Ojalá que el Congreso Constituyente de los Movimientos Sociales, Ambientalistas por la Vida y la Paz, que se está celebrando en estos días en la Universidad Bolivariana en Caracas, logre que tanto trabajo realizado, así como muchas buenas intenciones, conduzca a afirmar que ya no “estamos raspaos” en gestión ambiental, como aseguró hace un año el diputado Julio García Jarpa, en algún momento Vicepresidente de la Comisión de Ambiente, en el artículo publicado en este mismo portal www.aporrea.org/actualidad/a164313.html.
Y esta inquietud que manifiesto no se disipa al leer en Aporrea los artículos actuales referentes a este Congreso.
Confieso que me sentí tentada a asistir al mismo, para informarme en primera persona por dónde van los tiros. No lo hice porque regresando de un viaje, me informé al concluir el primer día de la instalación. Los otros dos días eran ya de trabajo con mesas conformadas. Que espero fervientemente hayan sido conformadas no sólo con movimientos sociales sino también con funcionarios principales del INTI.
Confieso también haber tenido la visión de imaginarme sobre una tarima exponiendo mi experiencia en el estado Bolívar: mostrando en fotos las tierras devastadas, quemadas, maltratadas, que forman parte de la Zona Protectora Sur de Venezuela. Una zona muy especial de selva tropical compuesta de bosques de galería, árboles de hasta 20 metros de alto que constituyen una riqueza sin igual como patrimonio forestal de especies preciosas, algunas en veda.
Según informe de la Oficina de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la DEA en Bolívar, estos bosques están conformados por ecosistemas frágiles, prístinos, productores de agua, lo que aumenta la necesidad de una protección especial y el establecimiento de medidas para conservarlos. Se trata de un área clasificada como Zona de Alta Preservación.
En esta particular y preciosa zona de tierras hemos estado batallando desde hace ya tres años para evitar el ecocidio de grandes proporciones que ha empezado a producirse.
Luego de la expropiación en el 2006 de la anterior Hacienda La Vergareña ubicada en el Estado Bolívar, ahora cedida en comodato a la empresa mixta socialista Maderas del Alba, se repartieron, bajo la coordinación del INTI, unas 20.000 hectáreas entre 4 consejos comunales de la zona. Entre ellos, el Consejo Comunal Carlos Manuel Piar fue beneficiado con más de 5.800 hectáreas, donde incluyeron una franja paralela a cursos de agua permanente y a una cordillera de montañas. Una zona de más de 1.000 hectáreas que debe ser altamente preservada. Pero que es víctima de un desastre ecológico.
Afortunadamente, el esfuerzo realizado ha comenzado a dar sus frutos. El INTI acató las recomendaciones del Ministerio del Ambiente y rectificó en sus intenciones de regularizar esas tierras que deben ser consideradas “no aptas para la agricultura”. A pesar de ello, el Consejo Comunal, a través de sus voceros, del apoyo de concejales y de la propia alcaldesa bolivariana del Municipio Angostura, se negó durante muy largo tiempo a reconocer y sobre todo a respetar la medida a favor del ambiente. Incluso cerrando los ojos al contrabando del oro verde. Como bien señala en su excelente artículo Julio García Jarpa, “un factor político mezclado con una buena dosis de populismo, constituyeron una barrera para la toma de decisiones oportunas”.
Hubo que recurrir a la Fiscalía Ambiental en Bolívar que, a pesar de contar con apenas un Fiscal para atender el mayor estado de Venezuela, eficientemente y muy bien sustentada por su dirección nacional en materia ambiental, logró que el Tribunal otorgara una medida pre-cautelativa de protección a favor del ambiente en esta zona. Hubo que informar también a la dirección de Fundacomunal Bolívar sobre la medida y las cualidades de zona protectora y, como debe ser, la institución solicitó al mencionado Consejo Comunal retirarla de su poligonal o ámbito geográfico.
Sin embargo, todavía a casi dos años de la medida judicial y de la decisión administrativa asumida responsablemente por el INTI, a un año de la solicitud que les hiciera Fundacomunal Bolívar, estas personas siguen quemando la zona protectora de cursos de agua. Como muestra visible están las fotos, tomadas finalizando el mes de abril, como muestra tangible están las cenizas que recogimos de los árboles calcinados.
Hay esperanzas. Con gran eficacia, emulando el Gobierno de Calle pero esta vez a 300 kilómetros de la capital, camino al corazón de Venezuela, a 67 km en línea recta del Auyantepuy y dentro de la selva más profunda, acompañados por dedicados funcionarios de Vigilancia y Control de la DEA, por la digna Guardia Nacional Bolivariana y por miembros del Ejército, la Fiscalía Ambiental y el Tribunal Tercero de Control en Bolívar cumplen cabalmente con su deber: aplicar la justicia y obligar al cumplimiento de las leyes en beneficio del ambiente. Hacia el respeto del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. A todos ellos nuestro sincero reconocimiento.
Pero, queridos lectores: la zona considerada de “alta preservación”, la parte correspondiente a la anterior hacienda La Vergareña, se extiende por muchos kilómetros más. Y ¡no tiene dolientes! por lo cual continúa siendo depravada al mejor estilo del capitalismo salvaje, distribuida por el consejo comunal y bajo la mirada complaciente de las autoridades locales. Aportando sus nocivos efectos al fenómeno planetario del cambio climático.
¿De cuál eco-socialismo estarán debatiendo en el Congreso? Es una lástima no haber asistido, pero este artículo pretende mostrar los resultados muy positivos y también los negativos, de una experiencia. Pretende además ser una denuncia pública y aportar a los calificados miembros del Congreso Constituyente de los Movimientos Sociales, Ambientalistas por la Vida y la Paz, una modesta contribución.
