La decisión del Tribunal Supremo de Justicia con relación a los militares golpistas tiene, más allá de las lecturas jurídicas, institucionales y anecdóticas, un aspecto político a nuestro juicio relevante pues deja claramente visible que para el pueblo venezolano es imperioso hacer buena la posibilidad de ocupar espacios de poder mediante los cuales sea posible equilibrar la injusta disparidad que hasta ahora y en todos los aspectos de la sociedad ha sido norma.
Es cierto que tal posibilidad tiene bases filosóficas, jurídicas y políticas explícitas en la Constitución Nacional. Es verdad que tenemos un presidente cuya conducta, hasta ahora, ha sido de identificación y profundo compromiso con el proyecto de país que esa Constitución prefigura. Pero el hecho de que el aparato judicial, excepcionalmente veloz y riguroso cuando se trata de castigar a ciudadanos comunes no haya sido capaz siquiera de solicitar, mucho menos aplicar --sin tanto guabineo ni demora-- la elemental y justa sanción a quienes atentaron contra los intereses, instituciones y hasta contra los símbolos de la República Bolivariana demuestra que los sectores populares podemos contar con parte del gobierno pero tenemos que asimilar la importante lección que esta coyuntura nos da:
1. Gobierno y Estado no son lo mismo;
2. El pueblo, entendiendo como tal a la decisiva mayoría del colectivo nacional, no ha "tomado el poder", ilusión tan extendida como peligrosa;
3. El poder no es un objeto ni un sitio que se pueda "tomar" sino una correlación de fuerzas sociales en movimiento, y
4. Mientras sigamos dependiendo del paternalismo no superaremos la situación de dispersión y debilidad que ha sido característica en el movimiento popular.
Si esa situación se mantiene vamos a necesitar tantos Chávez como espacios de poder existan. En la Asamblea Nacional, en el Poder Ciudadano, en la Judicatura, en la Fuerza Armada, en los medios de difusión, en cada gobernación, alcaldía, prefectura, universidad y demás lugares se requerirá un Chávez para así poder continuar delegando la responsabilidad que a cada uno corresponde en el diseño, construcción y consolidación de esa Venezuela hasta ahora propuesta en el texto constitucional.
Para que ese país todavía por construir se convierta primero en idea posible de ser realizada y luego esa idea se transforme en fuerza material debemos comenzar por entender que la dispersión del movimiento popular no ha sido un fenómeno natural ni producto de la casualidad sino resultado de una política en cuyo desarrollo han sido utilizados desde el terror hasta el halago. Y en la práctica esa política se ha materializado mediante aparatos estatales de control que han tratado de borrar todo vestigio de autonomía en las masas.
Un ejemplo es el trabajador que sobresale convirtiéndose en dirigente natural de su grupo e inmediatamente es reclutado por el sindicato, el partido, la organización clandestina o cualquier otra instancia que lo aleja y separa de su medio, práctica que paulatinamente va dejando al movimiento popular sin dirección ni voceros toda vez que la regla general --aun cuando hay excepciones-- es que el tronchado "cuadro" del colectivo de que se trate llegue a convertirse en un burócrata más, y no pocas veces termine siendo enemigo de la clase o colectivo de donde fue desarraigado.
Otra de las prácticas comunes consiste en la infiltración que los partidos aplican a las organizaciones populares con el fin de convertirlas en apéndices suyos, convirtiendo a luchadores sociales en militantes sectarios y de paso haciendo buenos negocios con los dineros de los organismos municipales y regionales en la práctica conocida como clientelismo electoral.
Y paralelamente a ese desmantelamiento de las estructuras organizativas existentes y obstaculización de la construcción de otras, se desarrolla otro proceso: la atomización de la memoria colectiva del pueblo fragmentando su conciencia, tarea en la cual los medios de difusión masiva juegan un papel de primera línea pues en la medida en que el movimiento popular olvide sus luchas, valores y símbolos tendrá menos capacidad para convertirse en sujeto histórico que ponga en peligro la dominación y dirección (recordemos que las clases y grupos no solo dominan sino que además dirigen, estructuran consenso y por ello devienen hegemónicos) sobre él ejercida.
