Quienes de una u otra forma estuvimos al servicio de la Administración Pública Nacional durante más de tres décadas, (1959-1992), y por excepciones, no en forma pasiva sujeto única y exclusivamente como servidor público para cumplir los deberes dentro de un campo netamente normativo, rutinario como ha sido costumbre. Por el contrario, quienes asumimos las luchas sindicales desde la década del sesenta, sin que estuviéramos protegidos por la ley del trabajo, como si lo estaban los trabajadores obreros; sin embargo, quienes por diversas razones nos preocupamos por las luchas sociales, tal vez por el mismo origen en que nos formamos a punta de esfuerzos: aventurar para trabajar y luego estudiar, abrirse paso a punta de cincel, sufrir los rigores de rémoras de un Estado Absolutista, altamente jerarquizado en materia laboral dentro de la Administración Pública, donde ha prevalecido el nepotismo, el apalancamiento, recomendados, la lisonja o coloquialmente el halar o (jalar) bolas, el tráfico de influencias, los carnets o filiación partidista, amén de otras formas para sobrevivir sin riesgos de perder el trabajo, tan difícil en esas épocas.

En realidad superar las barreras de las dificultades para quienes no militábamos en partido alguno, y lanzarnos a las aventuras de incursionar en luchas por causas laborales colectivas, era de mucho riesgo, porque en la Administración pública de la época, todo era obediencia a su superior inmediato, sin mucho derecho a replicar o justificar cualquier falta u omisión, y menos hacer causa común, esto era visto por muchos jerarcas como causas para amonestar, poner en entre dicho el comportamiento de empleados, lo expreso con conocimiento de causa y vivencias, durante los comienzos de nuestras inquietudes para sumarnos a la UNEP (Unión de Empleados Públicos), que ya tenía fines sindicales, pero dirigidos exclusivamente, desde la corriente política-partidista que hegemonizaba el movimiento sindical de los obreros como lo fue la poderosa CTV, y la UNEP, era un apéndice de esta central dirigida por AD, que imponía su aplastante mayoría en el campo sindical y legislativo, la llamada aplanadora, así que COPEY y URD, sus aliados por acuerdos políticos, debían someterse a las decisiones de la dirigencia adeca en materia sindical.

La década del sesenta fue dura dentro de la Administración Pública, pero AD soltaba ciertas prendas dentro de su estrategia política, para el control sindical, así fueron alargando riendas en acuerdos con sus aliados políticos más cercanos y que contaban en el parlamento con curules, así hicieron acuerdos ante las presiones de los líderes sindicales, que percibían de cerca las inquietudes de los empleados públicos para exigir reivindicaciones en materia remunerativa y otros beneficios ausentes, como la atención en la salud, prestaciones sociales, protección social, se percibía el abismo entre los obreros y los empleados públicos, los primeros firmaban sus contratos colectivos y los segundos se resignaban a la decisión de sus patronos, sí caía bien o mal, se destituía con un oficio que el empleado recibía dando las gracias por los servicios prestados. De manera que la organización de la UNEP y FEDEUNEP, que aunque fueron muy discretas, si se sentaron bases para emprender la búsqueda de una Ley de Carrera Administrativa, que por lo menos diera apertura para que los empleados públicos, comenzaran la lucha sindical en forma legal y obtuvieran otros beneficios.

1970 fue el año de la promulgación de ‘’La Ley de Carrera Administrativa’’, que contempló una serie de principios, normas, métodos, procedimientos tendientes a mejorar la eficiencia en la administración pública, así como garantizar al empleado público su estabilidad, algunas reivindicaciones sociales, consideración de sus méritos para ascensos, ser funcionarios de carrera, sin que prevalecieran discriminaciones de ninguna índole, sobre todo el relacionado con lo político-partidista, se abrió el compás para la sindicalización, aunque con muchas limitaciones, los dirigentes sindicales de los empleados públicos no disponían del fuero sindical, si los permisos, pero con sus limitaciones discrecionales por parte de los jefes, se lograron las prestaciones sociales para los empleados públicos, solamente sujetos a un mes por año, pero fueron oportunidades para que con la conciencia de clase y las luchas sindicales se fueran alcanzando más beneficios sociales y reivindicativos, pero como dentro del sector de empleados sobre todo en pocos ministerios habían corrientes de izquierda, caso Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, con la Asociación de Inspectores Sanitarios, con una trayectoria de larga data, estos se lanzaron a organizar un sindicato de empleados al margen de las líneas de FEDEUNEP y CTV. Claro que esto no fue tarea fácil.

