La mesa de negociaciones instalada en la Habana (Cuba) anunció que las dos partes –el gobierno colombiano y las FARC– han llegado finalmente a un acuerdo respecto al primer punto de la agenda establecida: la cuestión agraria.
Luego de seis meses de conversaciones se ha logrado un consenso sobre el problema que ambas partes consideran como el principal factor generador del conflicto armado, que lleva ya más de medio siglo desangrando al país. Este acuerdo tiene un importante significado, ya que este proceso de negociaciones no ha sido ni seguirá siendo fácil.
Demasiada agua ha corrido bajo los puentes en todo este tiempo de guerra. Demasiadas marchas y contramarchas, traiciones, fracasos, decepciones, que han provocado una profunda desconfianza mutua entre las partes.
Por otro lado, la colombiana es una sociedad compleja y sui generis. En ella coexisten, con mayor diferenciación que en otras de Latinoamérica, distintos grupos de poder independientes y que responden únicamente a sus propios intereses. Estos grupos de poder a veces se enfrentan, a veces se ignoran o a veces se unen para causas comunes. Distinto a lo que sucede en otros países, donde la influencia de los grupos de poder generalmente es sólo política, social o económica, en Colombia la situación llega hasta la disposición de la fuerza de las armas. Allí no solo es el Estado quien monopoliza su uso, sino que varios de estos grupos (las propias FARC, los paramilitares, el narcotráfico) también las tienen y utilizan.
De un modo o de otro, y a pesar de que en la mesa de negociaciones están presentes solamente el gobierno y las FARC, los intereses de esos distintos grupos de poder están participando y presionando en las deliberaciones.
La capacidad de negociación del gobierno está condicionada y limitada por diferentes factores. Existe por ejemplo un sector de la derecha más recalcitrante (los uribistas y los más reaccionarios) que no quiere las conversaciones de paz, que cree que la única alternativa posible es exterminar militarmente a la guerrilla. Igualmente están los intereses económicos de otros grupos que lucran con el conflicto, que se verían afectados directamente en caso de lograr la paz.
El presidente Juan Manuel Santos ha mostrado desde su llegada al poder ser un excelente negociador. A pesar de ser un representante directo de la vieja oligarquía colombiana (la "godarria", los dueños del país desde la más temprana época de la colonia) ha sabido por ejemplo, negociar con el presidente Chávez y la Revolución Bolivariana y restablecer las buenas relaciones (y normalizar el flujo comercial) entre Venezuela y Colombia. Esa flexibilidad, lograda aplicando la "realpolitik", ha llegado hasta mantener en la UNASUR una coincidencia de opiniones y decisión con los países considerados como gobiernos mucho más a la izquierda que el suyo.
Creemos también que Santos ha debido hacer concesiones a esos factores internos para seguir avanzando en la negociación. Una de ellas parece ser la negativa a acordar un alto al fuego mientras se realizan las conversaciones –negativa presionada sobre todo por algunos grupos militares– que representa otro factor que aumenta lo arduo del proceso.
Las FARC por su parte, si bien están en la mejor disposición para lograr la paz, también tienen presiones que condicionan sus decisiones. Presiones que tienen que ver con que luego de tantos años de lucha, son algo más que un movimiento guerrillero. Su accionar en la sociedad colombiana les ha ido generando compromisos económicos y sociales que también están presentes en la mesa de conversaciones.
Estos son algunos de los múltiples elementos que explican el reiterado fracaso en los diferentes intentos de lograr la paz a lo largo de todos estos años, y que dan la medida del alto grado de dificultad de todo este asunto. De allí la importancia de haber llegado a este acuerdo. Es la primera vez en reiteradas tentativas que se ha avanzado tanto hacia una solución del conflicto.
A pesar de que el punto resuelto estaba considerado el más difícil de negociar, el camino en adelante no estará sembrado de flores. Cada uno de los cinco puntos restantes es difícil y complejo (el próximo por ejemplo, deberá considerar entre otras cosas la reinserción social y política de las FARC en un escenario de paz, cosa nada sencilla en Colombia, considerando como en épocas anteriores otros alzados en armas fueran exterminados –asesinados uno a uno– una vez que las depusieron y se reintegraron a la vida social. Y la cuestión es que por acuerdo previo, todos los puntos de negociación son vinculantes. Los acuerdos solo serán puestos en vigencia si se logran en toda la agenda.
Algo a destacar es como este problema que afecta a Colombia se convierte –en el actual escenario de integración latinoamericana– en un problema de todos. No solo el apoyo de la UNASUR, sino la intervención directa de distintos gobiernos (el de Cuba por supuesto, y otros, aún de orientaciones ideológicas tan disímiles como los de Chile y Venezuela) han sido factores fundamentales para concretar estas negociaciones.
En el caso de Venezuela, el presidente Santos (en ocasión del funeral del mandatario venezolano) hizo un reconocimiento expreso de la actuación del presidente Chávez y su importancia en el recorrido previo para haber logrado las conversaciones de paz.
Finalmente, como vemos entonces, queda todavía un duro camino que recorrer para llegar a la paz que tanto necesita la sociedad colombiana. Por eso no importa demasiado que las deliberaciones se sigan prolongando en el tiempo –a despecho de las expectativas de muchos– si esto significa que el proceso va avanzando en forma sólida y segura
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