Ahora bien, ¿cómo convertirnos en sujetos históricos, vale decir en personas políticamente actuantes en función de cambiar la sociedad?; ¿cómo romper esos moldes autoritarios, paternalistas y fragmentadores de nuestra conciencia?; ¿cómo cultivar la educación política y la fuerza organizativa que nos permitan poner en práctica la democracia participativa y ser capaces de asumir las responsabilidades implícitas en el concepto de contraloría social?
Creemos que la solución es la construcción de un consenso democrático. Pero ello no puede ser por decreto pues en principio no funciona y al final terminaría siendo imposición. Esa construcción debe ser resultado de la incorporación activa de una mayoría decisiva de la población, que sin abandonar sus lugares de vida cotidiana (el trabajo, la vecindad, el sitio de estudios) comience a estructurar nuevas relaciones políticas, humanas, sociales y personales.
Una reunión comunitaria para levantar un censo de necesidades, o para desarrollar trabajos conjuntos en pro del mejoramiento del habitat, o con el fin de aplicar el Decreto de Tenencia de tierras urbanas es un escenario natural pues existe ya una comunión de intereses y no es necesario que algún iluminado traiga la llama de la conciencia y la distribuya a su leal saber y entender entre los pobres miembros del "rebaño desconcertado", quienes sedientos esperan su palabra orientadora. Por lo demás, la discusión y búsqueda de soluciones a problemas comunes no requiere de traductores especializados. Allí se habla el mismo idioma.
Y el tratamiento colectivo de nuestras calamidades o logros nos va educando y uniendo, mientras la "política" tradicional tiende a dividirnos. Y nuestras experiencias se intercambian con otras individualidades y colectivos cuya vida discurre dentro de marcos similares a la nuestra. Y ese es un eslabón que nos une a otras comunidades en una dinámica que abre otros horizontes a nuestra visión y va creando relaciones de intercambio, cooperación y educación en una política de verdadera igualdad, cuyos saldos suelen ser positivos pues la comunidad genera sus dirigentes naturales y se van estableciendo redes entre comunidades y liderazgos cuyo desarrollo y profundización convierte al país en una verdadera sociedad civil. Es lo que Gramsci denominaba "la reforma intelectual y moral".
Para desarrollar esa Venezuela democrática y signada por la solidaridad tenemos un excelente programa que es la Constitución Nacional, especialmente sus artículos 2, 3, 62, 70, 99, 108, 118, 119, 132, 299, 307 y 308. Tenemos un presidente identificado con esos fines. Somos parte de una mayoría popular que legitima ese programa. Tenemos experiencia de movilizaciones que indican una madurez política suficiente como para asumir el reto. Tenemos hasta ahora en la Fuerza Armada una correlación de fuerzas que apoya a la Constitución y que ha vivido un acercamiento muy estrecho con sectores populares compartiendo angustias, labores y rescate de áreas que habían sido descuidadas o abandonadas en sitios a los cuales los políticos tradicionales solo se acercaban en épocas pre-electorales y con un pañuelo en la nariz.
Allí están las posibilidades pero también convive con nosotros un grupo que hasta ahora no acepta a la Constitución ni tolera al presidente. Ese grupo tiene recursos en la misma medida en que carece de escrúpulos. Y hace y hará cualquier cosa para recuperar algunos privilegios perdidos y evitar perder los que aún tiene.
No son desdeñables sus poderes financiero y mediático, sus áreas de influencia en espacios de poder y el soporte que en otros países tienen, especialmente aquellos en los cuales residen los recolectores de beneficios producto del despojo que nuestros pueblos sufren, siendo que un importante porcentaje de esos beneficios forma parte de los privilegios a que antes aludimos.
Y los espacios que el movimiento popular abandone o deje de ocupar serán por ellos tomados.
Corresponde al pueblo hacer realidad el postulado constitucional tomando posesión intransferible de la soberanía y ejerciéndola.