Hay temas como el de la corrupción que se impone mantenerlos siempre en constante discusión, es decir muy presentes en el diario trajinar, de manera de impedir que sean echados a un lado o que se trate de concederles escasa importancia, para evitar así que esos momentos de pasividad fiscal o indiferencia contralora sean aprovechados por quienes están a la casa de alguna buena jugada en un negociado del interés público que les depare una jugosa comisión.
Es cierto que en nuestro país hay abundancia de gente honorable y por ello, no obstante que en distintas épocas los corruptos y por largos lapsos han dejado vacías literalmente las arcas públicas, no ha caído en la bancarrota, aun cuando para nadie es un secreto que éstos últimos abundan como la hierba, los más de viejo ancestro y por ello muy duchos en eso de cuadrar negocios turbios muy bien protegidos y otros recién llegados que no por novatos lo hacen mal, pero debido a la escasa experiencia que tienen en esas actividades ilícitas, cometen muchos errores estratégicos que los ponen en evidencia, como son, por ejemplo, ese de incurrir en la jactancia y por allí dejarse ver que ya no son los sencillos ciudadanos que vivían modestamente porque el sueldo no les alcanzaba para otra cosa y que ahora cambiaron de modo radical sus formas de vida. Han adquirido hermosas y amplias mansiones y ni ellos, ni sus esposas y sus hijos, los ya jovencitos, no necesariamente mayores de edad, andan a pie, sino en lujosas camionetas y por añadidura, se han convertido en asiduos visitantes de los restaurantes más lujosos de la ciudad, clientes fijos de las agencias de viajes internacionales y, además, anfitriones inigualables, papel que muchas veces no saben hacer y por eso caen en el mayor de los ridículos.
Es allí donde no nos cansamos de reiterar que sí hay fórmulas expeditas para descubrir una buena porción de ese tipo de corruptos y las mismas están en manos, nada más y nada menos que de la Contraloría General de la República. Nos referimos a las declaraciones juradas de patrimonio, las cuales se constituyen en requisito infranqueable para todo aquel que asuma un cargo público para poder empezar a cobrar sus sueldos y que igualmente estará obligado a presentarla una vez abandone dicho cargo por cualquier causa, pues de lo contrario no podrá hacer efectiva su liquidación. Y hay más, conforme al artículo 78 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, ésta podrá solicitar dicha declaración jurada a particulares que hayan desempeñado cargos públicos, “a los contribuyentes o responsables según el Código Orgánico Tributario y a quienes de cualquier forma contraten, negocien, o reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales.”
De manera que nuestro máximo órgano de control dispone de una excelente herramienta para adelantar exitosas gestiones anticorrupción. Lo que pareciera faltar es la voluntad para hacerlo, lo cual nos cuesta mucho entenderlo y menos frente a un país que adelanta un proceso de cambios de transformación social, económica y política que avanza con éxito arrollador de la mano de un pueblo que quiere ser protagonista de su propio destino y cada día se incorpora por diversas vías de organización a la acción gubernamental en sus distintas instancias, todo lo cual propicia un magnífico ambiente como para que se de una batalla de adecentamiento de ese tipo y de esa manera iniciar con seriedad y constancia el rescate de la moral pública.
Es impostergable que la Contraloría General implemente con la urgencia debida un plan ambicioso de control sobre la base de las declaraciones juradas de patrimonio. No tenemos a mano información fehaciente que nos indique que en alguna ocasión lo ha llevado a cabo, pero creemos que ha llegado la hora de que esos documentos recobren vida propia y se les ponga a hablar a través de los rigurosos exámenes e investigaciones a que deben ser sometidos. El organismo tiene amplias facultades legales para hacerlo y estamos seguros que una iniciativa de ese tipo contará con el respaldo de todo el pueblo.
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