Con sorpresa, hemos leído en diferentes medios de comunicación la negativa del Partido Comunista de Venezuela (PCV) de participar en el proceso de renovación de militantes y partidos políticos que iniciará el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los próximos días, proceso necesario para que los partidos de alcance nacional que obtuvieron menos de uno por ciento de votos en las últimas dos elecciones (o que no hayan participado en ellas) puedan ser reinscritos como partidos políticos.

Este proceso deberá ser hecho tanto por partidos aliados al chavismo, como el PCV, Tupamaros, Redes, PPT o Podemos, como por partidos opositores, entre ellos Voluntad Popular, Primero Justicia, Copei o Acción Democrática. Los únicos que están excluidos son el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y el partido MUD (Mesa de Unidad Democrática), por haber obtenido los votos suficientes en las últimas elecciones, ello según informó el CNE.

Entre los partidos pro-chavistas, la mayoría ha señalado que participará en el proceso de renovación, si bien manifestando una serie de críticas al mismo. PCV, por su parte, ha señalado que no participará.

¿Malcriadez? ¿Se creen mejores que los demás? ¿Se volvieron derechistas? ¿Por qué simplemente no llaman a todos sus amigos, a militantes de partidos aliados como el PSUV y a las cientos de miles de personas que siempre han votado por el PCV para firmar por él y lograr su reinscripción?

Según explican en los medios, ellos ven el registro como una forma de delatar a su militancia.

No soy militante del PCV, aunque muchas veces he votado por el partido. Por ello, pregunté a un camarada del PCV experto en estos temas legales para que me explique qué es lo que pasa. Él prefiere no dar su nombre, debido a que no es el designado por el Partido Comunista para hablar sobre estos temas.

Me explicó que el tema era largo y complicado, que requería conocer un poco la historia del Partido y la de nuestro país, el contexto en el que se redactó la Ley de Partidos Políticos vigente, y las dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia sobre este tema en 2016.

Contexto histórico de la Ley de Partidos Políticos

Una de las cosas que me explicó, son las características de la Ley de Partidos Políticos vigente en la actualidad. Este es una ley discutida y aprobada en 1964, y publicada en Gaceta Oficial en abril de 1965, durante la presidencia de Raúl Leoni y tras cinco años de gobierno de Rómulo Betancourt, cuando se hacía necesario buscar la forma de ilegalizar a los partidos políticos de izquierda y de tener un registro de sus miembros.

Si bien la ley fue reformada en 2010, la reforma sólo tocó algunos temas tangenciales, y no afectó el espíritu de la ley, algo que me reconoce este camarada que fue un error tremendo de parte de nuestros diputados revolucionarios que hacían vida en ese momento en el Parlamento.

Es muy importante entender qué ocurría en Venezuela en 1964 y 1965, cuando fue redactada esta ley, para entender sus motivaciones. Sobre esto, prefiero recomendar el artículo de Javier Biardeau "¿Nos olvidamos del contexto histórico de la ley de partidos de 1965?", que, si bien es un poco largo, describe acuciosamente su contexto histórico.

Biardeau, sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explica cómo "las presiones de EE.UU y de los sectores más reaccionarios representados por la iglesia, la burguesía y sectores militares de derecha" realizaron una dura campaña para lograr la prohibición del Partido Comunista, un reflejo de campañas realizadas en otros países en el marco de la Guerra Fría, de los temores ante la victoria de la Revolución Cubana en 1959 y de las persecuciones macartistas que destrozó tantas carreras y vidas en Estados Unidos en los años 50.

El senador estadounidense Joseph McCarthy y su persecución a artistas y cineastas de quienes sospechaba ser comunistas.

"Desde el principio de 1958, estos sectores desarrollaron toda una campaña anticomunista orientada a crear terror en la población y a justificar la solicitud de pedir la ilegalización del PCV, además de perseguir a todos aquellos dirigentes de la junta patriótica, y cuadros políticos tanto de URD como de AD, que habían trazado una política de unidad de acción en la lucha clandestina contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, sin contar con la figura del exilio", explica Biardeau.

