El problema estalló porque, en el importante aumento salarial que se dio a los trabajadores públicos venezolanos en marzo de 2022, se disminuyeron los porcentajes de los diferentes bonos que forman parte del salario (a profesionales, especialistas, por maestrías, por antigüedad), y se hizo de forma silenciosa, sin explicar por qué, si es algo temporal ni querer dar ningún tipo de explicaciones.

El problema se intensificó porque se pagó un bono vacacional a los docentes, muy inferior porcentualmente hablando a lo pagado en años anteriores. Usando como base el sueldo del año pasado, lo que es ilegal (imaginen si se normalizara que cualquier patrón pudiera decidir pagar utilidades o pasivos laborales tomando como base el sueldo mínimo del año pasado).

Esto ocurrió sin información fidedigna sobre si esto es algo temporal, si se pagará lo demás después, etc.

No hay mayor información, nadie da la cara. No se explican las razones. En los medios públicos no se habla del tema. Nadie lo pregunta en ruedas de prensa.

Uno asume que el bloqueo y las sanciones tienen que ver. ¿Será que no hay dinero suficiente? Total, estamos hablando de 500 mil docentes y casi 3 millones de empleados públicos. No es poca cosa.

Pero sintonizas los medios públicos y hay un optimismo total: periodistas y políticos hablando de que "Venezuela se está arreglando", coberturas a conciertos, rumbas, fiestas, turismo en lugares costosos (Morrocoy, Los Roques, La Tortuga), créditos para medianos y grandes empresarios, etc. Cualquiera que sintonice los medios públicos concluirá que los graves problemas que vivimos desde 2016 son historia.

Evidentemente, esto causa descontento en los trabajadores a quienes se les eliminan beneficios y no se les explica por qué. Es como si te ignoraran, como si tus problemas no importaran.

Comprendan también nuestra posición: hemos pasado seis o siete años en muy mala situación económica, debiendo tener varios trabajos para poder continuar en la administración pública, ganando muy poco.

Mucha gente ha renunciado. Muchos de los que decidieron quedarse tuvieron que seguir haciendo su trabajo y el de los compañeros que se fueron. Tuvieron que formar a nuevas personas. Tuvieron que hacer muchos sacrificios, porque se sienten identificados y comprometidos con su institución y con este proceso revolucionario, ante el cobarde ataque al que es sometido el país desde el exterior.

Algunos no nos hemos ido porque simple y llanamente no queremos contarle a las personas dentro de 10 o 15 años que, cuando Venezuela sufrió el peor ataque que ha recibido en 200 años, algunos decidimos abandonarla, pudiendo habernos quedado aquí defendiéndola.

Pero entonces, la Organización Nacional de Presupuesto (Onapre) emite un nuevo instructivo salarial en el que se rebajan los bonos a las personas que tienen más años trabajando en la Administración Pública, a los que decidieron estudiar y quedarse defendiéndola en sus peores momentos.

Es como si nos dijeran: "Tú, que tienes tantos años trabajando aquí, que te formaste y decidiste quedarte a pesar de que en otros lados te pagarían mejor: en vez de agradecértelo, te vamos a rebajar los porcentajes de los bonos y primas, para ver si así, por fin decides irte".

Ese es el mensaje que uno recibe cuando te hacen eso... mensaje que se entiende mejor cuando te enteras de que la persona que dirige la Onapre tiene un lamentable pasado defendiendo principios neoliberales, según un documento difundido por el diputado Tony Boza en días recientes.

El neoliberalismo apuesta por un estado mínimo, con muy pocos trabajadores, que no intervenga ni toque a la empresa privada.

Gracias a los medios privados, uno se entera de que hay ministros y funcionarios públicos sentándose a dialogar y negociar con líderes de sindicatos.

Pero esto también trae problemas, porque lo que se habla con los jefes de sindicatos no es necesariamente lo que llega a oídos de los trabajadores. Tanto es así que, cuando se informó en días pasados que se pagaría un bono de 105 días a profesores universitarios (30 días este año y 65 días el año que viene), la mayoría de los profesores se enteraron por cadenas de Whatsapp sin mayor contexto, sin mayores explicaciones, o en todo caso con comentarios llenos de rabia y molestia, sin explicar el porqué de esta decisión.

