"No niego los derechos de la democracia; pero no me hago ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo."
Henri-Frédéric Amiel.
La designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es el resultado de animosos esfuerzos de entendimiento entre gobierno y sectores de oposición, a fin de influir positivamente en la realización de los venideros comicios electorales, teniendo presente que toda salida a la profunda crisis porque transita el país debe pasar por el tamiz de unas elecciones, en consecuencia, querer desentablar conflictos partidistas imponiendo sus autoridades mediante sentencias contenciosas, no son actos pertinentes. Menos aún en estos tiempos.
La designación del nuevo CNE es para el gobierno una contribución a la apertura de cauces en favor de la participación de todos los sectores de la sociedad civil en los venideros comicios; para la oposición radical y no tan radical, es un acto más de arbitrariedad, de desconocimiento al Poder Legislativo y al Comité de Postulaciones encargado de estudiar las peticiones, el listado de candidatos a rectores y presentar sus consideraciones ante las dos terceras partes del parlamento encargado de designarlos. En tanto que para otros sectores de la oposición, desde el propio parlamento y en la denominada Mesa de Dialogo Nacional, es el resultado de una tarea inaplazable en la búsqueda del fortalecimiento del sistema electoral.
La manera inapropiada (no había otra, recordemos la existencia de un parlamento neutralizado por las maniobras y divisiones de la propia oposición y las jugarretas jurídicas del gobierno y las sentencias judiciales) para designar los rectores del Poder Electoral, es la consecuencia de un conjunto de actitudes, posiciones y actuaciones que han pretendido huirle a las salidas que quieren evitar a toda costa la realización de elecciones convenidas, veamos:
1. Para la oposición encarnada en el denominado G4 (AD, UNT, PJ, VP), el mantra – cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres- es el slogan de guerra, desgastado, sin aliento, famélico, sin perspectiva pero que sus proponentes no abandonan, es por esa razón que su participación en cualquier elección estará condicionada a que Nicolás Maduro Moros deje la presidencia.
2. Fuertes manifestaciones de los sectores opositores adversos al mantra del "gobierno interino" (?), se han desatado en los últimos tiempos, desde la denominada "rebelión de las regiones", encabezada por los parlamentarios Luis Parra, Franklin Duarte, José Gregorio Noriega y José Brito, como las posiciones de Henri Falcón y Avanzada Progresista, de Claudio Fermín con SOLUCIONES, y Felipe Mujica con el MAS, que se atrevieron a pesar de la estridencia del radicalismo y de los cabilleros mediáticos, a sentarse con el gobierno y hacer propuestas concretas para abrir caminos al entendimiento con miras a superar la difícil coyuntura que afecta al país. Lo cual no despierta en el G4 la más mínima curiosidad por estudiar las causas de esas manifestaciones, manifestaciones que han llegado incluso al umbral de las salas de sesiones partidistas, desatando una oleada de reacciones internas muy especialmente en AD, PJ, VP. En el caso de AD y de otros factores, la judicialización de sus crisis internas por parte del TSJ, llegándose al dislate de imponerle autoridades las cuestionamos, deben ser los partidos los encargados de solucionar sus propios conflictos; si no nos gusta la intromisión de Trump en los asuntos internos del país, tamaño despropósito también merece nuestro rechazo.
3. El gobierno, carente de una mayor disposición al dialogo, a los entendimientos y a emprender consensos para el diseño de políticas comunes en lo económico y lo social, disfruta de las pifias de la clase opositora disparatada y sin cohesión; el gobierno cabalga cómodamente sobre los cimientos del poder y hace ciertas concesiones gracias al empeño de la otra oposición, más modesta (hablando en términos cuantitativos), que logró dos rectores no alineados con el gobierno en el CNE, incluyendo en la vicepresidencia del órgano al Dr. Rafael Simón Jiménez Melean, experimentado político, de una gran preparación intelectual y de probada solidez ético-moral. Tal acontecimiento no son "conchas de ajo". Recuerdo y comparto con ustedes lo que hace unas décadas atrás me comentara un hombre de gran solvencia moral como el Dr. Samuel Darío Maldonado, para entonces Secretario General del MEP en el estado Barinas y Alcalde de la capital, de su reconocimiento a Rafael Simón Jiménez (para entonces líder del MAS) como un político serio y honesto.