Recuerda el propósito anticomunista del Pacto de Nueva York y del Pacto de Punto Fijo, firmados en 1958 por los dirigentes de los principales partidos de aquel entonces. Explica que el 14 de febrero de 1962, Betancourt hace pública una línea política en la que señala que "los comunistas pueden ser ilegalizados". Los talleres de Tribuna Popular (el periódico del PCV) y de otros medios de izquierda son allanados en muchas ocasiones y los dirigentes comunistas son arrestados una y otra vez con una gran cantidad de excusas.

En 1962, tras las insurrecciones del Carupanazo y el Porteñazo, se suspende el funcionamiento del PCV y el MIR y cientos de militantes son arrestados y juzgados. Ese año también ocurrió la masacre del Liceo Sanz en Maturín, en la que agentes de la Digepol y militantes de AD y Copei asesinaron a dos miembros de la Juventud Comunista.

Para 1963, la mayor parte de la dirección del PCV y del MIR, incluyendo cientos de militantes, habían sido detenidos. Se arrestó ilegalmente a congresistas del PCV que tenían inmunidad parlamentaria, acusándolos de colaborar con "los desastrosos hechos del asalto al Tren de El Encanto", en los que fallecieron cinco guardias nacionales y el PCV se había deslindado.

Ese año, la Corte Suprema de Justicia ratifica la decisión de Betancourt de proscribir ambos partidos. Además, comienza a generalizarse la figura del desaparecido entre finales de 1963 y comienzo de 1964, en los teatros de operaciones antiguerrilleros.

El gobierno y los medios de comunicación criminalizaban al Partido Comunista y a la guerrilla. Los comunistas tenían muy poco acceso a los medios para explicar y justificar sus acciones, el gobierno cerraba sus periódicos y los pocos medios que se atrevían a darles participación eran allanados. De allí que el anticomunismo caló entre una parte de la población, que brindó un amplio respaldo a las elecciones de 1963 a pesar del llamado de la izquierda a la abstención. Allí ganó Raúl Leoni, de Acción Democrática, quien asumió en marzo de 1964.

En octubre de 1964, miembros de la JCV realizan la "Operación Van Troi", en la que secuestran en Caracas al teniente coronel Michael Smolen, segundo jefe de la Misión Militar de los EEUU y agente de inteligencia militar de la CIA, y pedían a cambio la liberación, en el otro lado del mundo, del vietnamita Nguyen Van Troi, miembro del Vietcong quien iba a ser fusilado en Vietnam del Sur por planear un atentado contra el Secretario de Defensa estadounidense. Esta acción recrudeció aún más las acciones del gobierno venezolano contra el PCV, fue usada mediáticamente en su contra, y hace aumentar el debate dentro de la izquierda sobre la validez de la lucha armada para llegar al poder.

Michael Smolen

En medio de todas estas conmociones es que se discute en 1964 la Ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones públicas. Explica Biardeau que la ley señala, en su exposición de motivos, tener como objetivo fundamental "normalizar" la vida política del país a través de "la regulación de las organizaciones políticas", de modo que "existía una intencionalidad cuya axiología no era abstracta, sino que remitía a las tensiones ideológico-políticas del momento histórico".

En opinión del diputado de FDP Ramón Echegaray, la ley estaba "dirigida a la identificación y persecución de potenciales opositores y disidentes". De hecho, Echegaray señaló que tal Ley "tiene una finalidad eminentemente macartista y casi va dirigida a impedir la existencia legal de las agrupaciones de tipo marxistas en el país".

Por esas razones, Biardeau critica que en la reforma de 2010, todos los artículos fundamentales de esta ley hayan quedado intactos y no hayan sido adaptados al espíritu del Constituyente de 1999.

