La última vez que Nathali Sánchez tuvo noticias de su esposo fue el 14 de marzo, cuando este llamó desde un centro de detención de Texas para decirle que iba a ser deportado a Venezuela. Más tarde, esa misma noche, le envió un mensaje de texto a través de una aplicación de mensajería del gobierno para detenidos.
"Te amo", escribió, "pronto estaremos juntos para siempre".
Su esposo, Arturo Suárez Trejo, músico de 33 años, llevaba un mes bajo custodia estadounidense, llamando cada pocos días para asegurarle a su familia que estaba bien, dijeron sus familiares. Ahora, la pareja creía que se reunirían y que él conocería por fin a su hija, Nahiara, que había nacido durante su breve estancia como migrante en Estados Unidos.
Pero menos de un día después, Suárez fue encadenado, montado en un avión y enviado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, según una lista interna del gobierno de los detenidos obtenida por The New York Times. En la época en que Suárez enviaba mensajes de texto a su esposa, el gobierno de Donald Trump invocaba discretamente la Ley de Enemigos Extranjeros, un amplio poder en tiempos de guerra que permite al gobierno deportar rápidamente a ciudadanos de una nación invasora.
Tras hacerse pública la orden, el gobierno de Trump alegó que Suárez y otras 237 personas eran miembros de una banda delictiva venezolana llamada Tren de Aragua, que estaba "alineada con" el gobierno venezolano y estaba "perpetrando" una invasión a Estados Unidos.
Sánchez con una foto de su esposo, Suárez.Credit...Cristobal Olivares para The New York Times
Sánchez mostrando los últimos mensajes que Suárez envió antes de perder el contacto con él. "Te amo con mi vida", escribió.Credit...Cristobal Olivares para The New York Times
Fue una medida excepcional: según los expertos, la ley solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente en la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para detener a alemanes, italianos y japoneses.
Y en este caso, los hombres venezolanos fueron declarados "enemigos extranjeros" y enviados a una prisión con poca o ninguna oportunidad de impugnar las acusaciones contra ellos, según los migrantes, sus abogados, testimonios judiciales, jueces y entrevistas con decenas de familiares de los presos realizadas por The New York Times.
La declaración pública del acto por parte del gobierno se hizo el 15 de marzo a las 03:53 p. m., según los registros judiciales. Los migrantes estaban todos en vuelos con destino a El Salvador a las 7:36 p. m.
Sin embargo, la mayoría de los hombres no tienen antecedentes penales en Estados Unidos ni en ningún otro lugar de la región, más allá de las infracciones de inmigración, según ha descubierto una investigación del New York Times. Y muy pocos de ellos parecen tener vínculos claros y documentados con la pandilla venezolana.
Mientras los expulsaban, los detenidos rogaron repetidamente a los funcionarios que les explicaran por qué los deportaban y adónde los llevaban, dijo uno de sus abogados a los tribunales. En ningún momento, dijo el abogado, los funcionarios indicaron que los hombres iban a ser enviados a El Salvador o que iban a ser expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
La Ley de Enemigos Extranjeros otorga al gobierno de Estados Unidos amplios poderes para detener a personas en tiempos de guerra, pero las sentencias de la Corte Suprema dejan claro que los detenidos tienen derecho a recusar al gobierno y a una audiencia antes de su expulsión.
El mes pasado, una jueza de un tribunal de apelaciones criticó la falta de garantías procesales bajo el gobierno de Trump. "Los nazis recibían mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros", dijo la jueza Patricia Millett.
Entonces, la semana pasada, los nueve jueces de la Corte Suprema afirmaron que las personas expulsadas deben tener tiempo para impugnar su expulsión antes de ser expulsadas, y exigieron al gobierno de Trump que les diera esa oportunidad en el futuro.
En los tribunales, el gobierno ha argumentado que los hombres aún pueden impugnar su encarcelamiento, pero eso será difícil, si no imposible, porque ya están en El Salvador, fuera del alcance del sistema de justicia estadounidense, con escaso acceso a abogados o incluso a sus familiares.
"Deberían quedarse allí el resto de sus vidas", declaró la semana pasada Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.
