Un sector de la Academia venezolana sigue confundido al no terminar de decidirse entre la actividad académica y científica, y la acción militante en pro de la imposición de una particular visión del mundo. No es que esta última aspiración sea mala en sí misma, lo malo es la forma como se ha pretendido alcanzarlo. Ya antes había escrito una nota sobre la manera equivocada cómo sectores de las universidades e institutos de investigación nacionales pretenden intervenir en el debate nacional y generar opinión pública, ideologizando, haciendo propaganda, mitificando, adoptando actitudes autoritarias al interior de la Academia y hasta mintiendo cínicamente, demostrando con ello una ausencia casi total de rigor académico. Tal actitud no le hace ningún bien a la Academia venezolana, por el contrario, contribuye a deteriorar el ambiente académico venezolano, desacreditándolo y distorsionando los valores que guían la labor inquisitiva y cuestionadora de la actividad científica y académica cuando se las realiza honestamente.

En los últimos días hemos podido presenciar en la prensa venezolana un sano interés por evaluar la acción pública en áreas importantes de la acción social. Este sano interés de control sobre la acción estatal debe ser realizado, sin embargo, objetivamente, de lo contrario, es ofensivo, por falso y sesgado. Para ser válido, este objetivo debe ser el resultado de una consulta amplia de sectores interesados, y no impedir manipuladoramente que la visión verdadera y extensa de un asunto se trate mostrando su diversidad. Tal situación ocurre en mi opinión con un reportaje sobre salud publicado recientemente en un diario de circulación nacional.

En este reportaje, dos investigadoras de un acreditado centro de formación e investigación nacional intentaron arrojar luces para un análisis crítico de la acción pública en materia de salud, interés sano y necesario por demás, lo malo, nuevamente, es la forma como pretendieron hacerlo. La información que aportaron es insuficiente para apoyar sus opiniones, sin embargo, las intentaron validar, gracias al amarillismo de los media, como conclusiones de un estudio muy meditado. En primer lugar, para realizar comparaciones interanuales del gasto en salud mostraron sólo los valores corrientes, cuando es absolutamente necesario deflactar el gasto en términos de los precios de un año base para realizar estas comparaciones válidamente. De haberlo hecho así, en lugar de afirmar que el gasto público en salud actualmente es excesivo, habrían confirmado que los niveles del gasto público anual en salud, revelan un incremento significativo (27,4 %), aunque razonable, especialmente en relación con los años de escasa inversión en salud del presidente Caldera, y están lejos de ser excesivos en las magnitudes que pretendieron señalar (trescientos o cuatrocientos por ciento).

En el reportaje se exagera la significación del gasto público en servicios de salud privada para cubrir el financiamiento de regímenes especiales de aseguramiento en salud de los trabajadores de la Administración pública y sus familiares, planes que en su mayoría no son nuevos y este gobierno ha heredado, cuyo costo es, sobre un total de 3,2 billones de bolívares -tomando como válido el monto que se señala en el reportaje- unos 102 millardos, es decir sólo 3,19% del gasto de toda la Administración pública en salud se destina a este fin. Con respecto a las pólizas de seguro, desde el año 1999, el nuevo gobierno, a través del MSDS, no contrata pólizas de HCM a sus trabajadores. Este fue un acuerdo contractual reflejado en una de las cláusulas de la contratación colectiva. Y no se hace por la paradoja que implicaba que el ministerio de la salud tuviese que contratar servicios de salud a sus propios trabajadores. Ningún otro gobierno se atrevió a hacer este planteamiento en el pasado. Esta realidad no coincide con la aseveración contenida en el reportaje acerca que el grueso de este gasto se concentra precisamente en el MSDS (82,3%).

El diario refiere igualmente una disminución en los aportes públicos al IVSS e IPASME, aquí se produce de nuevo un error metodológico quizás por hacer referencia a valores relativos. Lo cierto es que los aportes públicos a los servicios de salud de estas instituciones no sólo no han caído, sino que han aumentado considerablemente y se mantienen en los niveles más altos de toda la serie durante los últimos diez años. En el caso del IPASME, los aportes gubernamentales se han recuperado notablemente en relación a la práctica del gobierno del presidente Caldera y los volúmenes de financiamiento exceden en más de 100% los aportes públicos realizados por ese gobierno.