La mencionada ley, en su artículo 10, especifica lo siguiente:

Los partidos regionales se constituirán mediante su inscripción en el registro que al efecto llevará el Consejo Supremo Electoral. Las solicitudes de inscripción deberán ir acompañadas de los siguientes recaudos:

1. Nómina de los integrantes del partido en número no inferior de 0,5 % de la población inscrita en el registro electoral de la respectiva Entidad. La nómina especificará sus nombres y apellidos, edad, domicilio y Cédula de Identidad 2. Manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él (...)

Si bien esta es una norma para los partidos regionales, el artículo 16 indica cuales son los requisitos para los partidos políticos nacionales, entre ellos la constancia "de que el partido ha sido constituido en doce por lo menos de la Entidades Regionales, conforme a las normas de la presente Ley".

Igualmente, el artículo 25 de la Ley agrega que "los partidos políticos nacionales renovaran, en el curso del año en que comience cada período constitucional su nomina de inscritos en el porcentaje del 0,5% en la forma señalada en esta Ley para su constitución", a menos que hubieran obtenido "en las elecciones nacionales correspondientes el 1% de los votos emitidos" (nota: en la ley original de 1965, este es el artículo 26).

En otras palabras, el registrar y renovar un partido político implica suministrar al menos una parte de la lista de miembros del partido, incluyendo nombres y apellidos, edad, domicilio y cédula de identidad, así como una manifestación de voluntad de que uno es miembro de ese partido.

Mi amigo del PCV me cuenta: "esto equivale a delatar a una gran parte de nuestros militantes", y es algo a lo que el PCV siempre se opuso.

Más que un registro, esta ley de 1964-65 buscaba intimidar a los miembros de estos partidos, descritos como subversivos y peligrosos, e impedir su legalización. Si eras un miembro del PCV, en una época de represión, allanamientos, arrestos injustificados, torturas, desapariciones y asesinatos, sencilla y llanamente no te ibas a registrar, lo que iba a impedir que el PCV recuperase su legalidad.

Firmar en apoyo a un partido no es lo mismo que ser miembro del Partido

Muchos dirán: "¿Pero por qué se enrollan tanto? Es una firmita y ya". Hoy, en nuestros días de libertad política, son muchos los que gustosamente quisieran ir a firmar apoyando al PCV. Yo mismo le dije a mi amigo que iría gustoso a firmar en apoyo al PCV si ellos nos convocaban, y que estoy seguro de que cientos o miles de personas del PSUV y otros partidos aliados también irían a firmar.

Pero una cosa es ir a firmar en apoyo a un partido, y otra cosa es ir a firmar indicando que eres miembro o militante de ese partido. Hay una gran diferencia entre lo que se hacía recogiendo firmas en apoyo a los partidos (como se hizo en 2011, la última vez que se hizo una renovación) y el propósito original de la Ley de 1964-65, que exigía una manifestación de voluntad de que eres miembro de ese partido.

¿Qué implica ser miembro del PCV?

Hay que entender que el PCV funciona de forma diferente a los demás partidos políticos. El Partido Comunista es un partido de cuadros, a diferencia del PSUV, que es un partido de masas. No basta con una firma para ser miembro del Partido Comunista; tienes que pasar por un proceso de varios meses de duración, hasta ser aprobado por el Partido. Tienes que ser parte de una escuela de cuadros, en la que pasas meses aprendiendo sobre el materialismo histórico, la lucha de clases como propulsora de cambios a lo largo de la historia de la Humanidad, el pensamiento de Marx, Engels, Lenin y otros luchadores revolucionarios.

Debes comprometerte con el marxismo-leninismo como ideología revolucionaria; debes tener una ética intachable; debes entender que un miembro del Partido es parte de su estructura y tiene que acatar sus líneas y su disciplina interna. Tienes que ser admitido y aprobado por el Partido. Ser miembro del Partido Comunista es algo muy serio.