El lunes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respaldó enérgicamente al gobierno durante una visita a la Casa Blanca. Rechazó de plano la idea de devolver a un hombre de Maryland que había sido deportado por error a El Salvador, a pesar de las instrucciones de la Corte Suprema de que Estados Unidos tomara medidas para traer de vuelta al migrante.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, durante una visita el mes pasado a la prisión de El Salvador donde están recluidos los migrantes deportados acusados de pertenecer a pandillas.Credit...Foto de consorcio por Alex Brandon
Familiares de venezolanos deportados a El Salvador protestaron en Caracas el mes pasado, exigiendo la liberación de sus seres queridos. "¡Migrar no es un delito!", gritaban algunos.Credit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
El gobierno de Trump afirma que los 238 hombres venezolanos que están actualmente encarcelados en El Salvador son miembros del Tren de Aragua, una pandilla transnacional nacida en Venezuela. Su expulsión, argumenta el gobierno, forma parte de su plan para deportar a los peores delincuentes migrantes.
Los funcionarios afirman que utilizaron antecedentes penales, redes sociales, datos de vigilancia, entrevistas con migrantes y otra información, como tatuajes, para formular sus acusaciones.
Pero una investigación del Times halló escasas evidencias de cualquier tipo de antecedente criminal —o de asociación con la pandilla— de la mayoría de los hombres. De hecho, los fiscales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los documentos judiciales y los informes de los medios de comunicación que el Times descubrió o con los que habló en múltiples países sugerían que solo unos pocos de los detenidos podrían haber tenido alguna conexión con el Tren de Aragua.
Con el fin de ofrecer un panorama más completo de quiénes habían sido encarcelados, un equipo de reporteros e investigadores del Times buscó los 238 nombres en tres bases de datos de registros públicos de Estados Unidos, comprobó antecedentes en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, examinó documentos judiciales y artículos de prensa, habló con decenas de familiares y entrevistó a expertos sobre el Tren de Aragua.
Las conclusiones no son exhaustivas: no existe una base de datos pública mundial en la que se pueda buscar todas las acusaciones, y el gobierno estadounidense no compartió sus pruebas contra los detenidos. Pero la investigación del Times ofrece una instantánea de a quién envió Estados Unidos a El Salvador.
Algunos de los presos sí parecen haber cometido delitos graves. Al menos 32 de los hombres enviados a El Salvador se han enfrentado a graves acusaciones o condenas penales en Estados Unidos o en el extranjero, entre ellos un hombre acusado de participar en un asalto en Chicago, otro condenado por intentar contrabandear armas de Estados Unidos y otros acusados de robo, estrangulamiento, agresión doméstica o acoger a inmigrantes indocumentados.
Uno de ellos tiene una condena por homicidio en Venezuela, según documentos judiciales. Otro hombre fue acusado en Chile de secuestrar, drogar y violar a una mujer durante cuatro días.
Los fiscales chilenos también creen que el hombre es miembro del Tren de Aragua, según documentos judiciales. Los investigadores dicen que encontraron su nombre y mensajes en los teléfonos de otros miembros de la pandilla.
El Times descubrió que otras dos docenas de los hombres encerrados en El Salvador habían sido acusados o declarados culpables de delitos menores en Estados Unidos o en otros lugares, como allanamiento de morada, exceso de velocidad en una zona escolar y conducción de un vehículo matriculado indebidamente.
Pero en el caso de los demás, incluido el músico Suárez, The New York Times no encontró pruebas de antecedentes penales, más allá de las infracciones relacionadas con su condición de inmigrantes no autorizados. La familia de Suárez presentó certificados oficiales de Venezuela, Colombia y Chile —países en los que vivió en el pasado— en los que se afirmaba que no había sido condenado en esas naciones.
Los 238 hombres pasarán al menos un año en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, un extenso complejo de hormigón y alambre de espino construido por el presidente Nayib Bukele, que se ha autodenominado "dictador" y ha promocionado la prisión como centro de detención para los peores delincuentes de su país.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tecoluca, El SalvadorCredit...Salvador Melendez/Associated Press
Guardias en el exterior de la prisión donde están recluidos los migrantes.Credit...Foto de consorcio por Alex Brandon
Estados Unidos está pagándole al gobierno de El Salvador para que encarcele a los presos venezolanos. En X, el líder salvadoreño calificó la sentencia de un año como "renovable".
El uso de la ley de extranjeros por parte del gobierno estadounidense es actualmente objeto de una intensa batalla judicial entre el gobierno y los grupos de derechos civiles, entre ellos la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, cuyos abogados afirman que el gobierno no ha cumplido la norma para invocar la medida: una guerra con Venezuela o una invasión por parte de este país.
