la exclusión del resto de la sociedad. En síntesis: alerta, Constituyente y unidad popular.
(Tomada de la columna Mundo Adentro, publicada en el semanario Temas Venezuela)