Por ende, el mismo Partido Comunista no estaría de acuerdo conque cualquiera vaya a un puesto colocado por el Consejo Nacional Electoral, diga "yo soy del PCV" y firme. Eso significa que será el CNE el que decidirá quienes son los miembros del Partido Comunista y quienes no lo son, quitándole esa atribución al propio partido.

Yo sé que en los partidos de masas, como el PSUV, es distinto. De vez en cuando abren las inscripciones, y basta con ir y firmar en un toldo rojo para que el partido te considere parte de él. Nadie discute la importancia de los partidos de masas en un proceso como el nuestro. Pero hay que entender que el PCV funciona de forma distinta, y no podemos generalizar ni creer que todos los partidos deben funcionar como el PSUV.

Qué pasó en 2016

Mi amigo del PCV me cuenta que este problema causado por las sentencias de 2016 viene ocurriendo desde junio de 2015, cuando el abogado César Burguera Villegas introduce ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación del artículo 67 de la Constitución, relativo a los partidos políticos. y de los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos.

La Sala Constitucional responde el 5 de enero de 2016 con la Sentencia N°1, que prohíbe la doble militancia, un termino que no es mencionado en la Ley de Partidos Políticos, ni en la Constitución ni en ningún otros instrumento legal, me explica mi amigo.

La sentencia dice en parte que:

"Disponer de la identidad personal de un militante, simpatizante o integrante de un partido político, que suscribió una manifestación de voluntad exclusiva de pertenecer al mismo, constituye no solo una flagrante violación al derecho a la intimidad de ese ciudadano (artículos 28 y 60 de la Constitución), sino un abuso de confianza, de una transgresión ética a las reglas de funcionamiento democrático e institucional de un país, y a un verdadero fraude electoral. Esto se conoce como la doble militancia, que se puede convertir en una ilegal práctica de muchos partidos políticos, que se constituyen a la sombra de la legalidad, utilizando la identidad de militantes de otras organizaciones con fines políticos, sin la debida legitimación y cumplimiento de procedimiento alguno. No se puede pertenecer, legalmente, a dos partidos políticos a la vez, y su ocurrencia debilita la democracia, su transparencia y su integridad electoral. "La prohibición de la doble militancia no es más que la respuesta a la necesidad de fortalecer a los partidos políticos y a la promoción de la ética, respeto y disciplina en los mismos. Esta prohibición desde el punto de vista de los militantes como partidarios de una determinada organización, significa que no pueden aparecer en la nómina de dos partidos, pues ello indefectiblemente genera la afectación de nulidad por ilegitimidad de una de las dos organizaciones, al poner en duda no sólo el hecho de la debida autorización o manifestación de voluntad de esos electores, la cual es requisito sine qua non para su existencia, sino el que realmente cuente con el porcentaje requerido para la conservación del partido que impone el encabezado del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. "La data de los electores inscritos de un partido político debe estar a la orden del órgano rector electoral para evitar que la identidad de esos ciudadanos sea vulnerada y manipulada por alguna organización política, con el fin de agregarse como nómina de otro partido político, pues ello supondría una violación a la manifestación de voluntad del ciudadano/a de pertenecer al partido político de su preferencia, y su uso inadecuado, doloso y sin la autorización del elector inscrito en el partido político constituye un verdadero fraude a la ley".

Nótese que, según la sentencia, el partido debe poner a la orden del CNE la data de todos sus electores inscritos. Mi amigo me explica que esto lo consideran algo muy delicado; consideran que están obligándolos a delatar a todos sus miembros. Por razones de seguridad, no hay una sola persona en el PCV que tenga la lista de todos sus militantes. Éstas se mantienen fraccionadas entre sus distintos burós regionales, con diferentes medidas de seguridad, y esto es así por las persecuciones que han sufrido los partidos marxistas-leninistas en todo el mundo.

Temen que, si mañana surge un nuevo gobierno de derecha en Venezuela, lo tendrá muy fácil para conseguir esta data y perseguir a todos los miembros del PCV. O, ni siquiera eso: todavía son frecuentes en nuestro país los casos en los que empresas privadas persiguen y despiden a trabajadores que formen parte del PCV. Si esta data llegara a filtrarse, les facilitaría la discriminación.

