Una jueza federal concedió este lunes una moción de emergencia para suspender los intentos de la Administración Trump de poner fin al programa de parole humanitario (CHNV) que benefició a 530,000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La jueza Indira Talwani manifestó su preocupación por el hecho de que el Gobierno de Trump haya revocado, sin una revisión caso por caso, las protecciones y autorizaciones de trabajo previamente concedidas a miles de inmigrantes que dependían del programa para seguir residiendo y trabajando en Estados Unidos.
La jueza también ordenó que se suspendieran todos los avisos de revocación enviados a los participantes del programa de los cuatro países, a la espera de una nueva orden de la corte.
"La corte considera que los demandantes tienen legitimidad para impugnar la reducción de su participación en el programa", escribió Talwani en su orden. Señaló que a los demandantes se les permitía trabajar legalmente si recibían autorización de trabajo, y podían solicitar el ajuste de estatus u otros beneficios.
Si se permite que su estatus legal actual caduque en las próximas dos semanas, indicó la jueza, "se enfrentarán a dos opciones desfavorables: seguir la ley y salir del país por su cuenta, o esperar el proceso de expulsión".
Los programas, cuando estaban en pleno vigor, permitían la entrada de hasta 24,000 personas durante un período temporal de hasta dos años, tiempo durante el cual pueden solicitar ayuda humanitaria u otros beneficios y recibir autorización de trabajo.
Tal como escribió la jueza Talwani en su orden, el programa especificaba además que aquellos "a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración tendrán que abandonar los Estados Unidos al expirar su período autorizado... o, por lo general, serán sometidos a procedimientos de expulsión".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) había emitido una directiva el 20 de enero, un día después de que el presidente, Donald Trump, tomara posesión, para restringir y conducir a la eliminación del programa CHNV, para "acabar con el amplio abuso del parole humanitario".
"El Gobierno de Biden abusó del programa para permitir de forma indiscriminada la entrada a nuestro país de 1.5 millones de migrantes. Esto ha sido frenado en el primer día de la Administración Trump", indicó un comunicado en el que se anunció la decisión.
Hasta finales de 2024 habían entrado con el programa CHNV, con permiso de dos años de residencia y trabajo, 110,240 cubanos, 211,040 haitianos, 93,070 nicaragüenses y 117,330 venezolanos, según las cifras de USCIS.
La jueza especificó que su orden se aplica a cualquier intento de finalizar anticipadamente las protecciones de forma masiva y sin una revisión caso por caso.
Los portavoces del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el fallo.
"En nombre de todos aquellos que llegaron a Estados Unidos a través del programa CHNV, hicieron todo lo que el gobierno les pidió y han estado viviendo con el temor de que su estatus legal y sus permisos de trabajo les fueran retirados el 24 de abril, nos sentimos aliviados por la decisión del tribunal, que se basa tanto en el daño que estas personas sufrirían como en su probabilidad de ganar este caso", declaró Anwen Hughes, abogada del demandante y directora sénior de estrategia legal para los programas de refugiados de Human Rights First.