El Presidente Chávez ha sido reiterativo en la necesidad de agilizar las acciones gubernamentales, pues no admite, con toda razón, que por formalismos burocráticos inexplicables, las decisiones haya que posponerlas, así como que exige la mayor rigurosidad para que las mismas se adelanten con transparencia absoluta, de manera que los resultados que se esperan satisfagan las expectativas planteadas y los problemas que confronta el pueblo, efectivamente, sean resueltos, sin dar pie para que alguien pueda señalar irregularidades de algún tipo.
Ambas conductas (el burocratismo y la corrupción) han sido aprendidas durante más de 50 años de desgobiernos liderados por una manada de políticos corruptos que hicieron con los dineros y bienes públicos, en perfecta complicidad con empresarios y financistas privados, lo que les vino en gana y sabemos, además, que revertir esa malhadada enseñanza es tarea que exige enormes esfuerzos a todos los niveles de la sociedad, cuyos frutos no es posible cosecharlos a corto plazo.
El asunto es preocupante, pues pareciera que así como en ese pasado funesto la impunidad fue la aliada mayor que tuvo la corrupción, hoy vemos que no ha habido modo ni manera de derrotarla en nuestra revolución. El rumor de que se roba en distintos niveles del Estado es persistente y no vemos que, por ejemplo, un instrumento tan importante para verificar si ello es cierto, como son las declaraciones juradas de patrimonio, determine voluntad alguna de examinarlas rigurosamente, como está previsto en nuestro ordenamiento legal.
Hay que impedir que ese cáncer haga metastásis y por es vía se destruya este proceso de cambios revolucionarios. Es urgente implementar mecanismos de control eficaces, apuntalados en inexpugnables equipos multidisciplinarios bajo la rectoría de figuras intachables que le rindan cuenta, sin intermediarios, al presidente de la República, al margen de la muy alta responsabilidad que en todo ello tiene la Contraloría General de la República.
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