No es posible planificar algún proyecto sin tomar en consideración los Recursos Naturales Difícilmente Renovables. Sea cual fuere dicho proyecto, hay que ubicarlo en algún sitio de la geografía nacional; y sea cual fuere su objetivo, de una u otra forma afecta los Recursos Naturales y el ambiente en general: tanto una cría de aves como una discoteca; una carpintería como un arrozal; un pozo petrolero tanto como un proyecto urbanístico o la construcción de una red vial.
A diario vemos, oímos, leemos los planes agrícolas y de todo tipo que presenta el gobierno. Todos muy loables, pero, en todos hay profundas contradicciones con los Recursos Naturales Difícilmente Renovables. Por ejemplo, los de financiamiento del agro son muy loables. Pero ¿qué implicaciones tiene ese financiamiento? ¿En dónde va a ser aplicado? ¿En una micro cuenca? ¿En una zona protectora de bosques, suelos y aguas? ¿En la ladera de una montaña con declive mayor al 5%, o peor aún, el 30%? Si esto ya era condenable hace sesenta años –según informes de esa época - hacerlo hoy es ¡un horror! ante el creciente e indetenible deterioro de los Recursos Naturales Difícilmente Renovables. Y es mucho más grave el caso, si el propio Estado es el que financia tal actividad.
La producción de los alimentos de la dieta diaria en un elevado porcentaje se realiza en zonas no aptas para la agricultura. En su mayoría estos productos alimentarios se cultivan en pequeñas parcelas o conucos (lo único que le ha quedado a los campesinos para sobrevivir). Ahora bien ¿Por qué el campesino realiza actividades agrícolas en las micro cuencas; en zonas protectoras de bosques, suelos y aguas; en laderas con declive del 5% o más? Por una razón elemental. Porque las mejores tierras del país ubicadas en las zonas llanas, aptas para la actividad agrícola y pecuaria, están en manos de latifundistas o en manos de la “burocracia finquera” de profesionales universitarios, políticos, funcionarios, militares, comerciantes, industriales, profesores, etc. Todo aquel que tenga algún oficio o medio económico, considera que además, debe tener finca y realizar alguna actividad del agro. Actividad que no es su medio de vida, es lujo, adorno, pasatiempo. Los profesionales universitarios, militares, políticos, magistrados, comerciantes, industriales y en general un elevado porcentaje de la población, consideran que al llegar a cierta edad (50 años), deben retirase al campo a cultivar una parcela. Al señor Presidente de la República se lo oimos decir a cada momento, “en el 2.021 me retiró a sembrar topochos”. Este es el concepto que se ha tenido en el país de la actividad más importante, más difícil y más científica que existe: la agricultura. ¿Qué puede aportarle al desarrollo agrícola una persona en edad de retiro, que ha vivido entre libros, cuarteles, parlamentos, industrias, tribunales, hospitales, oficinas, aulas, “bona vita” o actividades totalmente ajenas a la actividad agropecuaria? Actividad ésta que sólo conoce, pero en el plato, cuando se la ponen servida en la mesa.
Por otra parte, el individuo que tiene un ingreso adicional, realiza un ahorro o acumula riqueza, lo primero que se le ocurre es invertir en la adquisición de una finca, un terreno o un inmueble para ponerlo a “engordar” .Es una de las formas de invertir y garantizar el ahorro (comprar dólares, joyas, oro, piedras preciosas, obras de arte). En nuestro país un elevado porcentaje de la población tiene vocación de finqueros. Y la formación profesional y científica recibida en la Universidad, o el conocimiento obtenido en algún oficio, lo abandonan, lo echan al pote de la basura, para meterse a finqueros. Es una de las grandes contradicciones y negaciones que confronta esta sociedad. Es una de las formas de medir su mediocridad. Estas personas ¿qué le aportan al agro? ¡Nada trascendente! porque la actividad de la finca la realiza un “cuidón” junto con unos obreros explotados y mal pagados. Conocimientos no aporta porque su profesión o actividad económica es ajena a la actividad agrícola .Resulta ridículo, risible, oír a estos improvisados productores agropecuarios quejarse de las importaciones (carne, leche, pollos, etc,), siendo, por su incompetencia, responsables directos de tales importaciones. ¡Es la inútil pero llorona burguesía agraria incapaz de producir alimentos para el consumo nacional! Por ello la Ley de Tierras (2001), en su artículo 13 es muy sabia: “Son sujetos beneficiarios del régimen establecido en este Decreto, todos los venezolanos y venezolanas que hayan optado por el trabajo rural y, especialmente, la producción agraria COMO OFICIO U OCUPACIÓN PRINCIPAL”.
Para comenzar a salvar la agricultura nacional, la Ley de Tierras debe ser aplicada a la letra, sin avenencias ni con el latifundio ni con la “burocracia finquera”, inútil, inoperante, a la cual le importa poco si los rendimientos son altos o no, si la cosecha es óptima o no, porque ese no es su problema, no es su medio de vida, es un pasatiempo, es el sancocho y la carne asada, es el fin de semana o las vacaciones con los amigos. La parcela, finca o latifundio se transforma así, en emblema de “poder”: es estar “in”. Arcaica herencia de señor feudal cuyo poder radicaba en ser dueño de condados o marquesados. Acabar con este parasitismo nacional es la única manera de llegar a producir los alimentos de la dieta diaria y la materia prima necesaria para la agroindustria. De esta manera, acabar también con esa onerosa importación del 70% de los alimentos que conforman la dieta diaria del venezolano.