Con estas afirmaciones no quiero decir que le estoy dando un voto de confianza al gobierno, prefiero dárselo al nuevo CNE, aun cuando falta mucho camino por recorrer desde ahora y hasta la realización de las nuevas elecciones parlamentarias; unas cuantas tareas faltan por resolver, entre las que destacan las nuevas reglamentaciones que habrá de elaborar y aprobar el órgano electoral, como por ejemplo, las regulaciones al uso del espectro radial, televisivo e impreso de los medios estatales durante la campaña electoral; la condena política y penal a quienes utilicen recursos públicos y promuevan actividades proselitistas para favorecer candidatos y parcialidades partidistas desde el gobierno; las garantías que el Estado está en el deber de aplicar en función de evitar la violencia y las agresiones contra las actividades propias de la campaña electoral; la garantía de permitir el sufragio a los venezolanos en el extranjero; el retorno de la tinta indeleble para los electores, la masificación de las maquinas captahuellas y el cese de los denominados puntos rojos y azules y con ello un CNE más autónomo.
Igualmente, es tarea impostergable las reformas puntuales a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), en cuanto al equilibrio de la proporcionalidad y la uninominalidad en la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, consejos legislativos y cámaras municipales, a fin de que, por lo menos, la mitad de estos se elijan proporcionalmente, así por ejemplo el estado Zulia podrá elegir a ocho de sus quince diputados por lista y no a tres como ha sucedido hasta ahora, a fin de dejar atrás un sistema de elección de mayorías. Igualmente la inclusión del principio de la Representación Proporcional de las Minorías (RPM) para la elección de los diputados adicionales por cociente nacional, propuesta que no es desmedida si tomamos en cuenta que el derecho a elegir es un derecho humano universal y, su inclusión democratiza aún más la representación de los órganos de representación popular como la Asamblea Nacional, en el marco de una democracia participativa y protagónica, con un ejercicio gubernamental como lo establece el artículo 6 de la Carta Magna vigente, "…democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.".
Otros temas a resolver en la reforma a la LOPRE no pueden quedar en el tintero, como por ejemplo, el tema del acompañamiento internacional, con una composición amplia y plural, contando con la participación del mayor número de órganos de diversas latitudes; así como de instituciones e individualidades nacionales conocedoras del ámbito político-electoral; la renovación de las representaciones parlamentarias venezolanas ante los parlamentos internacionales, mediante elecciones universales, directas y secretas aplicando el principio de la proporcionalidad.
¿Cómo resolver estos aspectos concernientes a la LOPRE, si no hay condiciones en el parlamento para conseguir las dos terceras partes y sobre todo el consenso capaz de garantizar la reforma de esta Ley Orgánica? Debe corresponder esta tarea al Tribunal Supremo de Justicia, a fin de facilitar la labor del nuevo CNE así como para generar condiciones óptimas en favor de la transparencia, el entusiasmo y la confianza en el seno de la sociedad para conseguir una alta participación. Igualmente el máximo tribunal debe abrir las compuertas a la participación de todas las individualidades y partidos políticos, inclusive a aquellos que han sido inhabilitados, en tanto que al gobierno dar muestras entusiastas en favor de la paz y de la reconciliación, el escenario ideal sería la realización de una campaña electoral sin presos políticos y sin las asfixiantes sanciones económicas que aplica el gobierno de los Estados Unidos.
De lograrse todos estos propósitos concluiríamos en que la clase política estará acertando en el gran objetivo de lograr un acuerdo perspicaz, que satisfaga los intereses legítimos de los actores, es decir, camino a resolver los conflictos de intereses con ecuanimidad, sin dejar de perder de vista lo más importante, los intereses y anhelos de la sociedad en general.
