Vuelve nuevamente al tapete luego de dos meses de silencio, el caso del maletín que con una suma cercana al millón de dólares fuera decomisado por la aduana argentina cuando un empresario venezolano-norteamericano, Guido Antonini Wilson, intentó pasarlo de contrabando, viajando en una “colita” (aventón, auto-stop) en un avión alquilado para trasladar altos ejecutivos de la empresa petrolera del estado argentino ENARSA y al hijo de un alto jerarca de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.).

Esta vez el origen de la noticia reproducida con bombos y platillos por la prensa internacional, parte de unas confusas declaraciones de Thomas Mulvihill, asistente del fiscal general de los Estados Unidos, luego del arresto de tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo en Miami y la apertura de un proceso judicial ante el juez federal Robert Dude, quien solicitó además la captura de un quinto hombre, también de nacionalidad venezolana y posiblemente de un sexto de nacionalidad argentina.

Los cinco (o seis) hombres mencionados son acusados de actuar ilegalmente como agentes de un gobierno extranjero (que en este caso sería el de Venezuela) sin haber comunicado esa situación al fiscal general, lo cual constituye un delito en EE.UU.

La acusación se fundamenta en información proporcionada por el FBI (Federal Bureau of Investigations) que según la “Ley Patriota” presentada por el Gobierno de George Bush para “combatir el terrorismo” y aprobada por las cámaras norteamericanas, no tiene necesidad de acreditar ni revelar sus fuentes, en aras de la “seguridad del estado”.

Según lo hecho público, estas informaciones que permitirían demostrar que los acusados actuaron en conspiración para presionar a Antonini Wilson a fin de que no revelara las verdaderas fuentes ni el propósito del dinero decomisado, están basadas en una vigilancia secreta y en grabaciones también secretas (que la Ley Patriota vuelve legales sin orden judicial) realizadas por el FBI. Algunas de estas grabaciones según parece, fueron hechas en la propia vicepresidencia de Venezuela (por lo visto el FBI “escucha secretamente” en las propias dependencias de gobierno de nuestros países).

Se insinúa también (siempre se insinúa, nunca se define claramente, es imposible determinar a través de la prensa internacional cuál y cuánta información procede del FBI y cuál y cuánta es agregada o embellecida por la propia prensa) que el FBI sabe que el dinero procedía del gobierno venezolano y su destino era financiar la campaña de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

La reacción de los dos gobiernos implicados ha sido rápida y precisa, ambos han negado todo tipo de relación con el asunto, y en distintos tonos han responsabilizado al gobierno norteamericano de generar una campaña de “basura” a fin de descalificarlos.

Curiosamente, el principal implicado, Antonini Wilson, queda en este caso libre de toda acusación y se convierte en “testigo protegido” por el FBI, lo cual lo coloca -según las leyes norteamericanas- en una situación que justifica su no extradición (solicitada formalmente por la justicia argentina) por parte del gobierno de Bush.

Todo parece indicar que nos encontramos nuevamente en medio de la guerra de cuarta generación, la guerra de las matrices de opinión gestionadas por el sistema hegemónico de “información”, en este caso al servicio de los intereses políticos inmediatos del estado norteamericano.

La creación del Banco del Sur, las declaraciones de la nueva presidenta de Argentina al asumir el poder, las excelentes relaciones y alianzas políticas y económicas entre Venezuela y Argentina, así como los vientos integracionistas e independentistas que soplan en toda Latinoamérica y que van concretándose día a día en hechos reales, así como la inédita comunidad de voluntades políticas de sus gobiernos, colocan a los EE.UU en la necesidad imperiosa de generar cuñas en estos procesos, ante el alboroto incontrolable en su “patio trasero”.

El uso de este tipo de noticias, confusas y sin confirmación de fuentes, pero repetidas sistemáticamente en forma sesgada y espectacular a través de las cadenas informativas en todo el planeta, busca confundir opiniones públicas y aparatos de estado, creando dudas y desprestigiando a los gobiernos latinoamericanos. El uso del sistema de comunicación masiva globalizado como generador de matrices de opinión adecuadas a los intereses hegemónicos, es parte de la estrategia general de dominación, que combina la presión política y militar con la manipulación y la formación de “realidades virtuales” adaptadas a la conveniencia del poder.

E-mail: miguelguaglianone@yahoo.com.ar