El 15 de agosto de 2004 se realizó el primer referendo con fines revocatorios de nuestra historia mediante el cual la legitimidad del Presidente Hugo Chávez fue sometida a consideración de la voluntad popular.
La oposición trasnacional, que había rechazado la aprobación y luego la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, logró activar este mecanismo, previsto en su artículo 72 y cuya incorporación a la Carta Magna fue propuesta por el propio Comandante Eterno.
Sirviendo la escena…
Desde octubre de 2001, los grupos económicos con intereses en nuestro país, sus “medios de comunicación privados”, Fedecámaras, la CTV, los partidos políticos que usufructuaron el Estado durante la cuarta república y las sectas que se apoderaron de nuestras principales industrias se desplegaron con la finalidad de ejecutar un plan, diseñado y patrocinado por el gobierno estadounidense y sus aliados, para hacerse del poder público venezolano. Con paros patronales y movilizaciones, permanentemente publicitados por las televisoras, radios e impresos oligárquicos, lograron confundir a parte de la población y, en alianza con unos pocos generales sin tropa, propinaron un golpe de estado, el 11 de abril de 2002, para luego resultar vencidos, dos días después, por un Pueblo decidido a rescatar a su Presidente y a restablecer el orden constitucional.
Fracasado su Plan A, los mismos factores golpistas se agruparon en la denominada “Coordinadora Democrática” (embrión de la MUD) y procedieron a organizar un nuevo paro que cínicamente bautizaron con el nombre de “cívico”. Desde el 2 de diciembre de 2002 hasta el 3 de febrero de 2003 sometieron a la ciudadanía a una sucesión de actos terroristas: cierre violento de comercios, usurpación de plazas públicas, bloqueo de vías en las principales ciudades, paralización de PDVSA, suspensión del campeonato de beisbol profesional (el actual secretario de la supuesta unidad opositora presidía la Liga) e interrupción de las actividades escolares.
Mientras perpetraban esos delitos, y dada la imposibilidad de derrocar al Jefe de Estado, la cúpula antichavista fue organizándose para impulsar algún acto electoral que les permitiera destituir al Presidente Chávez. Todo el año 2003 se dedicaron a tergiversar el texto de la Constitución proponiendo enmiendas y un referendo consultivo. A fin de cuentas, solo les quedó esperar a que se venciera la primera mitad del mandato para activar el único mecanismo procedente: el referendo con fines revocatorios.
Resultados y consecuencias…
Ese 15 de agosto, casi el 60% de los venezolanos respaldó al Presidente Chávez y, por ende, rechazó la pretensión de la Coordinadora Democrática y sus financistas foráneos. Sin embargo, pese al reconocimiento internacional de los resultados emitidos por el CNE, María Corina Machado, Enrique Mendoza, Antonio Ledezma, los “dirigentes” de Primero Justicia, Julio Borges, Henrique Capriles y Leopoldo López, entre otros antichavistas televisados, calificaron de fraudulento el triunfo popular, aunque sin una prueba sólida que mostrar.