Una vez emitida la sentencia del TSJ en enero de 2016, el CNE emitió una normativa en la Gaceta Electoral N° 801 de fecha 04 de abril de 2016, que reglamentaba las renovaciones de partidos políticos.

Los partidos aliados al gobierno venezolano se declararon en alerta y rechazaron la sentencia del TSJ y la nueva normativa. El 17 de mayo de 2016, los partidos PPT, Tupamaro, UPV, IPCN, MEP, CRV, NCR, PRT, REDES, Alianza Para el Cambio y PCV introdujeron una solicitud de aclaratoria ante la Sala Constitucional.

La Sala respondió con una nueva sentencia en octubre de 2016 ratificando la sentencia anterior y respondiendo también a una solicitud de aclaratoria del CNE, indicándoles que "debe verificar biométricamente (con captahuellas) las nóminas que acompañen las solicitudes de renovación o inscripción en curso o que se presentaren de los partidos políticos". En la primera sentencia, de enero de 2016, sólo se ordenaba "implementar mecanismos de seguridad (electrónica e informática)" para verificar la nómina de inscritos en cada partido, pero no se ordenaba el uso de mecanismos biométricos.

Esta nueva sentencia también establece que "el partido político que no cumpla con el proceso de renovación de su inscripción ante el órgano rector electoral, no podrá participar en ningún proceso electoral sea éste interno de carácter municipal, estadal y nacional". Si bien el partido no queda "ilegalizado" en el sentido de que será perseguido, el hecho es que el PCV ya no podrá funcionar más como un partido político, sino que queda reducido a una especie de club de panas marxistas-leninistas aficionados al dominó.

Ahora bien, ¿está bien interpretada en esa sentencia de 2016, las intenciones que tenían quienes redactaron la Ley de Partidos Políticos en 1964-65?

¿La Ley de Partidos de 1964 estaba en contra de la doble militancia?

Si bien la Ley de Partidos Políticos original exigía el registro de los miembros de un partido, dudamos mucho que el objetivo de esta acción fuese "la promoción de la ética, respeto y disciplina" dentro de los partidos políticos, como asegura la sentencia del TSJ de enero de 2016. Su principal finalidad, allá en 1964, era el registro de todos los electores de un partido como forma de presión y de intimidación.

Si eras miembro de un partido descrito como insurgente y peligroso (ejemplo: el PCV), simplemente no te inscribías, y esto hacía que al PCV le fuera imposible recuperar su legalidad.

Dudo mucho que al Consejo Supremo Electoral de los años sesenta le interesara verificar si cada firma que respaldaba a un partido no estuviera repetida en los listados de los demás partidos (doble militancia), y es que, en esa época, el CSE no tenía ningún mecanismo tecnológico para verificar la doble militancia. No habían computadores como los que tenemos hoy, y los que existían estaban fuera del alcance del Consejo Supremo Electoral y de nuestro país.

En 1961, un computador IBM de segunda generación tenía un costo de entre 7 millones y 13 millones de dólares, y sólo podía hacer unas cientos de operaciones por segundo. Los primeros computadores de tercera generación, como el IBM S/360, empezaron a surgir en 1964, costando más de 300 mil dólares. Por su precio y su novedad estaban fuera del alcance de nuestro país.

El Consejo Supremo Electoral venezolano no tenía un computador IBM 7030 como este, que costaba al menos 7 millones de dólares en 1961 y hubiera sido necesario para hacer una rápida verificación de doble militancia.

En otras palabras, cualquier verificación y comprobación que debiera hacer el ente electoral, tenía que hacerse de forma manual. En las elecciones de 1963 había 3.369.968 votantes inscritos. ¿Cómo haríamos una verificación de doble militancia en aquellos días?