Entonces comenzaron las serias confrontaciones políticas, la fracción sindical de AD no avaló en ningún momento el sindicalismo de empleados públicos fuera de su redil político-estratégico, y COPEI, URD, el MEP, como estaban en la CTV, debían respetar sus acuerdos por lo tanto no podían apoyar otro tipo de organización, aunque estos brindaron cierto apoyo a la iniciativa de un nuevo sindicalismo, con una visión más amplia, más democrática, más alternativa y no sempiterna en cuanto a la clase sindical dirigente, que se alternaban cuando creían conveniente, las elecciones se hacían en las seccionales y en sindicatos, pero apegados a las mismas líneas partidistas, no había espacio para corrientes partidistas de la izquierda, si estos no se sometían a la normativa limitante del sindicalismo restrictivo desde el punto de vista político, eran víctimas de acecho político.

Así se desvanecieron todos los esfuerzos dentro del sistema político hegemónico vigente en esos tiempos para avanzar en materia sindical y legislativa y poder seguir transformando la Administración Pública y primordialmente en la materia laboral, reivindicativa de la función pública, hubo lógicamente cambios, logros, pero la rutina, la perturbación ideológico-partidista, el apego a no ceder terreno político al adversario, limitaba a los funcionarios públicos para actuar con más libertad, esas coerciones y acosos políticos, replegaron a la mayoría para una lucha definitiva hacia la cohesión sindical entre empleados y obreros, era completamente incompatible, los empelados habían sido formados bajo concepciones muy distantes de la clase obrera, lo que profundizaba la brecha para la unión sindical, no porque no se hicieron intentos, sino que estos se frustraban por los prejuicios existentes, recordamos que una vez en una Corporación luchamos por unir el sindicato obrero con el sindicatos de empleados, por parte de los primeros no hubo obstáculos, pero de los empleados algunos profesionales no vieron esa conveniencia, tal vez por pruritos academicistas o distancias que históricamente se habían mantenido, incluso muchos empleados medios, también se resistían a que se fusionara el sindicato, esto trajo por cierto graves consecuencias, porque esa Institución fue eliminada y no hubo fuerza laboral que defendiera los derechos de los trabajadores, la historia dejó hasta ahí la ‘’Ley de Carrera Administrativa’’, tuvo vida, pero murió por inercia y ante los bruscos cambios políticos acometidos por el pueblo y el surgimiento de nuevos liderazgos a finales del siglo pasado y comienzos del presente con un nuevo ordenamiento jurídico.

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA Y LA CRBV IMPULSÓ CAMBIOS.

El pueblo venezolano por mayoría en las elecciones del 6 de diciembre de 1998 llevó a la presidencia de la República a Hugo Chávez Frías, rompiendo así la hegemonía bipartidista, que durante 40 años gobernó el país, como sabemos bajo esperanzadoras promesas de una auténtica democracia, después de más de 120 años de caudillismos militares, partidistas, oligarquías absolutistas, que directa o indirectamente aceptaron la intromisión colonialista e imperialista, salvo contadas excepciones. Pero a partir de 1958 el pueblo abrió sus puertas a los partidos políticos que ofrecieron un camino expedito a una real democracia política del pueblo y para el pueblo, no pasaron dos décadas cuando todo se desvaneció, el pueblo empezó a percibir en forma progresiva que la democracia prometida no llevaba el rumbo anhelado, fue una democracia solamente electoral limitada a privilegios partidistas, no se permitió el libre juego democrático a todas las corrientes políticas, lo que terminó en fuertes enfrentamientos de violencia y deterioro de la economía, subyugación a fuerzas económicas foráneas, que en definitiva fueron 40 años de frustradas esperanzas.