Los grupos también sostienen que el gobierno ha violado los derechos de los migrantes a impugnar la acusación de que son miembros del Tren de Aragua y, por tanto, "enemigos extranjeros".
En los tribunales, el gobierno ha dicho que tiene amplios poderes para determinar qué constituye una guerra o una invasión, así como para decidir quién es miembro de la pandilla, la cual el gobierno designó recientemente como organización terrorista extranjera.
Esta semana, la Corte Suprema afirmó que el gobierno de Trump podría seguir deportando a personas utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros mientras la lucha legal se desarrolla en los tribunales, siempre y cuando los detenidos tengan la oportunidad de impugnar sus expulsiones.
En un caso relacionado, la Corte Suprema también ordenó este mes al gobierno de Trump que tomara medidas para devolver al hombre de Maryland, Kilmar Abrego García, a quien el gobierno admitió que había enviado a El Salvador por error.
En ese caso, un juez determinó que el gobierno había decidido que García era miembro de otra conocida pandilla, la MS-13, basándose en pruebas poco sólidas.
En cuanto a los presos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que todos los hombres enviados a El Salvador "son en realidad terroristas, violadores de los derechos humanos, pandilleros y más; simplemente no tienen antecedentes penales en Estados Unidos".
"Confiamos en la inteligencia de nuestras fuerzas del orden", añadió. "Contamos con una rigurosa evaluación de las fuerzas del orden que se atiene a las garantías procesales".
Las redadas contra migrantes venezolanos comenzaron justo después de la toma de posesión de Trump.
Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) detuvieron a Neri Alvarado, de 25 años, exestudiante de psicología, en un estacionamiento cuando se dirigía a trabajar a una panadería de Dallas, dijeron su hermana y su jefe. Las autoridades detuvieron a Francisco García Casique, peluquero de 24 años, en su domicilio de Austin, Texas, según su familia. A Gustavo Aguilera Agüero, de 27 años, conductor de Uber, lo detuvieron mientras trabajaba en su coche en un estacionamiento a las afueras de Dallas, según su madre.
Izaida Alvarado en la habitación que solía compartir con su hermano, Neri Alvarado, en Yaritagua, Venezuela.Credit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
La madre de Neri Alvarado, Yelitza Borges, en su casa de Yaritagua, VenezuelaCredit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
Suárez, el músico, procedía de una familia venezolana que solía ser de clase media, el segundo de siete hermanos. Su madre era educadora y su padre obrero. En 2014, se unió a las protestas masivas contra el gobierno autoritario de Venezuela, dijo su hermano mayor, Nelson Suárez, de 35 años, que ahora vive en Estados Unidos.
Pero cuando el líder autocrático del país, Nicolás Maduro, reforzó su control y la economía venezolana entró en crisis, dejando a millones de personas hambrientas, el joven Suárez se marchó a Colombia y luego a Chile.
"Muchas veces tuvimos que correr por nuestras vidas", dijo el Suárez mayor, "hasta que tomamos la decisión de salir".
En Chile, el joven Suárez instaló frigoríficos y empezó a ganar seguidores como cantante, mezclando rap, hip-hop y reguetón.
"Aquí no hay pecado, aquí no hay condena", cantaba en una canción, sobre una mujer que se prostituye para escapar de la pobreza.
Conoció a su esposa, Sánchez, en un evento musical.
En Estados Unidos, Suárez creía que podría avanzar en su carrera musical, dijo su hermano, y ganar dinero para enviárselo a su creciente familia.
Entró en Estados Unidos el 3 de septiembre utilizando una aplicación de la era Biden que permitía a las personas presentarse en la frontera y solicitar la entrada, según documentos revisados por The Times. Los funcionarios le permitieron entrar con una orden de comparecer ante el tribunal el 6 de marzo, donde tendría la oportunidad de luchar contra la expulsión.
En Carolina del Norte, trabajó en jardinería, dijo su hermano Nelson.
El 2 de diciembre nació su hija en Chile.
El 20 de enero, Trump asumió la presidencia.
El 8 de febrero, Suárez llegó a una casa de Raleigh para grabar un video musical. Pero aparecieron agentes de inmigración estadounidenses y se lo llevaron, según el hermano.
