"Jamás van a poder imponerle a Venezuela otro gobierno que no sea el que el pueblo de Venezuela se quiera dar, libre y soberanamente"
Hugo Chávez Frías
Para caracterizar de la mejor manera la situación que viven los venezolanos, es necesario tener la mejor de la perspectiva y además determinar los hechos en su naturaleza. Actualmente el país vive una situación sumamente compleja, sin una adecuada dirección ni rumbo que ofrezca una real y efectiva corrección. De esto no escapa la FANB, con un inadecuado uso y empleo, con una estrategia de involucrarla más en áreas de la economía nacional, alejándola de su concepto constitucional de la seguridad integral de la nación, y por ende de la defensa de la soberanía nacional, surgiendo como obligación para todos los venezolanos asumir un comportamiento activo para decidir su destino y poder dar respuesta a la crisis que vive como consecuencia de la ingobernabilidad existente, ante la incapacidad y corrupción imperante en todos los diferentes ámbitos. Para ello, es necesario la confraternización con nuestra FANB, con esa fuerza Armada que vive la misma penuria, que el pueblo, hoy en las calles.
Es el momento de detener el comportamiento impune de estafadores del pueblo y de la FANB, que en diferentes escenarios mediante un constante engaño, abuso o victimización violan cualquier tipo de derecho y el respeto en general a la dignidad humana. Mientras la Constitución constantemente es transgredida, se juega con el hambre del pueblo, se desconoce la autonomía universitaria, la independencia de los poderes es una utopía, el derecho a protestar y exigir el cumplimiento del ordenamiento jurídico es reprimido, la disidencia política y militar es encarcelada, se entrega el territorio para el negocio de pocos, nada importa el medio ambiente o las comunidades indígenas, y quienes deben velar por la estricta verificación del Estado de Derecho lo desconocen. Lo más reciente que destaca en la actualidad ha sido la lamentable actuación del Tribunal Supremo de Justicia que a través de distintas decisiones sólo trata de proteger un incorrecto proceder del gobierno nacional, desconociendo el Pacto Social que acogimos los venezolanos en la vigente Constitución Nacional. Sin pronunciarse en materias pendientes de suma importancia como lo es el Decreto No. 2.248 del veinticuatro (24) de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.855 mediante el cual se oficializa la creación de la "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco", violándose con el mismo derechos humanos como la vida, a un medio ambiente sano, al agua y saneamiento, así como la protección de los pueblos y comunidades indígenas, afectándose el futuro de nuestras generaciones e igualmente la soberanía de nuestra patria.
El Máximo Tribunal de Justicia ha perdido su obligación de proteger con extremo celo el ordenamiento jurídico del país y por ende el respeto a sus normas jurídicas, no debiendo erigirse en un instrumento de defensa para el gobierno nacional sin importar la legalidad de sus actos, y mucho menos para limitar la Inmunidad parlamentaria y asumir competencias de la Asamblea Nacional bajo argumentos insostenibles, originando una ruptura del orden constitucional y el cuestionamiento permanente de la honorabilidad y conocimiento de sus miembros. Sus actuaciones constituyen un irrespeto a la decisión de millones de ciudadanos que sancionamos una constitución que nos protegiera, precisamente, de la venta de la Republica y nos blindara en la defensa de nuestra soberanía como pueblo en un territorio inviolable.
De ahí que, estableciendo la Carta Magna que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, la actuación debe ser en conjunto, no es el momento de individualidades, ni posiciones cómodas o egos, más aún cuando es el propio gobierno nacional, al quebrantar sus representantes constantemente la Constitución, son quienes han estimulado la presencia e intervención de instancias internacionales en el grave conflicto que atraviesa el país. Hechos entre otros que colocaron a los magistrados del TSJ en desacato constitucional bajo argumentos insostenibles que provocaron un cuestionamiento excepcional de la Fiscal General de la Republica y que permitió detener una precipitación de la nación a una situación de desorden mucho más aguda y riesgosa.
No podemos caer en chantaje alguno, se requiere el mayor número de participantes pueblo y FANB, no un diálogo de cúpulas, de lo contrario nos dirigimos a una espiral de violencia que de continuar e ir incrementándose nadie va poder detener.
Es necesario restituir la independencia de los poderes públicos, lo cual pasa por la realización de las elecciones diferidas y que las designaciones de los funcionarios de la administración cumplan con el procedimiento ético-legal establecido para ello. Demandándose Poderes Público que actúe por igual para quienes violen la ley, no sólo contra las minorías o aquellos que no poseen poder político o económico.
Aunado a la inmediata eliminación del abuso que se viene materializando con los estados de excepción, teniéndose más de un año con leyes habilitantes que rayan en la violación de la Constitución.
La Carta Magna debe cumplirse y ser respetada por todos, es primordial escuchar al pueblo y activar el camino de la participación. La represión y hegemonía sin opinión no es democracia. No olvidemos las lecciones del 11,12 y 13 de abril que nos dimos hace 15 años: una contrarrevolución triunfante que duro menos de 40 horas y una nueva revolución que restituyó la Constitución que hoy levanta la oposición, nada ajena a estos hechos, para restablecer al Presidente Chávez en sus funciones.
Marcando las diferencias de esos hechos con la situación actual enmascarada en una falsa polarización y haciendo un llamado a repudiar la búsqueda de atajos anticonstitucionales que esconden intereses foráneos y antinacionales, que en última instancia y como siempre conllevan a confrontaciones de pueblo contra pueblo, no nos queda otra que trabajar por la Confraternización Cívico-Militar y abrir cauces al Ejercicio Decisorio del Soberano bajo la consigna: ¡Dentro de la Constitución Todo, por fuera de Ella Nada!
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