El 20 mayo de 2018 se realizó en Venezuela la elección presidencial en un mes no muy común para los venezolanos; ya que se le había acostumbrado por más de cuarenta años al Pueblo que debían ser en diciembre aunque no era de carácter obligatorio realizarlas en tal mes; quizás se debía a la cercanía que tiene ese mes navideño y la finalización de un año fiscal con los días de aquel en que debía instalarse las sesiones ordinarias conjuntas del otrora Congreso en cada período constitucional con respecto a la Constitución de 1961 (art. 3 y 186). Es decir, se realizaban las elecciones en diciembre y se juramentaba el nuevo presidente el 23 de enero o el día posterior más inmediato posible.
Fue así como lo impusieron de costumbre los señores del Pacto de Punto Fijo; algunos para agarrar el coroto rápido y otros para maquillar las cuentas con tiempo logrando una transición sin prisa ni pausa. Sin embargo, se debe recordar que el 30 de julio del año 2000 se realizaron las llamadas “Mega Elecciones” para relegitimar todos los cargos de elección popular donde salió victorioso el Cmdte. HUGO CHÁVEZ como presidente quien posteriormente fue debidamente juramentado el 10 de enero de 2001 como ordena la actual Constitución de 1999 (art. 231). Casi 6 meses después.
Una experiencia similar fue la ocurrida el 20 de mayo de 2018, en la cual se celebraron las elecciones presidenciales para el período 2019-2025 puesto que este debía iniciar el 10 de enero de 2019. Casi 8 meses después. En este caso el presidente Nicolás Maduro, primero debía completar el período constitucional correspondiente al 2013-2019 para inmediatamente darle continuidad a su nuevo período por la cual fue relegitimado en mayo. Muchos han cuestionado la validez de las elecciones de 20-M; incluso sectores del chavismo. Sin embargo, estudios y entrevistas han revelado que personas afectas a la Revolución y los llamados Ni Ni han manifestado haber sido confundidos por la altísima manipulación de los medios de comunicación que se empeñan a desorientar las realidades en Venezuela.
Lo cierto es, que actualmente no se ha podido demostrar ninguna prueba que confirme la ilegitimidad de dichas elecciones. Sólo se argumenta en cuatro explicaciones infundadas: la primera, porque fue convocada por una autoridad ilegitima; segundo, por no haber tenido la participación de todos los actores políticos; tercero, por no haber sido realizada sin la participación de observadores internacionales; y cuarto, por no haber cumplido las elecciones con los estándares internacionales para un proceso libre, justo, transparentes y democrático. Por lo tanto, un grupo de países no reconocieron las elecciones y por lo consiguiente no reconocen a Nicolás Maduro como presidente para el periodo 2019-2025.
Sobre el primer argumento, con las atribuciones conferidas en la carta magna en sus artículos 347, 348 y 349 la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mediante decreto constituyente exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar lo conducente para celebrar las elecciones presidenciales para el mes de mayo tal como lo había solicitado el presidente Nicolás Maduro; quien a su vez lo suplicaba puesto que hasta ese momento la única coincidencia que existía entre la Oposición y el Gobierno discutidas en República Dominicana, eran la de querer las elecciones presidenciales. De hecho, actores políticos de la Oposición así lo hacían ver en sus múltiples entrevistas y declaraciones por los medios de comunicación. Por lo tanto, manifestar que fue convocada por una autoridad ilegitima no es sólo absurdo, injustificable e infantil; sino también es como querer matar al mensajero.
En segundo lugar, establece notoriamente en el capítulo IV la CRBV que la participación en los asuntos públicos son derechos políticos y no obligaciones por parte de los ciudadanos; por lo tanto, cada ciudadano opta por hacerlos valer. Las elecciones el 20-M fueron convocadas para participar todos los ciudadanos en el ejercicio de su soberanía y a través de sus organizaciones políticas. Fueron 16 partidos políticos incluyendo partidos adversos al gobierno que participaron lo que demuestra que el Estado garantizó este derecho. El derecho a votar en Venezuela no es prohibitivo por lo que cada ciudadano decide votar o no; es su plena decisión. Así como se tiene el derecho a votar o no, también se tiene el derecho a participar o no; pero esto no quiere condicionar que si un ciudadano no vota ya la elección es ilegítima o si varios partidos políticos no quieren participar en unas elecciones estas son ilegitima. Argumentar que las elecciones del 20-M fueron ilegitima por “no haber tenido la participación de todos los actores políticos”, no solo sería una clara incapacidad de reconocer la malcriadez y soberbia, sino también es patear la mesa porque se está perdiendo.
El tercer argumento se fundamenta en la nula participación de observadores internacionales. Ahora bien, las elecciones del 20-M fueron acompañadas por más de 2000 representantes como observadores internacionales; quienes también estuvieron en las múltiples auditorias y fases del proceso electoral respectivos. De hecho, no solo contó con la presencia de estos observadores sino también con los diversos representantes de los partidos políticos, organizaciones civiles, movimientos sociales y ex presidentes de naciones. Asimismo, las comisiones y delegaciones como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) y la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) confirmaron la transparencia de este evento como una vez lo hicieron la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Centro Carter y el Centro Electoral Andino en elecciones anteriores; por lo que pensar en una elecciones sin observación no sólo sería una negación incoherente sino también rayar en la contradicción. Es como un ciego que no quiere ver.