Los suelos de nuestro país en más del 60% no tienen vocación agrícola. Los suelos del Sur del Lago de Maracaibo no son de óptima calidad. Su feracidad se debe sobretodo al nivel freático y la abundancia de lluvias por las nubes que se forman en la caldera del Lago y se condensan en las serranías que lo circundan. Ya el desierto avanza a pasos agigantados de Agua Viva a Sabana de Mendoza. Entre El Vigía y el río Escalante comienza también a insinuarse el desierto. Uno o dos meses de sequía son demoledores en toda la zona. A esto hay que agregar los miles de hectáreas que cada año son cubiertas por los sedimentos que acarrean las lluvias caídas sobre el piedemonte. Si esta es la apreciación sobre la zona de más variada actividad agrícola del país ¿en que situación quedan las otras? Desde Agua Viva a Barquisimeto se extiende una zona desértica, con algunas pequeñas zonas productivas en Monay y Carora.
En la época de la Colonia y antes de la producción petrolera los Valles de Aragua eran centro de la actividad agropecuaria; hoy sus fértiles suelos están cubiertos por la costra de cemento sobre la cual se ha establecido la zona industrial más importante del país: ¡Horrendo crimen¡ La extensa zona conocida como La Gran Sabana es totalmente inútil para la agricultura y la ganadería. Los extensos bosques de Guayana, su única y verdadera riqueza está en suministrar agua para las represas y protegerlas de la sedimentación. El litoral Caribe no tiene vocación agrícola por la pobreza de los suelos y la falta de agua. Los valles de Aroa son de mediana fertilidad pero no tienen agua. La agricultura andina en más del 80% está en zonas de ladera (causa de la tragedia del pasado febrero). Las llanuras de Portuguesa y Barinas están dedicadas a la agricultura extensiva, maíz, ajonjolí y ganadería. Y los suelos de Lara y Yaracuy, están cubiertos por cultivos extensivos de caña de azúcar. Las mesas de Anzoategui (Guanipa), son arenales intocables, potenciales monstruos dormidos. Grandes extensiones del Llano quedan sometidas durante seis meses a la sequía bajo un sol inclemente; y durante seis meses las aguas inundan las sabanas. Por causa de este régimen climático, los suelos ácidos, son de muy difícil utilización y muy bajos rendimientos. Para colmo, los incendios de pastizales abrazan la llanura cada año con las secuelas que dejan.
La cuenca del río Tocuyo, la más importante del centro del país quedó convertida en desierto desolado y mustio, cuando a Diego de Lozada, desde su guarida de Cubiro, vigilaba el inmenso valle y para dejar sin refugio a la población indígena de los Gayones rebeldes e indomables, se le ocurrió incendiar los bosques (táctica similar a la de los yanquis en Vietnam). Más tarde repite el criminal método en el valle de Caracas para rendir a Guaicaipuro. Al genocidio de la población indígena se unió la devastación de los bosques frondosos convertidos en pavesas humeantes en la zona donde la fertilidad del suelo y abundancia de agua del río Tocuyo, que era navegable, servía de asiento a la más numerosa población aborigen del país. Todo fue borrado de la faz de la tierra. Bosques frondosos de ceibas inmensas que sirvieron hasta para ahorcar al conquistador que más se destacaba por sus rapiñas y crímenes horrendos (Juan de Carvajal). Suelos, aguas, poblaciones aborígenes, cultura, todo desapareció bajo la avalancha de odio genocida del conquistador.
En Venezuela la agricultura, la actividad económica o la actividad de cualquiera otra índole, es la más subsidiada del mundo. Desde que la producción petrolera da sus primeros pasos, el subsidio se insinuó y fue copando la actividad económica del país, que antes caminaba por propio píe. El tímido subsidio se transformó en institución nacional de primer orden. No hay actividad (industrial, comercial, cultural) que no dependa de subsidios; que se reciben por conductos directos o indirectos. El subsidio va, de los grandes créditos a la oligarquía de vieja como de nueva data, a la demagogia adeco/copeyana de la lata de zinc y la paca de cemento para la población explotada y desposeída. La herencia subsidiaria en los siete años de la Revolución Bolivariana no ha variado, se ha multiplicado por mil y consolida posiciones. La producción agropecuaria de cualquier país latinoamericano es más competitiva que la venezolana a pesar de no recibir subsidio alguno: ¡Paradójico! Es tal la incapacidad nuestra para producir lo que nos comemos, que cada año las importaciones son del 70%.
Además de las bondades dichas, está la infraestructura: vías de penetración agrícola, muchas de ellas asfaltadas como en ningún otro país latinoamericano; sistemas de riego donados a las comunidades campesinas; electrificación de las zonas rurales; construcción de embalses para controlar inundaciones; créditos a bajo interés y con tendencia a la “condonación”, etc.