Si llega el Partido Equis con un listado de 500 mil personas, y tenemos que verificar que ninguna de ellas esté inscrita en los otros partidos, hubiéramos tenido que buscar manualmente, nombre por nombre, en las nóminas de los otros partidos nacionales. ¿Se imaginan cuánto tiempo se tardarían en verificarlas?

En los años sesenta, la forma más "fácil" de hacer la verificación habría sido creando un expediente por cada elector, es decir: habría que guardar en algún lado 3.369.000 fichas o carpetas con el nombre y datos de cada elector, incluyendo su manifiesto de voluntad de que pertenece a determinado partido político. La verificación de la doble militancia involucraría un esfuerzo titánico, que tardaría años en realizarse y requeriría de cientos o tal vez miles de empleados públicos trabajando continuamente.

Algo que nunca se hizo porque el propósito de la Ley de Partidos Políticos, y del gobierno de aquel entonces, no era verificar la doble militancia. Su propósito era buscar que partidos "peligrosos", como el PCV, siguieran en la ilegalidad.

Dudo mucho que quienes crearon la Ley de Partidos Políticos en 1964 la hayan redactado pensando que algún día el CNE tendría computadoras, bases de datos, sistemas de verificación biométrica, captahuellas y demás herramientas tecnológicas necesarias para este tipo de verificaciones, con las que contamos hoy.

Con el paso del tiempo, se perdió este carácter en la ley, y la renovación de partidos políticos se convirtió en una formalidad un tanto fastidiosa; de allí que el CSE se volvió menos estricto en su cumplimiento. Bastaba con entregar planillas llenas de firmas.

Mi amigo del PCV me cuenta que, en los años setenta y ochenta, con el paso del tiempo y al bajar las tensiones, las renovaciones en los partidos se flexibilizaron. Partidos de izquierda como la Liga Socialista o el MEP iban de casa en casa buscando firmas, y era normal que mi propio amigo y muchos otros militantes del PCV, también firmaran en apoyo a partidos de izquierda como esos, ello a pesar de que el Partido Comunista, al igual que todo partido marxista-leninista del mundo, prohíbe la doble militancia. Pero el firmar en apoyo a otros partidos de izquierda no era visto como traicionar la militancia, sino como darles tu apoyo para que se reinscribieran.

Lo normal era que los partidos recogieran las firmas y se las entregaran al Consejo Supremo Electoral. Y ellos no veían problemas en eso. "Uno firmaba apoyándolos, luego ellos iban con esas listas de apoyo al CSE (Consejo Supremo Electoral)" y renovaban la inscripción del partido, me cuenta mi amigo.

Los partidos de derecha también hacía algo parecido. La rectora del CNE Tania D'Amelio contaba que era normal que varios partidos acudieran a una plaza y pidieran a un mismo grupo de personas que firmaran en apoyo a todos los partidos presentes. Una misma persona podía aparecer firmando en 4 ó 5 planillas. Y el asunto es ese: todo el mundo veía el acto de firmar como un acto de apoyo a un partido, no como una "manifestación de voluntad de que eres miembro del partido", como lo señala el artículo 10 de la Ley de Partidos aún vigente.

Sin embargo, las decisiones del TSJ emitidas en enero y octubre de 2016 y la nueva normativa del CNE de abril de ese año cambian todo, pues lo que hacen es reforzar la Ley de 1964-65, señalando que lo que se está haciendo es un registro de miembros y no una recolección de firmas en apoyo. La nueva sentencia, además, prohíbe expresamente la doble militancia y exige tomar medidas a nivel informático y biométrico para asegurar que cada quien sea quien dice ser. Además, la recolección ya deja de ser potestad de los partidos políticos para ser realizada directamente por el CNE.

No es que esté mal comprobar las identidades y penalizar la doble militancia. Lo malo es el cambio de reglas, pues de un mero procedimiento de recolección de firmas hecho por los mismos partidos de casa en casa, ahora estamos pasando a un procedimiento legal, burocrático y formal realizado por el CNE, que requiere que cada partido lleve a sus miembros a un punto determinado, un fin de semana específico, para que pongan sus firmas, huellas y especifiquen su dirección completa.

