Me preocupa e interesa la debida congruencia que debe reinar entre los estimados amigos y compatriotas de nuestra asociación civil: Defensores del bolívar.
El caso es que debemos contestes con la gravedad que reviste para el país y para el debido respeto a la Constitución el hecho del incumplimiento del artículo 313 de la CRBV.
Es que una manera directa que tiene y viene empleando el Ejecutivo Nacional para evadir los controles fiscales de la Contraloría y de la Asamblea Nacional es precisamente la subestimación de los INGRESOS. Con esta estrategia se justifica los consabidos déficit inducidos y sus correspondientes endeudamientos, se genera la subsiguiente inflación, y se utiliza los sobrantes de ingresos al arbitrio del gobierno de turno, para bien o para mal, pero absolutamente al margen de la suprema Ley, lo cual desdice mucho de las cotidianas declaraciones del propio Presidente Chávez: *dentro de la Constitución, todo, y fuera de ella, nada*.
Es obvio que esa subestimación de ingresos se le traduce al gobierno en sobreingresos, y con la incapacidad que caracteriza al propio gobierno para hacerle un eficaz seguimiento a su gabinete, es de esperarse que el gobierno potencialmente enrumbaría el país hacia un despeñadero presupuestario.
Por esa razón, el artículo 313 prevé evitar semejante escamoteo fiscal por parte del Ejecutivo Nacional. Efectivamente en el Aparte primero de dicho artículo (no en sus encabezado, sino en su primer aparte) imperativamente se faculta a la Asamblea Nacional para que revise los ingresos presentados en el Anteproyecto ad hoc, y si los considera subvaluados, debe hacer las correcciones pertinentes, o no aprobar el anteproyecto en cuestión.
Deseo que entre nosotros, los miembros de la Asociación Civil Defensores del bolívar, y entre nuestros admiradores, este punto esté suficientemente claro, porque los demás artículos citados por dicha asociación (art. 318 y 320) como violados están sujetos a los efectos subjetivos que pudiera tener la ciudadanía, a la raíz de la inflación desatada con el Presupuesto 2005 y con la devaluación inducida de nuestra moneda, pero como nuestra ciudadanía está dividida, tal violación pareciera no consumarse o es difícil probanza. En cambio, la omisión cometida por la Asamblea, a sabiendas de que el gobierno presentó unos ingresos descaradamente inferiores a los que el mercado ya señalaba, es desde ese mismo momento una clara e inobjetable violación constitucional, porque es ese artículo el que contrarresta las posibles estrategias de las que pueda valerse un gobierno de cara a evitar ex ante los controles de su presupuesto disponible. Pero a casi un año de semejante violación de este artículo 313, parece que no pasa nada.
