El Tiempo de Bogotá en su edición del pasado 04/07 informó que los paramilitares, algunos de los cuales ya son “ex”, “manejan gran parte de las economías regionales y en especial en las zonas fronterizas donde se lucran de negocios como los juegos de azar, la prostitución y contrabando de gasolina…”
Agrega la noticia sobre éste último negocio que “es de vieja data, y está fortalecido por los precios de la gasolina a ambos lados de la línea divisoria: un galón de gasolina en Colombia cuesta 2,31 dólares, mientras que en Venezuela se puede conseguir por 0,17 dólares.” Sigue la información señalando que “en Bogotá su presencia no es tan evidente, pero las autoridades (la) admiten (en) negocios controlados por estos escuadrones en varias zonas de la capital…están participando en negocios que no se pueden hacer tan evidentes debido a su naturaleza. Entre estos se encuentran la trata de blancas, la prostitución, juegos de azar, moteles, y hasta compañías de vigilancia…Manejan además mercados populares y están presentes en el control de pequeños negocios de víveres y de pequeñas empresas textiles, así como casas de cambio.”
Ya para finalizar, la noticia consigna que la Policía “calcula que siete de cada diez narcotraficantes trabajan en llave con los paramilitares.”
Pero más allá de esas andanzas puestas ya al descubierto, las cuales son, sin duda, preocupantes indicaciones de lo que va a ocurrir una vez que la totalidad de los integrantes de las AUC, calculados en no menos de 20 mil, sean desmovilizados antes de que concluya este año (hasta el momento han sido desmovilizados cuatro mil), los núcleos familiares del entorno donde se ubican los centros que el Estado ha destinado para que esos irregulares sean reinsertados, viven aterrados por el comportamiento de estos nuevos vecinos, quienes, al parecer, según hemos sido informados a través de otras fuentes, ya comenzaron a amenazarlos y a intimidarlos con el asesinato de hijos, hermanos y parientes cercanos, para que no se les ocurra señalarlos y menos aún denunciarlos por sus actividades a todas luces delictuales.
Es un drama real y dantesco que le ha caído a la sociedad colombiana, no a la que aquí en Venezuela se le conoce como la “sociedad civil”, bien papeada y con pedigrí; se trata de aquella clase media que siente y padece el día a día sus necesidades de vivir para satisfacerlas sólo a fuerza del trabajo, a veces en rutinas que le reclaman más, pero mucho más de las horas establecidas por ley, como fórmula única que le permite obtener otros ingresos que coadyuven a disminuir las urgencias y las angustias a términos soportables.
En su nota editorial el diario El Tiempo de la misma fecha, dice de manera contundente, lo cual llama poderosamente la atención, pues uno de sus dueños es el Vicepresidente de la República, quien de manera entusiasta apoyó y aupó los arreglos con los paramilitares para su desmovilización, que esos desalmados (éste calificativo es de nuestra autoría), “Se beneficiaron con los expolios de la guerra que a miles costaron muerte y desplazamiento. Reconocerlo no es promover la venganza. Es la base de una verdadera reconciliación. La cual solo puede tener lugar entre victimarios que asuman en serio su culpa y víctimas a las que se repare con plenitud.”
Es de tal magnitud el poder que tienen los paramilitares y sus vinculaciones tan estrechas con los carteles de la droga que en mayo pasado, cuando fue acusado “Don Berna” o “Adolfo Paz”, quien funge de Inspector Nacional de las AUC de haber asesinado a uno de los diputados a la asamblea departamental de Córdoba y que paralelamente se dio la orden de su aprehensión, las redes de las AUC paralizaron “en cuestión de segundos a la segunda ciudad de Colombia, Medellín. Fue como una advertencia del impresionante poder que han logrado” acumular estos grupos durante el gobierno de Uribe, los cuales fueron creados por el estado y financiados por el narcotráfico como escuadrones de la muerte.
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Nosotros como vecinos del país hermano y, además, separados por una extensa frontera de más de dos mil quinientos kilómetros, para nada nos sentimos tranquilos por todo el daño que esos siniestros personajes, formados para el crimen por encargo, le pueden hacer a nuestro país y, por sobre todo ello, a nuestras instituciones revolucionarias, como parte activa de un vasto plan diseñado por quienes aquí en Venezuela y a través del eje Miami-Bogotá, pasando por algunos países de Centro América y con el mayor respaldo de la CIA, no han dejado de llevar adelante estrategias de todo tipo para derrocar el gobierno de Hugo Chávez.
El contingente de esos efectivos capturados en mayo de 2.004 en la finca “Daktari”, cercana a Caracas, integrado por ciento treinta paramilitares, quienes tenían por misión provocar un levantamiento militar disfrazados de oficiales venezolanos para asesinar al presidente Chávez, es la mejor y más contundente evidencia de que la desmovilización de sus cuadros en Colombia les abre a los golpistas criollos mejores posibilidades de seguir pensando que la utilización de ese recurso humano preparado para el crimen organizado es ahora mucho más fácil, pues ellos ya están liberados del trabajo terrorista en Colombia, se encuentran sin trabajo y no saben hacer otras cosa que asesinar y sembrar el terror sin que les tiemble la mano, siempre y cuando se les pague bien, para lo cual pues ya deben haber llegado al país las grandes remesas que Roger Noriega anunció a comienzos de este año como aportes hacia el objetivo de salir de Chávez, remesas esas que es muy probable hayan sido incrementadas a términos insospechados luego de la histórica reunión de María Corina Machado y Bush en el Salón Oval de la Casa Blanca.
De manera que en lo absoluto debe causarnos extrañeza alguna que esa oposición que actúa como instrumento del imperio yanqui pudiera estar ya manejando la idea de aprovechar a ese contingente de mercenarios desempleados sobre la base de otro tipo de entendimiento (?), dentro del firme propósito que tiene de destruir la revolución bolivariana, a como de lugar.
Se escuchan muchos rumores de encuentros furtivos de algunos militares de la Plaza Altamira y otros civiles de la derecha más recalcitrante, sin excluir a otros sujetos que se muestran en los escenarios del país como demócratas e incapaces de apuntarse en un plan golpista, con Carmona Estanga en Bogotá, así como con quienes escogieron como refugio seguro el estado de La Florida, en la idea de articular acciones de todo tipo que coadyuven a sacar cuanto antes a Chávez del poder, entre las cuales parece ser que el montaje en firme de una fuerza paramilitar en nuestro territorio es la que tiene mayor prioridad, tanto porque disponen de suficientes efectivos con los paramilitares desmovilizados y desempleados del vecino país, para activarla en el término de la distancia, como porque, al parecer, ya recibió el visto bueno del gobierno de Bush, lo que se esperaba que ocurriera en cualquier momento, dado que ese paso es parte fundamental del Plan Patriota, originalmente bautizado como Plan Colombia.
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