En el país han surgido varias posiciones respecto a si se debe abolir o disolver a la Asamblea Nacional de acuerdo al marco legal prevaleciente en la Constitución Nacional. Las razones son más que evidentes. Trataremos de explicar a nuestros estimados lectores algunos de estas posiciones.
El presidente circunstancial de este organismo, ha usurpado las funciones propias del Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia; del Consejo Nacional Electoral y ha perdido desenfrenadamente la sindéresis que debe caracterizar a uno de los poderes de la República. El lenguaje hostil, obsceno y agresivo puesto en práctica por este personaje, es un indicador de sus propósitos desestabilizadores.
Existen dos razones adicionales que justifican la aplicación de medidas a la Asamblea Nacional: quien actualmente ocupa el rol de presidente del órgano legislativo del país, al ser juramentado el pasado 5 de enero presidente del ente, ofreció destituir al presidente constitucional Nicolás Maduro en los primeros seis meses de su ejercicio, cuya promesa incumplió. Como si esto fuera poco, existen evidencias de sus múltiples solicitudes de intervención extranjera ante la OEA, invocando la aplicación de la Carta Democrática, lo cual constituye un acto de traición a la patria y subordinación ante los intereses injerencistas de Estados Unidos y otros países.
En el marco de la posición desestabilizadora asumida por la actual directiva de la Asamblea Nacional, han surgido planteamientos públicos con relación a las medidas que se pueden tomar contra la actual directiva de Asamblea Nacional.
Los artículos 236 y 240 de la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela, cuya competencia le corresponde al ejecutivo nacional (reglamentar las leyes sin alterar su espíritu, propósito o razón y la emanación de un decreto de disolución de la AN respectivamente) ordenan taxativamente al presidente constitucional, tomar medidas extraordinarias en caso de existir amenazas o hechos que atenten contra los intereses supremos de La República, tal como ocurre actualmente con la guerra económica y los planes conspirativos adelantados por la oposición. En tal sentido, miembros del Polo Patriótico, solicitaron el pasado 28 de junio, una consulta al Tribunal Supremo de Justicia (ver http://www.vtv.gob.ve/articulos/2016/06/28/polo-patriotico-evalua-solicitar-al-tsj-abolicion-de-la-asamblea-por-traicion-a-la-patria-5014.html) para estudiar la aplicación de medidas, orientada a "abolir" a la Asamblea Nacional por traición a la patria y usurpación de funciones del resto de poderes constitucionales. Otra posición es la asumida por el constitucionalista Isaias Rodríguez plantea que las medidas de "abolición" o "disolución" están plenamente justificadas y que las mismas se deben aplicar sin romper el hilo constitucional. Un cuarto planteamiento sugiere asumir el "laissez faire, laissez passer" (dejar ser, dejar hacer), principio de libre mercado puesto en practica por economistas franceses del siglo XVII, cuyo propósito era establecer una sociedad de mercado sin obstáculos.
