La empresa Polar radicada en Venezuela constituye un grupo económico mal habido de la burguesía propietaria venezolana. A todas las "repúblicas" antecesoras a la Bolivariana de Venezuela, le debe, sin un mínimo de dudas, los privilegios económicos que el estado burgués le creó al capital privado para su acelerada acumulación y concentración.

El mito burgués de que 60 años de trabajo familiar adnegado hacen el poder económico del capital privado se inscribe en la falacia capitalista armada sobre el desprecio al trabajo como fuente indiscutible del capital. El Grupo dueño y el Ejecutivo Jefe de la Polar han convertido la empresa en un impune monopolio en la economía venezolana. Ello ha sido posible en primer lugar por el maridaje entre la burguesía propietaria industrial y el capital financiero privado criollo e internacional. El estado capitalista burgués venezolano que hasta 1998 había venido inconteniblemente afianzando el poder económico de los monopolios deja al estado bolivariano una herencia estructural del tejido empresarial profundamente expoliadora del trabajo social y, en consecuencia, de la mayoría del pueblo venezolano.

Esa reflexión de partida tiene una carga política de primer orden para el Gobierno revolucionario. „No se dialoga" con la burguesía significa no-diálogo con los monopolios capitalistas que están y estarán actuando por interés propio en la desarticulación del nuevo orden socioeconómico que necesita construir la Revolución Bolivariana para bien de la clase trabajadora y de todo el pueblo.

La fuerza política del Gobierno y del Estado revolucionario en ciernes son suficientes para confinar el monopolio de un grupo empresarial como la Polar al campo donde se le ha de derrotar: al campo de la propia economía de mercado que aún sigue funcionando en Venezuela. O de lo contrario queda abierto el camino para la socialización democrática de la empresa.

Al monopolio de la Polar hay que derrotarlo desde ya en el plano económico. A la burguesía propietaria hay que demostrarle que cuando el poder revolucionario comienza a desmontar el estado burgués lo que hace es establecer las condiciones macro y microeconómicas de justicia para el trabajo.

A los actores económicos capitalistas no les debe quedar ninguna duda de que la filosofía política del estado social bolivariano está en la opción por el trabajo, no por el capital. La suerte del capital venezolano está echada en la idea de su plena democratización.

El modelo de acumulación de capital del estado bolivariano asume - ha de asumir – la idea de la acumulación socialista, no la idea de la acumulación privada de capital. Al poder económico de la burguesía propietaria no se le pueden hacer falsas ilusiones. El capital venezolano por razón de tener fuente y origen en el trabajo de los trabajadores venezolanos está progresistamente destinado a ser socializado. Ello significa democratizar el capital. Esta perspectiva debe estar clara para todo el poder económico privado que aún domina la economía venezolana.

La democratización de las relaciones sociales de producción y del capital es el genuino pilar de la democracia socialista. No existe democracia bajo la hegemonía del capital privado sobre la economía del país. No existe, por supuesto, democracia bajo el modo de producción y distribución capitalista. Estas definiciones ideológicas y políticas han de estar claras para la sociedad venezolana. Por cuanto son las que marcan el derrotero de la lucha por el socialismo.

No puede haber „alianza" táctica con el capital de la alta burguesía y la oligarquía propietaria más allá de aquel que imponen las reglas establecidas por las políticas económicas democráticas del Gobierno revolucionario.

Ello indica que la lucha por el reordenamiento de las relaciones económicas internas pasa por el fortalecimiento del nuevo orden económico. El estado bolivario tendrá que someter a debate político las consideraciones para establecer una restrictiva ley antimonopolios en el país. La ley anti monopolio venezolana asume el principio de "la efectiva inserción y participación de todos los agentes económicos". Sin embargo, no debería quedar laguna jurídica de interpretación acerca de la dimensión restrictiva antimonopolio sobre el capital privado, cuya naturaleza atenta por definición y práctica consabiba contra el interés público, debidamente entendido como interés social.

Lo revolucionario del contenido de la ley anti monopolio estaría en considerar detractoras del interés social y el orden constitucional tanto las estructuras, organizaciones e instituciones como también su conducta abusiva en el mercado, por tales propiedades inducidas. El instrumento debe ser una clara regulación del llamado libre mercado capitalista, cuyo albedrío liberal favorece la concentración del capital. Ello no estaría en contradicción alguna con los preceptos integracionistas de las naciones soberanas en Mecosur y UNASUR.

El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó un antecedente digno de atención. La ley antimonopolio, entre otras tantas consideraciones, en el sector de los medios de comunicación, prohibió, y con ello afectó directamente al monopolio mediático Clarín, la concentración de medios en su poder, reduciéndole el campo de propiedad a un máximo del 24% del mercado. No es casualidad que apenas retomado el Gobierno por la ultraderecha oligárquica el Presidente M. Macri haya derogado dicha ley.