Las explicaciones pacientes que los ministros hayan podido darle a los sindicalistas en las negociaciones no van aguas abajo a los trabajadores. La falta de comunicación provoca rumores y mucho descontento.

En consecuencia, los trabajadores se molestan y protestan.

A ellos se unen políticos que buscan ganar puntos en sus carreras.

No hay nada de malo en que una persona o un partido se solidarice con la lucha de los trabajadores; el problema es cuando quieren manipularla o usarla para sus propios fines, tales como causar violencia, guarimbas, destrucción de propiedades o personas o intentar usarla como cabeza de playa para derrocar gobiernos.

Los trabajadores deben estar muy alertas y no permitir que la lucha por sus derechos sea infiltrada, usada o manipulada por personas que quieren que se vuelva violenta para sus propios fines.

Si la lucha por sus reivindicaciones se polariza y se convierte en una pelea politiquera chavismo vs. oposición, se distorsionará completamente y la lucha por el respeto a las reivindicaciones se perderá.

Los trabajadores tampoco deberían permitir que se usen argumentos superfluos o politiqueros para manipularlos y hacerlos irritar en su lucha.

Pedir en estos momentos un "salario mínimo igual a cesta básica" es absurdo. Subir los sueldos mensuales de $20 a $600 en este momento es imposible desde todo punto de vista, dado el cerco que Estados Unidos y otros países tienen contra Venezuela al congelar sus cuentas en el exterior y no permitir el comercio del estado venezolano con otras naciones.

Tomemos en cuenta que somos 3 millones de empleados públicos. O 500 mil si sólo hablamos de docentes.

Para subir sueldos de 20 dólares mensuales a 600 dólares mensuales, se requeriría subir el gasto en sueldos, de $10 millones mensuales a $300 millones mensuales, y sólo hablamos de docentes.

Eso es casi imposible si no se incrementa de forma espectacular los ingresos del país.

Vamos a poner otro ejemplo. Se escucha con frecuencia argumentos como "los ministros que andan en grandes camionetotas" como forma de mostrar los desequilibrios que hay en el Estado venezolano, en contraste con la imposibilidad de pagar un bono vacacional a los docentes.

Incluso algunos proponen que se vendan todas las camionetas que tienen todos los funcionarios públicos del país para poder pagar a los educadores el bono vacacional. Al respecto, apliquemos un poco la lógica:

• Hay que recordar que "las grandes camionetotas" que usan ministros y funcionarios no son de ellos, sino de la institución. Muchas tienen varios años de compradas. Algunas instituciones, como las dedicadas al ámbito cultural, tienen un número muy pequeño de vehículos.
• Supongamos que decidimos vender camionetas del Estado para pagar el bono.
• Si hablamos de pagar un bono vacacional de 100 dólares a 500 mil docentes, estamos hablando de que necesitamos 50 millones de dólares. Suponiendo que pudiésemos vender cada camioneta del Estado venezolano a $25 mil, tendríamos que vender 2 mil camionetas.
• ¿De verdad hay 2 mil camionetas en el estado venezolano? De ser así, por mí que las vendan. Pero, una vez se vendan todas, ¿qué pasará el año que viene, cuando haya que pagar otro bono? ¿Vendemos todos los edificios del Estado? ¿Vendemos todo el mobiliario, todas las computadoras, las maquinarias de Sidor, las torretas petroleras, los autobuses Yutong y así, hasta que no quede nada?
• Entonces no faltarán los críticos que dirán que "este es un gobierno neoliberal que está privatizando todo".
• No se puede esperar que un funcionario que sale todos los días en televisión, que combate al hampa o a la delincuencia, que se ha ganado muchos enemigos (por ejemplo, el Fiscal General, el ministro de relaciones interiores, el jefe de la Policía Nacional o del Cicpc, etc.) se desplace en Metro. Es lógico que tienen que tener vehículos y escoltas, no sólo por los enemigos que puedieran ganarse, sino porque pueden ser víctimas del hampa, secuestros, sicariato, etc.
• Por supuesto que debería ser un número muy pequeño de funcionarios el que requiera de camionetas. ¿No puede un diputado, un viceministro o un director de institución, que muy pocas personas conocen y que raras veces sale en televisión, usar un carro de 4 mil dólares (por decir una cifra... no soy experto en carros), transportarse en moto o usar transporte público? ¿O usarse un sólo vehículo, o un autobús, para transportar a varias personas?
• Hablando con el corazón en la mano: ¿los vehículos se escogen de acuerdo a la necesidad que deben cumplir, o se usan como símbolo de estatus de los funcionarios públicos? Es decir: ¿A un funcionario se le asigna una camioneta porque de verdad necesita una, o porque un funcionario de tal rango debe demostrar su estatus social viajando en una camionetota?
• Diosdado Cabello también criticó una vez a viceministros y funcionarios medios que nadie conocía, pero tenían una caravana de camionetas y escoltas.