En ese sentido la decisión mayoritaria del pueblo por los cambios, se afianzó en el sólido liderazgo de Chávez, para de inmediato estructurar un nuevo ordenamiento jurídico, comenzando con la ‘’Constitución de la República Bolivariana de Venezuela’’ proposición temprana de Chávez al pueblo, creándose la constituyente que recogió el proyecto de lo que dio origen a la CRBV aprobada por el pueblo en Referendo Constituyente el 15 de diciembre de 1999, hay que ser reiterativo cuando resaltamos las bondades de esta nueva ‘’Carta Magna’’, nacida bajo la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar, es novedosa, avanzada, recoge todo un estamento jurídico para la refundación de la República, en forma autóctona, tal como fue la vocación republicana de Simón Bolívar en sus cartas, proclamas y el Congreso de Angostura, nada que envidiar a otras de latitudes muy distantes de nuestra idiosincrasia y cultura de nuestros pueblos originarios y descendencias étnicas forjadas en nuestros suelos patrios de una América sedienta de Independencia y soberanía.

EL CONTRATO MARCO Y LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEJA ATRÁS LA DISPERSIÓN EXISTENTE.

Atrás quedó el abismo de años del mito y prurito que separó a los trabajadores públicos entre obreros y empleados, una especie de clasismo preponderante por designios de quienes gobernaban y legislaban, que mantuvieron siempre esa especie de recelo por la unidad de la clase trabajadora, y se reservaron a los empleados públicos como servidores de extrema confianza de la función pública. No obstante que en la CRBV se contempló en las disposiciones transitorias para que la Asamblea Nacional dentro del primer año legislara en materia laboral con una nueva ley del trabajo, no sucedió así, hubo una larga mora, hasta que Chávez apoyado en la ley habilitante prometió para el primero de mayo de 2012 la ‘’Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores’’, la que apareció publicada en Gaceta Oficial número 6.076 del 7 de mayo de 2012, para dar cumplimiento al mandato constitucional de los derechos sociales y de las familias, artículo 89 donde se dispone la protección del trabajo mediante una ley.

Tres años después se logra el primer ‘’Contrato Marco’’ que regula la condiciones laborales y los beneficios sociales, económicos y gremiales entre la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal, sus trabajadoras y trabajadores, jubilados(as), pensionados(as), por invalidez e incapacidad y sobrevivencia, afiliados o no a FRENTRASEP, FEDEUNEP O FENATUPV, Asociaciones sindicales, asociaciones o gremios, por cierto las tres federaciones lograron ponerse de acuerdo para concretar este contrato. El gobierno nacional, representado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, fue artífice del apoyo brindado a estas tres federaciones de trabajadores para que presentaran una convención colectiva, así lo acordaron hace dos años, ayer 20 de noviembre se consolidó la firma de este contrato marco, que recoge y abarca a gobernaciones, consejos legislativos, procuradurías, contralorías estadales, fundaciones, institutos, entes y servicios autónomos, empresas de producción social y demás organismos adscritos a la Administración Pública Estadal , a quienes corresponde cumplir la presente Convención Colectiva Marco.

Como podemos deducir, desde el punto de vista legal, se colocan las primeras piedras para que trabajadoras y trabajadores, jubilados y pensionados, todos y todas los involucrados con beneficios y la dirigencia sindical como los responsables de los Ministerios de la Administración Pública, para que la estructuración y organización para el cabal cumplimiento de este contrato sea llevado a la práctica sin trabas burocráticas, posiciones retrógradas, producto de rémoras culturales heredadas del colonialismo y los altos intereses económicos y políticos que en forma conservadora se han opuesto y oponen a toda transformación o la aceptación de la dinámica de la sociedad.