El monopolio Polar mantiene un dominio del 75% del mercado alimentario venezolano, disponiendo de un 50% del capital productivo. Aunque pueda existir la opinión de que no es transferible directamente al sector productivo la experiencia argentina en el sector de las comunicaciones, donde el espacio radieléctrico es de dominio público, en ningún caso es valorable tal suposición. El trabajo es un bien público de carácter eminentemente social, no privado. Lo que hace la empresa privada es apropiarse de la fuerza de trabajo y explotarla en función del beneficio privado excluyente de los dueños del capital. Eso le permite apropiarse del producto. Trabajo social y apropiación privada del producto.

Pero sin ir todavía a esa raíz meridiana de las razones políticas de la democracia, tenemos que la práctica restrictiva antimonopolio está considerada por las propias economías capitalistas desarrolladas como un factor de competitividad de mercado y protección de los derechos de los consumidores. La UE mantiene, por ejemplo, una bastante extendida ley anti monopolio, al punto de que es necesaria la aprobación de la Comisión Europea para la fusión de capitales que tiendan a monopolizar algún sector productivo o de servicios. Y estamos hablando de una UE regida por el poder del capital.

La Revolución bolivariana no tiene porqué ser menos revolucionaria en el proceso de „civilización" del orden de las relaciones económicas internas.

Revolución económica estructural

Pero la política antimonopolio no agota los complejos problemas estructurales que padece la economía venezolana. Después de 17 años de revolución social la economía venezolana sigue en las manos del capital privado de la burguesía propietaria.

No menos del 70% del PIB es producido por el sector privado. Ello deja claro que la economía social sigue siendo marginal. El significado político de esa situación es bastante claro. La mayoría de la clase trabajadora venezolana depende de la burguesía para vivir. Depende del salario que la burguesía propietaria les paga como retribución menguada del valor social del trabajo. Pero esa clase trabajadora es al mismo tiempo cada vez más beneficiada por los servicios sociales universales que van componiendo la naturaleza socialista del estado venezolano. Es decir, el trabajador le trabaja al capital privado, permite – no tiene otra opción – que éste le robe la plusvalía del plus producto con que promueve la acumulación privada, y al mismo tiempo disfruta del bonus social del estado.

La paradoja consiste en que la revolución social está en estos momentos trabajando para la consolidación del poder económico de la burguesía. Así de claro.

Podemos considerar que este es un estado de cosas transitorio, pero siempre y cuando sea clara la política y los avances en la socialización de la producción y la democratización del capital.

Ante esta situación estructural el Estado bolivariano tiene un campo de acción que se torna imperativo y que se inscribe en la estrategia de socialización de la economía venezolana. El papel del estado como inversor productivo público de primer orden. Es cierto que en la práctica ello no ha dejado de expresarse en la política económica del gobierno bolivariano. Sin embargo, el reto de importancia crucial está en la redefinición de dicha estrategia. A corto, mediano y largos plazos.

Es menester aquí señalar a manera de puntualización (para un debate teórico práctico más amplio) que el carácter de las inversiones públicas bolivarianas no debe definirse en el marco de la concepción de la economía política burguesa. Estamos hablando de la revolución de las relaciones sociales de producción y no del acomodamiento de las mismas a las exigencias del capital privado. Por lo tanto, si se reconoce que las inversones públicas en infraestructura (vías, carreteras, puentes, puertos, gasoductos, etc) son vitales para el desarrollo económico del país, estamos asumiendo que de ello se beneficia también el capital productivo privado en su proceso de reproducción y acumulación. No existe aquí el llamado por la economía política capitalista „efecto de expulsión" de la inversión privada. Más aún, al capital privado no le son muy codiciadas las inversiones infraestructurales, a menos que la ganancia, mas dificil y muy a largo plazo en estos casos, le esté prácticamente garantizada.

Entonces, el hincapié en la inversión pública está en dirigirla con igual o mayor énfasis al capital productivo socializado. La creación de fábricas, complejos industriales de avanzada tecnológica, cadenas productivas internas, etc constituye el campo de inversión productiva pública sostenida del estado. Estas inversiones productivas del estado revolucionario se concentran en la creación de empresas sociales. Aquí si existe el „efecto de expulsión" (repudiado por el pensamiento de la economía política burguesa) de la inversión privada productiva. Y justamente de eso se trata. Y sobre eso no le debe caber dudas a la burguesía propietaria. Puesto que con ello se marca el derrotero estratégico de la transformación de las relaciones sociales de producción que busca la revolución socialista.

Socialización del capital financiero

No habrá avances de tipo estratégico, sin embargo, sin una clara política de socialización del capital financiero. Esto concierne al sistema de propiedad del capital bancario del país.