En fin: No nos dejemos manipular por argumentos absurdos, que sólo buscan irritar a personas que no quieren pensar bien el asunto.

Sin duda alguna que ayudaría mucho que el gobierno impusiera un régimen de restricciones fuertes en los gastos, tal y como hizo Hugo Chávez en 2009 cuando emitió la Ley de Emonumentos en medio de una crisis severa: que los funcionarios que tengan altísimos sueldos se los rebajen, que los gastos suntuarios se bajen a un mínimo, etc.

Pedimos que siempre se priorice el reparar, antes que el comprar. Con el dinero para comprar un carro nuevo se pueden reparar decenas de vehículos que están varados en los estacionamientos de muchísimas instituciones públicas.

Que se prioricen medidas como la adopción y uso de software libre y el desarrollo de aplicaciones propias, antes que la compra y el pago de software propietario, o el pago a empresas externas o extranjeras.

Ayudaría muchísimo también si determinados diputados, ministros y funcionarios no fueran tan ostentosos con la ropa, fiestas y escoltas que muestran. Un diputado ostentoso, que quiere demostrar su estatus o su clase social, difícilmente puede ser respetado cuando pide a los demás "resistencia" o le exige a la gente no protestar porque "estamos en una guerra".

Y no estamos sugiriendo que los medios públicos no reseñen los éxitos que se están teniendo en este complejo problema que vive el país. Pero cuando presentan un mundo absolutamente feliz y no reseñan los problemas y protestas de los trabajadores públicos -los mismos que sostienen el estado venezolano y lo han sostenido en momentos tan difíciles como esta crisis y la pandemia del Covid-19-, están irrespetando a millones de personas que han sido leales con este proceso.

Con esto no estoy criticando a los periodistas que trabajan en medios públicos -muchos de quienes piensan igual que nosotros- sino a quienes toman las decisiones sobre lo que se transmite en esos medios públicos.

Esto que vivimos hoy, ya lo pasamos también en 2018, cuando, luego de la terrible hiperinflación que pulverizó nuestros sueldos en 2017-2018, el gobierno subió el salario mínimo y lo fijó a medio Petro (30 dólares mensuales) y se prometió que continuaría indexado allí. Pero de pronto, sin explicación alguna, el bolívar se devaluó y no se cumplió la promesa de mantener el salario mínimo indexado al medio Petro.

Nadie dio la cara. Cuando a una funcionaria se le preguntó sobre el tema en una entrevista, respondió muy molesta con quien se la hizo. Otros diputados y funcionarios han respondido acusando a los que protestan de ser pagados por Rafael Ramírez, la CIA, la ultraizquierda o la ultraderecha.

Eso no debe ser así. Eso no fue lo que hizo Chávez. Chávez siempre dio la cara, e instó a sus funcionarios a darla.

En conclusión: esperamos que este conflicto se resuelva pronto y felizmente, que se logre un acuerdo para ir pagando poco a poco lo adeudado, y que no se recurra nunca más a soluciones ilegales y pésimas a nivel político, como el recortar bonos y sueldos a quienes han trabajado durísimo durante la crisis provocada por el bloqueo, las sanciones y la pandemia.