El pueblo de la Venezuela Bolivariana continua en combate contra la guarimba, el terrorismo mediático y todas las formas transfiguradas de ataque que el enemigo terrorista, fascista y pro imperialista intenta agotar ante la decisión política de profundizar la revolución con un salto adelante en la aplicación de la Constitución y las leyes en contra de aquellos que pretenden continuar con el robo histórico de las tierras de la nación, donde están comprometidos los intereses de varios grupos económicos, empresas, familias y personas ligadas a la oligarquía antinacional venezolana.
El latifundio esconde las formas más terribles de abuso, de explotación del ser humano y constituyen por la grandes extensiones de tierras que dominan, espacios propicios para que impere el delito, se organicen secretamente acciones de hostilidad contra el Estado y sus instituciones, la acción vandálica sin control en las zonas rurales, el sicariato hacia las organizaciones y dirigentes campesinos, situación que el Estado no puede seguir admitiendo ante un adversario irresponsable, temerario, capaz de cualquier cosa en su afán desproporcionado de acabar con el proceso revolucionario en Venezuela.
Esta vez, aparecen los mismos actores involucrados en los planes conspirativos para socavar la democracia venezolana, por un lado, los medios de comunicación y por el otro, el grupito de los militares golpistas alzados en la Plaza Altamira, más los operadores oficiales de la CIA en Venezuela, todos vinculados a las policías de la IV República, (DISIP, DIM, PM), hoy agazapados tras la careta “legal” de “empresas de seguridad privadas”, “bufetes de abogados” mafiosos vinculados al narcotráfico, el terrorismo, el tráfico y venta de armas, (Perros de la Guerra) la prostitución y el sicariato entre otras actividades delictivas. Estos son los aliados del imperio en Venezuela, la escoria que divide a la oposición pacífica de la violenta y guarimbera.
La injusticia tiembla ante la fuerza de las medidas contundentes que el gobierno bolivariano impulsa para acabar con la impunidad. De de allí la escogencia del escenario de Miami para retomar la campaña de mentiras, en un nuevo intento de revitalizar la organización que tuvieron los opositores en los meses de marzo-abril del 2002 y los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2003, en la víspera y durante el antinacional paro petrolero.
La contrarrevolución cubana radicada en Miami con sus tentáculos de poder tras el trono en su numerosa comunidad en Venezuela, aliada natural del terrorismo internacional, le sirven hoy de lobby a la oposición antidemocrática venezolana que busca la experiencia acumulada de 40 años de derrotas propinadas por la Revolución Cubana ante todo intento de sabotaje, campañas de mentiras, descrédito y agresiones contra la vida en la Isla de la dignidad y el coraje. No han podido con el “embargo”, bloqueo económico, las leyes extraterritoriales, la guerra electrónica, los ataques mediáticos, las infiltraciones, los intentos de magnicidio, la guerra bacteriológica terrorista que ha costado miles de vidas humanas, y el empleo multimillonario de recursos materiales y monetarios en la ofensiva de gran intensidad para destruir la Revolución y el simbolismo que significan su ejemplo de tenacidad para el mundo.
Los llamados “falsos eventos” que la CIA organiza en Miami y en Venezuela tratan de calentar el escenario interno venezolano, con actores movilizados en pequeños grupos pero con gran despliegue mediático, liderados por actores políticos como los periodistas Patricia Poleo, William Ojeda, Ibeyice Pacheco y los políticos Oscar Pérez, Antonio Ledesma y el parlamentario Julio Montoya, entre otros. La razón de fondo es crear un ambiente de hostilidad tal que obligue a la postergación de las elecciones para diputados a la Asamblea Nacional, ir a esas elecciones para la oposición antidemocrática es reafirmar y legitimar la nueva Asamblea Nacional que saben les será muy adversa.
En el plano internacional la CIA se empeña en demostrar que el Estado venezolano atenta contra la propiedad privada, protege terroristas, fabrica armas de destrucción masiva, entre otras acusaciones sin presentar pruebas que aguanten el más mínimo análisis. En los Estado Unidos, programas de televisión presentan como primicia las falsas declaraciones de dos criminales prófugos de la justicia venezolana. El general González González, traídor a la Patria, vinculado a la muerte de los soldados de la Plaza Altamira; y Johan Peña, ex comisario de la DISIP, el autor intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson y jefe directo de los Guevara, un trío de ex policías que han sido sus subordinados desde que los conoció en la DISIP y que hoy están tras la rejas acusados de ser los ejecutores del atentado al fiscal Anderson.
