Recientemente la Asamblea Nacional recibió a la Comisión de Víctimas de la Guarimba, instancia conformada por familiares y víctimas de quienes generaron acciones violentas en abril de 2013 y las guarimbas de 2014. Tuve la oportunidad de asistir a una reunión en el salón Francisco de Miranda donde participaron 7 de los 15 miembros principales del comité, y realmente los testimonios son desgarradores. Esposas, padres e hijos que entre sollozos y lágrimas relatan cómo perdieron a sus seres queridos, por culpables sin rostros, difusos entre quienes con capuchas colocaban barricadas y asesinaban con disparos ensayados. Lo curioso es que luego quienes apoyaban y promovían las guarimbas, erigían en carteles los rostros de sus propias víctimas, las víctimas del odio contra el pueblo.
Los victimarios, aquellos que auparon y respaldaron esos hechos brutales y terroristas, denunciaban la violación a los derechos en actos que ellos mismos promovieron, respaldaron e incluso directamente participaron. En la comunidad internacional se difundió que se violaron flagrantemente los derechos humanos, y que los muertos eran víctimas de los organismos de seguridad del Estado.
Producto de una investigación minuciosa he publicado un libro titulado “Plan Guarimba”, donde analizo un conjunto de factores relacionados con esta estrategia de violencia política, y donde realizo un análisis de las 49 muertes producidas durante estos hechos. No son protestas pacíficas, son acciones violentas; en ellas se han usado armas de fuego para procurar herir o matar a otras personas, siendo las responsables de 63,2% de los fallecidos (31 casos). Por razones atribuidas a abusos de cuerpos policiales se produjeron 14,2% de las muertes (7 casos), los cuales en su totalidad están siendo investigados –con funcionarios detenidos– para sancionar los casos donde se compruebe la responsabilidad de los mismos.
Con referencia a la violencia política tenemos que apelar al principio de “violencia genera violencia” que afortunadamente no devino en mayores consecuencias en la pretendida confrontación de pueblo contra pueblo en nuestro país. Desafortunadamente han sido diez compatriotas venezolanos (20,4%) que fallecieron producto de la violencia política irracional que debió y pudo ser evitada, considerando que en Venezuela existe una sociedad mayoritariamente democrática y comprometida con la paz social. Solo 1 caso se produjo en condiciones extrañas, las cuales también están siendo investigadas por el Ministerio Público.
Igualmente, pretendieron hacer creer que la violencia focalizada en pocas ciudades, no era tal, sino que estaba dispersada por todo el país y era una especie de guerra civil. Solo en el 5% de los municipios del país, se suscitaron personas fallecidas en hechos vinculados a las guarimbas o a las protestas violentas. Por otra parte, el 80% de los fallecidos (39) se ubican en municipios opositores, mientras que 20% en municipios gobernados por la Revolución. En tercer lugar, en cuanto a la proporción de municipios con guarimbas y fallecidos, podemos precisar que en 15% de los municipios gobernados por opositores ocurrieron 39 de los 49 casos de fallecidos en el marco de la violencia opositora. En cuanto a los municipios gobernados por la Revolución, solo en el 2% hubo fallecidos.
Es más que obvio que la violencia con fallecidos estuvo concentrada en los municipios gobernados por opositores. Es importante precisar la vinculación del partido Voluntad Popular con los hechos de violencia, pues en varios casos se señalaban a dirigentes de este partido como los responsables de dirigir las acciones violentas, así como la abierta participación los alcaldes militantes de esa organización. Recordemos que es dirigida por Leopoldo López, acusado por el Estado venezolano el 4 de abril de 2014 por los cargos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir por ser el responsable (en conjunto con la exdiputada María Corina Machado y el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma) de las acciones violentas que han ocasionado ya 49 muertes en Venezuela, producto de la exacerbación de la violencia política. Actualmente se encuentra privado de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil).
Frente a estos hechos, la actitud de la mayoría del pueblo venezolano fue la misma, no mordió el anzuelo de la pelea de perros, la guerra entre ciudadanos. A pesar de la inserción de francotiradores, mercenarios, paramilitares; la conducta de los venezolanos se mantuvo dentro del marco de la Constitución. El pueblo venezolano ratifica de forma permanente su apego a los valores democráticos. Lamentablemente parte de la dirigencia opositora ha mantenido, dentro de su abanico de opciones para salir del Gobierno nacional, la violencia, la práctica antidemocrática. En 2002 lo intentaron con el presidente Hugo Chávez a través del golpe militar; en 2003 lo volvieron a intentar con un paro petrolero y empresarial; en 2004 intentaron las guarimbas; en 2013 volvieron con el fantasma del fraude y la violencia de calle que dejó a 11 familias enlutadas, más de 100 personas heridas y daños patrimoniales a más de 60 establecimientos públicos.
Ahora, intentan nuevamente una “salida”, que no logró doblegar el compromiso ciudadano con la paz y la democracia. ¿Qué otra lección necesita la oposición venezolana y sus aliados internacionales, para convencerse que Venezuela no hay otra forma de acceder al poder político que no sea por vía democrática y constitucional?