En cuarto lugar, la oposición manifiesta no haberse cumplido con los “estándares internacionales”. Es evidente que no explica a qué se refiere dicho esquema universal. Lo cierto es que Venezuela ha podido demostrar ser campeón en hacer elecciones y los menos que se puede decir es que sea un país antidemocrático; sería irracional. El CNE ha podido llevar su experiencia a otras latitudes por petición de muchos países para disponer en ellos un sistema electoral similar lo que le hace reconocer ser transparente en sus procedimientos. Las elecciones del 2018 fueron igual a las del 2015 cuando la Oposición ganó la mayoría del parlamento, mal pudiera calificarse como injustas y fraudulentas; pensarlo sería infantil y grotesco, porque es como un equipo de beisbol que busca cambiar las reglas del juego en el momento que va perdiendo. Es decir, existe un “CNE-Bueno” cuando la Oposición gana y un “CNE-Malo” cuando pierden.
Analizado esto, podemos observar que el proceso político en los últimos 6 años ha sido muy turbulento debido a que la Oposición no ha logrado asumir un liderazgo responsable y coherente que pueda agrupar y organizar los sectores que adversan a la Revolución. Pudiera decirse que en el 2015 lo lograron; sin embargo, aún está en discusión lo ocurrido en dicha fecha; lo cierto es que el Pueblo del 2015 ha podido madurar y entender las causas que originan la “guerra” económica o “crisis” para otros en este momento. Hoy en día no tenemos deudas electorales, pero si las tendremos en el 2020 cuando se tenga que elegir a los diputados del Poder Legislativo Nacional (Asamblea Nacional) a quienes se les vence el período constitucional. Aunque la actual e irrita Junta Directiva de AN se encuentra en un desacato contumaz y permanente a lo ordenado por la Sala Constitucional en sentencia número 948 de fecha 15/11/2016 y por ende ha sido un organismo que ha intentado subvertir el orden político y social de la Nación activando mecanismos inconstitucionales desafiando la soberanía popular, el presidente Nicolás Maduro se ha reservado el derecho consagrado en el artículo 236 numeral 21 de disolver dicho parlamento y llamar a nuevas elecciones; pero no lo ha hecho porque debe prevalecer la suprema garantía a la Paz y estabilidad en la República evitando así una confrontación entre hermanos. A veces un remedio es peor que la enfermedad.
No es poca cosa lo que viene haciendo y aguantando nuestro presidente Nicolás Maduro cuando tiene que enfrentar incluso las malcriadeces de los opositores; dirigentes que hoy dicen o piden una cosa y mañana se contradicen; asimismo, como una vez pidieron elecciones y el 20-M lo negaban. Hoy es igual, piden “cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Aquí nos conseguimos como si estuviéramos frente a un niño malcriado porque no le compran una chupeta. Una usurpación imaginaria porque no se quisieron aprender el Título IV del Poder Público de la CRBV auto convenciéndose que Venezuela había cambiado hacia un sistema parlamentarista. Nunca ha existido una usurpación por parte del Poder Ejecutivo y; no ha existido porque el presidente no debía juramentarse el 10 de enero ante una AN en desacato. Primero, no es obligatorio que un presidente se deba juramentar únicamente ante el Poder Legislativo, para ello puede hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como lo dicta el artículo 231 de la CRBV; y segundo, la oposición desconoció las elecciones de 2018 creyéndose que estaban frente a un gobierno ipso facto inexistente y lo paradójico es que no intentaron acciones judiciales para demostrarlo.
Piden un gobierno de transición sin explicar los argumentos legales. Violaron la Constitución al auto juramentar un presidente en medio de una plaza pública basados en un falso supuesto sobre una falta absoluta del presidente. Queriendo imponer un gobierno fantasma oxigenado por los grandes medios de comunicación internacional no lograron controlar las instituciones en Venezuela, con excepción de los activos que el Estado venezolano posee en EEUU y Colombia; estos gobiernos que no reconocieron al presidente Maduro aprovecharon la coyuntura para robarse el patrimonio infringiendo así el derecho internacional. Es decir, al pedir un gobierno de transición ellos mismo se contradicen, puesto que si se creen gobierno por qué no se auto transicionan en sí mismo.
Por último, piden “elecciones libres” y ahí nuevamente coincidimos como en el 2018, por supuesto que se les dará como siempre se ha hecho. En el año 2020 habrá elecciones parlamentarias porque son las que corresponden y no las presidenciales, si estás son las que quieren tendrán que esperar a activar un referéndum a mitad de mandato o esperar hasta el 2025. La Revolución no complace caprichos y aun si fuera el caso la CRVB tampoco lo permitirá. La Oposición has demostrado ser irresponsable porque actúa pidiendo una cosa y mañana contradiciéndola; transformándose así como la canción de la Pulga y el Piojo; es por ello que este año no habrá elecciones presidenciales; hacerlo, sería caer en el juego del niño malcriado y lo peor aún es que violaríamos nosotros mismos la Constitución. ¡NOSOTROS VENCEREMOS!