En la investigación se alcanza a afirmar que el 86% del consumo de los hogares en salud y seguros HCM se concentra en la población de altos ingresos. Esto no indica mayor problema, al contrario, es lo que uno desearía, eso dice que el grupo de la población de menores ingresos no destina sus recursos a la salud y no acude al sector privado, por lo tanto hacen uso principalmente de los servicios públicos y se apoyan en el financiamiento gubernamental de los mismos. Sería inconveniente encontrar lo contrario, mayor presencia de hogares pobres gastando en salud. Consistente con esta situación es la aseveración que sólo el 35% de la población acude a servicios de atención privada, lo que significa, entonces, que el 65% de la población que requiere de servicios de salud, acude a servicios públicos.

La investigación afirma que el sistema público de salud es ahora, con más recursos, más ineficiente. Esta afirmación podría aportar un conocimiento novedoso, si hubieran señalado al mismo tiempo, en qué términos están evaluando la eficiencia, en relación con cuáles variables, a cuáles partidas del gasto se refieren y desde qué momento se puede hablar de ineficiencia, me parece que revela poco rigor metodológico decir que el gasto en salud es ineficiente sin siquiera hacer mención a las condiciones de salud generales de la población, las cuales han mostrado, es el caso de la mortalidad infantil, notables mejoras.

Uno de los aspectos en los que se profundiza, por cierto en este respecto, es en señalar la alta proporción del gasto de personal. Pero eso es lo que se espera en un sector que, en primer lugar, es de servicios y, en segundo lugar, requiere necesariamente de gran cantidad de mano de obra y de personal calificado. Por mucho que requiera de tecnología avanzada, siempre tendrá médicos, enfermeras, auxiliares, empleados, etc. Lo que si debería revertirse es la proporción de personal administrativo y obrero con respecto al asistencial, pero esa es una burocracia que sin duda se ha heredado de otras gestiones y que no se elimina de la noche a la mañana, primero, porque se necesitan recursos para las prestaciones y luego, porque tiene un impacto sobre el desempleo.

Abundando sobre este punto, se menciona que los recursos adicionales se han utilizado en gran parte -sin aportar datos- para atender deudas, jubilaciones y pólizas de seguro, aquí es importante mencionar varias cosas (ya hablamos arriba sobre las pólizas de seguro):
• La deuda laboral se heredó de anteriores administraciones que no cumplieron sus compromisos con los trabajadores del sector en el pago de las cláusulas contractuales, aunque sí por cierto con la banca privada extranjera. Esa deuda se viene arrastrando, por diferentes conceptos, desde hace años. Este Gobierno en el año 2000 logró saldar la deuda laboral de los obreros, empleados, médicos y enfermeras en todo el territorio nacional. Eso implicó una fuerte erogación de recursos, pero el Estado se puso al día en su compromiso con los trabajadores, algo que nunca ningún gobierno había hecho.
• Además, se homologó al de los médicos, el sueldo de otros profesionales de la salud, en particular, de los gremios de enfermeras, bioanalistas, odontólogos, farmacéutas y nutricionistas. Este gobierno le ha otorgado reivindicaciones a los trabajadores como ningún otro, entre otras, se incrementaron tanto los bonos de fin de año como el de vacaciones.
• Se ha cumplido con el pago del ticket alimentario para todos los trabajadores de la salud, incluso para los médicos, a nivel nacional y de acuerdo con lo establecido en el decreto y la convención colectiva.
• Se ha estado actualizando las jubilaciones atrasadas.

Finalmente, como ya señalara en un artículo anterior, escribo estas notas no con el fin de hacer una apología a la acción gubernamental, seguro que se han cometido y se cometen muchos errores, sino con el propósito de elevar el nivel del debate público y sobre políticas públicas en Venezuela.


Profesor
Instituto de Estudios Políticos
UCV