Si se habla de la creación del Banco del Sur en el ámbito suramericano como paso hacia la independización de la región del capital financiero internacional (FMI, BM, entre otros), debe entenderse la instauración y desarrollo de la banca pública (estatal) y la banca cooperativa venezonala como el pilar de la independización nacional del capital financiero venezonalo privado y transnacional que domina la economía del país.

Este nudo gordiano de las relaciones de poder debe ser cortado con la Espada de Bolívar, si es que la revolución ha de quitarse de encima la Espada de Damocles del capital privado. Hay que echar los fundamentos de la irreversibilidad de la revolución socialista.

Aunque el problema no deje de ser complejo en cuánto a la política que materialice la socialización del capital bancario-financiero, ello no puede impedir que se emprenda desde ya tal proceso en una clara estrategia de acción política y económica. Pero para que tales políticas económicas funcionen con eficiencia no basta con las propias inversiones y la asunción de los procesos productivos microeconómicos por trabajadores socializados ni la misma socialización del capital financiero. Aquí trasciende el problema del marco macroeconómico de funcionamiento de la economía.

Todas las evidencias indican la alta disfuncionalidad sistémica de la economía venezolana. El fenómeno de la inflación, la especulación en el sistema de divisas (mercado paralelo), el desabastecimiento del mercado, el endeudamiento del estado, constituyen consecuencias de desajustes estructurales de tipo macroeconómico. Están a la vista y pueden ser neutralizados enteramente. Es importante señalar que ninguno de estos fenómenos tienen porqué existir ya hoy en la economía venezolana.

Contra la guerra económica del capital burgués

El debate de fondo necesita ser potenciado a sus máximos decibeles. La Plataforma Patria Socialista ha reunido en un taller de trabajo a economistas del proceso bolivariano que desde distintos ángulos aportan diagnósticos y propuestas frente a la compleja situación económica del país. Sin embargo, se trata de una encomienda mayor. El debate concentrado permanente sobre las redefiniciones de las políticas económicas, de los reajustes macroeconómicos, todo en un campo de abordaje sistémico que proporcione indicaciones concretas a corto, mediano y largo plazo. No puede bajo ningún concepto desecharse la creación y el estímulo a equipos de análistas y actores sociales adecuadamente articulados que además garanticen el monitoreo constante de las políticas establecidas con capacidad de respuestas al corriente sobre desviaciones y tendencias no deseadas.

El monopolio Polar no puede dictar derroteros a la economía venezolana. A estas alturas ello refleja el absurdo de una economía „tercermundista" típica del capitalismo periférico que las burguesías antinacionales le impusieron a nuestros pueblos en contubernio con el capital transnacional.

Más allá de que la estructura productiva del Grupo Polar se asienta esencialmente en una „economía bananera" centrada en el mercado excluyente del consumismo librecambista, la revolución socialista no discute con capitalistas. El chantaje monopólico de la Polar cerrando sus fábricas de cervezas y maltas constituye la ilustración más burlesca de la república bananera por la que tienen a Venezuela.

Ello se demuestra en la exigencia de que para producir como empresa capitalista la burguesía propietaria necesita del beneficio socialista de las divisas subsidiadas para la economía social por el Estado y los tributos de todos los venezolanos. Esos venezolanos que como clase trabajdora la burguesía capitalista explota con sus empresas privadas en tanto mano de obra asalariada obrera y barata. Divisas subsidiadas para explotar el trabajo obrero y pronunciar su acumulación de capital.

El monopolio de la industrialización del arroz, la harina y el maíz de trigo por la empresa Polar constituye una amenaza a los derechos humanos de los venezolanos, amén de un improperio para la economía del país, y por ende debe ser desmantelado sin demoras.

El espacio se abre en convenios intergubernamentales de extendida importación en el corto y mediano plano, acompañados de la instalación tecnológica de cadenas productivas y de procesamiento con Vietnam, Rusia y México (productores mexicanos de maíz, vapuleados por el Tratado de Libre Comercio con los USA verán esta colaboración con altísimo aprecio), respectivamente.

No deben pasar un año más para restablecer el equilibrio macro y microeconómico de esos fundamentos de la economía real venezolana.

El privilegio de la palabra que, en aras del diálogo nacional y de la racionalidad política, el Presidente de la República le concede hoy al dueño extorsionador de un monopolio bananero será leído en la oposición y en amplios sectores del pueblo como un reflejo de flaqueza de la revolución. El diálogo con el diablo tampoco puede aportar cordura al diablo ni beneficios al pensamiento popular y revolucionario, menos a la economía del país. Las reglas del juego las pone la nueva economía social.

Por supuesto que el pueblo revolucionario puede.