Esto se hace sin hacer primero una consulta amplia entre los diferentes partidos políticos, algunos de ellos (como el PCV) con una larga trayectoria en nuestra historia, y con mecanismos de admisión de militantes muy distintos a los demás partidos.

¿Busca el gobierno ilegalizar los partidos? ¿Se busca que el chavismo tenga un partido único?

Hay muchas teorías y conjeturas sobre estas acciones. Hay quienes creen que esto es una acción para dejar en el chavismo un partido único, y anular los demás. Mi propia experiencia me hace creer que esto se trata de un problema de comunicación entre personas aliadas, que deberían conversar con mucha frecuencia pero no lo hacen por razones que desconozco; tal vez por orgullo o creer que se la saben todas.

En lo personal, me he topado muchas veces en el gobierno a personas que llegaron a determinado cargo, y al sentirse apoyados e inmunes, se niegan a escuchar a los demás. Creen que se la saben todas, toman decisiones que afectan a miles de personas sin conocer o tomar en cuenta sus necesidades, carecen de humildad, de empatía, de comprender que no todos tienen la misma posición. Y, cuando la gente se molesta y protesta contra ellos, los descalifican llamándolos contrarrevolucionarios, ultrosos o infiltrados.

Sería supremamente estúpido que dentro del gobierno estuvieran jugando en estos momentos a crear descontento y confrontaciones en el chavismo, a causar molestias y heridas dentro del proceso.

Total: la revolución aún no sale de la dura derrota que sufrimos el 6 de diciembre de 2015. Se avecinan elecciones de gobernadores y alcaldes, y en 2018 vendrán las presidenciales. Los problemas que hemos vivido producto de la guerra económica pronostican que, a pesar de los fuertes esfuerzos del gobierno para solventar la crisis y proteger a los más indefensos, es muy probable que suframos un nuevo revés electoral en las elecciones regionales.

Yo creo que sería muy insensato de parte del chavismo el alejar a sus aliados, y en particular a aquellos que siempre han sido incondicionales con nuestra lucha. El PCV es un partido que, en las elecciones presidenciales de 2013, acaparó 1,89 por ciento de los votos, una cifra nada despreciable, considerando que esas elecciones se ganaron con 1,49 por ciento de diferencia con respecto a la oposición. En 2012 el PCV obtuvo 3,24 por ciento y en 2006 tuvo 2,9 por ciento de apoyo; otros partidos políticos aliados como Podemos y el PPT llegaron a tener 6,53 y 5,13 por ciento, respectivamente.

Todas estas cifras son superiores al 1 por ciento exigido por la Ley de Partidos Políticos. Habrá quien diga que eso es relativamente poco, pero en las circunstancias actuales que vivimos lo importante es sumar, no restar.

Hugo Chávez y Oscar Figuera, secretario general del PCV

El creer que todos los partidos tienen que funcionar de la misma manera, y negarse a buscar una solución para un problema que afecta a un partido revolucionario fundado en 1931, que tiene un carácter histórico y que no fue el causante de este conflicto, sin duda que no es fácil. No tiene sentido causar estas peleas sólo por querer interpretar al pie de la letra una ley escrita en 1964 por nuestros enemigos políticos; ley cuyo espíritu es contrario a la Constitución Bolivariana de 1999, y que estaba hecha no para defender la democracia, sino para violar los derechos políticos de quienes luchaban por un mundo distinto. El solucionar este problema requiere que alguien reconozca que se equivocó, en un ambiente donde se supone que se escoge a los mejores juristas del país para evitar que haya este tipo de errores.

Sea cual sea la causa, esperemos que el problema se corrija.

Que todos tengan la capacidad de sentarse en una mesa, escucharse, comprenderse; que se busque una solución a un problema tan delicado, y se finalice una confrontación que, en este momento de nuestra historia, no debería estar sucediendo.