Pero, por sobre todos estos mecanismos de subsidio hay uno que cobija a todos, el subsidio proveniente de los combustibles. Sin estos no es posible hoy concebir actividad económica alguna. En promedio el precio actual y mundial del galón de gasolina está en 2,50 dólares, o sea que un litro cuesta 1.452 bolívares. En Venezuela el precio del litro es entre 70 y 90 bolívares. ¿Algún país del mundo subsidia de tal manera la actividad económica fabril, agropecuaria o de otra índole? ¿ Cuál es el costo del combustible para un empresario del agro en cualquier país latinoamericano? ¿De que se queja la burguesía agraria y en general la burguesía nacional? ¿Hasta dónde llega su incapacidad para producir a bajos costos y altos rendimientos? ¿Cuál es su argumento para reclamar la tenencia de la tierra que, en sus manos, durante años, ha demostrado ser improductiva, además de los altos costos y bajos rendimientos?
Por allí arranca el más importante cambio de esta Revolución. Ponerle orden a la producción agropecuaria. Sacar, arrojar del agro esa “burocracia finquera”, inútil, llorona e incapaz de producir la dieta diaria del venezolano. Esto, sin tomar en consideración el plustrabajo que obtienen de la mano de obra que labora en fincas y latifundios con salarios de miseria, en condiciones de pobreza y marginamiento y que el Estado financia con holgados y ventajosos créditos.
El doctor Pérez Alfonso decía que el Estado no tiene porque financiar a los empresarios privados, sea cual fuere su actividad, ellos deben obtener el financiamiento de la banca privada. La labor del Estado debe estar dirigida a financiar la actividad agrícola que realiza la gran masa campesina. Igual criterio debe existir para la educación privada. El Estado no tiene porque financiar ni mucho menos preocuparse por las pensiones y matrículas que cobran. Dejarla a su libre albedrío económico; y concentrar todo el esfuerzo en la educación oficial, laica, gratuita, de óptima calidad y al alcance de todos los venezolanos. ¿Por qué el Estado financia la educación privada y la actividad económica de los empresarios privados? ¿Por qué? ¡Ah! Porque los hijos de la burocracia oficial estudian en las universidades privadas, en los colegios e institutos privados. Esto forma parte del racismo y discriminación que se anida en esa clase media que mira con desdén que su niñito, futuro burguesito, se siente en el aula junto al niño de origen humilde habitante de las barriadas populares. Si quiere evitarse la molestia de juntarse con la “chusma”, pues que se dé el lujo de pagar elevadas pensiones y matrículas. Pero ¡que no chille, que no llore! El Estado no tiene porque arbitrar ese asunto. Estudiar en el instituto privado, para un burgués, es una posición “in”. Es allí, en las aulas de la burguesía donde distorsionan y alienan las mentes que luego contaminan todo. Es allí donde se siembra el fascismo. Es allí donde la clase media acuna en su entraña el fascismo (Gente de Petroleo, Primero Justicia, etc,)
La Revolución Bolivariana le entregó al país la Ley de Tierras, cuyo primer objetivo debe estar en la solución de este gravísimo problema. Pero, por sobre todo otro interés, salvaguardar las zonas protectoras. Cumplir con la Ley de Parques Nacionales. Para ello, reubicar a los campesinos que laboran en dichas zonas. Utilizar la Ley de Tierras con una doble finalidad. Primero, acabar con el latifundio y la “burocracia finquera”. Segundo, reubicar a los campesinos que dañan las micro cuencas, zonas protectoras y parques nacionales. ¿Por qué? Porque el problema más grave de ciudades y pueblos es la falta de servicio de agua potable. Es urgente recuperar las micro cuencas donde están las nacientes de agua que surten los acueductos y la red hídrica del país que genera electricidad (Guri, Santo Domingo, Uribante/Caparo). Es urgente proteger, entre otros, el piedemonte andino que desciende hacia el Lago de Maracaibo y hacia las llanuras de Apure, Barinas, Portuguesa; así como el piedemonte de la cordillera de la Costa, que desciende hacia las llanuras de Cojedes, Guárico, Anzoategui y Monagas. Regiones cuyos suelos han sido degradados por la sedimentación que se produce en las zonas de ladera ocupadas por los campesinos empujados por el latifundio y la “burocracia finquera”, que ocupa las tierras planas, aptas para la actividad agropecuaria. Tenencia ésta, que como hemos tratado de explicar, para colmo, es de aberrante improductividad. La sedimentación que los inviernos acarrean desde las faldas de la cordillera, han dañado miles de hectáreas de pastizales en donde pasen rebaños de ganado y están los cultivos de maíz, ajonjolí, arrozales, plataneras, frutales y variedad de rubros agrícolas.
La Ley de Tierras debe cumplir la función de enderezar estos entuertos para darle paso al socialismo sin apellido. Al socialismo cuyos objetivos no hay que inventar porque están plenamente determinados. .El “inventamos o erramos” no va con el socialismo, si acaso con la teoría de la transición..