JUBILADAS, JUBILADOS: sin discriminación entre obreros(as) empleados(as) ni de ninguna otra índole, serán amparados por este contrato marco en todos los organismos de la Administración pública, tal como mencionamos en los dos párrafos anteriores; incluye a jubilaciones especiales, pensionados y jubilados por invalidez o incapacidad, sobrevivencia, es decir es un convenimiento inclusivo, que no deja a nadie fuera de la protección social.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Esta acorde a la ‘’Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social’’, la ley de jubilados y pensionados, planes de vivienda, seguros de vida, hospitalización, cirugía y maternidad, suministro de medicinas, seguro funerario, seguro de vida, centros de educación inicial, esta protección será una continuación y ahora consolidada aún más en este contrato, y quedan a salvo aquellos beneficios socio-económicos señalados en la presente Convención Colectiva Marco, que no formen parte de las contingencias objeto de protección por los distintos regímenes establecidos en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

Se atenderá y fomentará la recreación y el turismo social, formación de los trabajadores y trabajadoras en diversas áreas y los jubilados y pensionados participarán voluntariamente a estos programas o talleres de formación, deporte, las remuneraciones ajustadas a la ley del trabajo, CRBV, la convención colectiva, méritos, ascensos, según la normativa establecida en tablas y escalas de sueldos de acuerdo a cargos en la escala vertical para ascensos o cambios denominativos.

Queda en el interés de los empleados públicos de los distintos ministerios, gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, contralorías, procuradurías, institutos autónomos, en armonización con la dirigencia sindical, elevar los grados de consciencia para que la función pública sea eficaz, eficiente, se cumpla la CRBV y leyes, los requerimientos organizativos, y que esta se deba a la cabal atención al público, al margen de los intereses políticos, individuales, de religión, cargos, profesiones, predominio de la labor intelectual o la manual, debe funcionar la Administración Pública bajo otra óptica o visión, para ir dejando atrás los vicios, que hemos mencionado, y que nadie es ajeno a conocerlos, porque además de la burocracia, se agrega la corrupción, rémora esta que data desde la misma colonia, recordemos que Simón Bolívar decretó la pena capital para aquellos funcionarios públicos que se enriquecieran al calor del erario público, creemos que con buenos salarios, buenos sueldos, y las reivindicaciones a tiempo, debe frenarse este cáncer dentro de la Administración Pública.

La dirigencia sindical, también debe ser objeto de cambios significativos en la manera de hacer sindicalismo, este como sabemos no puede seguir siendo apéndice de intereses partidistas, se debe a la función pública, se deben a la filosofía sindical, que es amplia, que así como vela por la garantía de luchar por la clase trabajadora, también se debe atender el mejoramiento profesional, conocimiento de las leyes para su cabal cumplimiento, contribuir al trabajo eficaz, alejados de viejas costumbres que durante décadas han sido causantes del adormecimiento de las luchas y causas sindicales y beneficios para todos y todas, que las luchas se ajusten a la legalidad, que se utilicen los derechos sindicales como huelga, fueros, permisos, ventajas para cohesionar esfuerzos en beneficio de la producción y rendimiento del trabajo.

Sin que esto implique lisonjas o entreguismos al margen de los objetivos reales de las causas de trabajadores y trabajadoras, ahora unidos con este concepto amplio, que poco a poco va dejando la costumbre de posiciones encontradas entre obreros y empleados, porque trabajador es un profesional universitario, como trabajador es un obrero especializado o no, trabajador es desde el Presidente de la República hasta el trabajador que esté apartado por allá en una finca como obrero agrícola, ya no hay distingos por la diversidad de cargos, salvo las capacidades de cada quien, principios de solidaridad, igualdad, cooperación, lealtad patria, respeto a los derechos y deberes, es buscar una unidad sin perturbaciones u obstáculos que afecten el trabajo, la producción, la estabilidad laboral y demás garantías alcanzadas.