Pero hay más, acusar a la laboriosa comunidad árabe en Venezuela de proteger terrositas es otra de las mentiras graves echadas a rodar, presentando la supuesta foto de un militante de Alqaeda que participó en los atentados de Madrid. Es demasiado sospechoso que un personaje tan nefasto diga tantas estupideces juntas. También dijo que las fábricas de tractores y bicicletas de tecnología iraní, instaladas en el Estado Bolívar, funcionan como productoras de armas de exterminio masivo.
Sin dudas, estas mentiras van dirigidas a la opinión pública norteamericana que recibió con mucha simpatías la ayuda de Venezuela a las comunidades afectadas por el huracán Katrina, el contundente mensaje del Presidente Chávez en las Naciones Unidas, su encuentro con las comunidades pobres del Bronx en Nueva York y el respaldo que tiene dentro de la millonaria comunidad latina en los estados Unidos y en todo el mundo.
Otro agorero de la violencia que regresa de ultratumba es Robert Alonso, el hombre de la finca Daktari, prófugo de la justicia por el caso de los paramilitares, abrió fuego nuevamente por su página web llamando a la “guarimba” como respuesta a lo que el considera la eliminación de la propiedad privada en Venezuela. Este mercenario del imperio, de origen cubano, se esconde de la justicia venezolana, también en los Estados Unidos, donde ha sido visto en dos ciudades, una de ellas, por cierto, en la Florida.
Los noticiarios, los programas informativos y de opinión de las emisoras de radio y televisión opositoras trabajan alineados con los eventos planificados tratando de generar acciones de calle que den un vuelco al marasmo de la oposición venezolana que cada día parece más desarticulada y con bajos niveles de convocatoria. A pesar de los últimos acuerdos unitarios de carácter electoral. La tranquilidad que reina hoy en el país, si la comparamos con los años anteriores pareciera que no existe oposición o que la situación del país mejora aceleradamente sin permitir que afloren eventos de calle de grandes magnitudes como los que ocurrieron en Caracas en el pasado reciente.
Además, la respuesta de los funcionarios del alto Gobierno venezolano, han sido contundentes, no habrá compasión con aquellos que violen las leyes de la República y pongan en juego la tranquilidad y la paz ciudadana. Hay intensiones de probar hasta donde el Estado aplicará la ley a los violadores, algunos medios de comunicación se pasean por los límites de lo que les permite la legislación en un franco desafío a las autoridades que pueden decidir el cierre parcial o definitivo de alguno de ellos en casos de violaciones de sus atribuciones.
Las denuncias de corrupción en el gobierno, por parte de la oposición, tienen como objetivo principal estigmatizar, exagerar y exaltar los valores reales de la capacidad organizativa de la corrupción en las instituciones y es usada para descalificar a los funcionarios del gobierno sin mostrar pruebas. Aunque es un fenómeno que se combate como nunca lo habían hecho las instituciones del Estado pero que es difícil de eliminar por los viejos vicios acumulados y los estados de ánimo que generan las respuestas inmediatas a políticas tan amplias que implican el manejo, la distribución de grandes cantidades de recursos económicos de todo tipo, casi siempre con mucha premura, sin una planificación eficiente que permitan establecer medidas de control. Para ello se toman medidas de vigilancia que acompañadas de la contraloría social acabarán con los corruptos todavía enquistados en la administración pública y sus consortes en las empresas privadas.
Las políticas públicas puestas en marcha indican el alcance que han tenido las nuevas formas colectivas de distribución de la riqueza nacional proveniente de la industria petrolera y del fisco nacional. Las misiones sociales han incluido a 18 millones venezolanos que reciben beneficios de manera directa a través de los servicios de salud, educación desde el preescolar hasta la universidad. Sin dudas la respuesta de quienes son beneficiados por esas políticas no se hará esperar si ven peligrar el gobierno que les reconoce derechos y deberes. En Venezuela la suerte está echada y los imperialistas lo saben, la paz garantiza buenas relaciones, la guerra, nadie la quiere, pero si es necesaria implica el sacrificio pero garantiza la libertad plena de una nación que marcha junto a su líder por las sendas de la victoria, sembrando el futuro de un nuevo paradigma de convivencia que traspasa fronteras para buscar formas novedosas de integración que nos alejen cada vez más del capitalismo salvaje neoliberal.