Pronto, Suárez estaba detenido en Georgia, donde le contó a su hermano que un funcionario había comprobado sus antecedentes y revisado su canal de YouTube. Suárez le dijo a su hermano que los funcionarios no parecían creer que fuera culpable de nada más que de ser migrante.
Familiares de Suárez protestando contra su deportación a El Salvador en Caracas, Venezuela.Credit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
Paola Paiva-Trejo delante de un mural en homenaje a algunos de los venezolanos deportados a El Salvador, entre ellos su hermano, Arturo Suárez.Credit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
"Si hubiese sido en otra ocasión, lo hubieran dejado libre", afirmó el hermano que le dijo Suárez. "Pero como estamos en esta locura iba a quedar a manos de ICE".
En decenas de entrevistas, los familiares dijeron que, una vez detenidos los hombres, los funcionarios estadounidenses se centraron en sus tatuajes.
García, el peluquero, llevaba escrita la palabra "paz" en el cuello, acompañada de una corona, y tenía los nombres de su madre, su abuela y sus hermanas en el cuerpo, dijeron sus familiares.
Aguilera, el conductor de Uber, llevaba el nombre de su hijo mayor, Santiago, acompañado también de una corona, una estrella, una calavera con flores, el símbolo del infinito, según su madre.
Alvarado, exestudiante de psicología, había ido a Estados Unidos a ganar dinero para ayudar a su hermano menor, que padece autismo, otras discapacidades y problemas de salud, según declaró su familia.
Antes de marcharse, Alvarado se había tatuado en la pierna un lazo arco iris asociado a la concienciación sobre el autismo. Su hermana dijo que combinaba con los otros tatuajes de Alvarado, que decían: "hermanos", "familia" y "amor propio".
Alvarado llegó a Estados Unidos con un tatuaje de concienciación sobre el autismo, que su familia cree que se utilizó para etiquetarlo como miembro del Tren de Aragua.
El hermano menor de Alvarado, Neryelson, en VenezuelaCredit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
En una entrevista, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo que los tatuajes eran solo uno de los factores utilizados para determinar si una persona era miembro del Tren de Aragua.
"No digo que sea un factor importante", dijo, "es uno de tantos".
Pero un documento interno del gobierno hecho público en los archivos judiciales indica la importancia que se da a los tatuajes.
El documento, denominado "Guía de validación de enemigos extranjeros", ordena a los funcionarios de inmigración que utilicen un sistema de puntos para identificar a los miembros del Tren de Aragua. Ocho puntos convierten a alguien en miembro "validado" del grupo. Tener tatuajes asociados a la pandilla vale cuatro puntos.
Llevar ropa asociada a la pandilla vale otros cuatro.
Un segundo documento gubernamental indica que el gobierno considera símbolos del Tren de Aragua un tatuaje en forma de corona —muy parecido al que lleva la estrella de fútbol Lionel Messi— y el símbolo del "Jump Man", popularizado por Michael Jordan.
La ropa asociada a la pandilla incluye "ropa urbana callejera de alta gama".
En entrevistas, cinco expertos venezolanos en el Tren de Aragua —dos funcionarios policiales, dos académicos y un periodista— dijeron al Times que, si bien algunas pandillas transnacionales utilizan tatuajes como indicadores de pertenencia, el grupo venezolano no lo hacía.
"En el caso del Tren de Aragua", dijo Luis Izquiel, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela, "no está demostrado un patrón común de tatuajes similares entre sus integrantes."
Según los expertos, si bien muchos miembros del Tren de Aragua llevan tatuajes, también lo hacen muchos jóvenes venezolanos.
De los 30 hombres cuyos familiares o abogados hablaron con el Times, al menos 27 tienen tatuajes.
Suárez tiene 33, dijo su familia, los cuales reflejan su estética de músico urbano. Incluyen una de sus frases características, dijeron: "El futuro es brillante".
El gobierno de Trump comenzó a trasladar a decenas de venezolanos detenidos a instalaciones en Texas aproximadamente dos semanas antes de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros.
Los días 14 y 15 de marzo, los hombres llamaron a sus familias para decirles que funcionarios estadounidenses les habían comunicado que iban a ser deportados a Venezuela, según docenas de entrevistas.
En el estado de Aragua, en Venezuela, Mirelis Casique, la madre de García, el peluquero, se apresuró a arreglar su habitación, aplicando pintura nueva y colgando cortinas nuevas.
Mirelis Casique, la madre de García, en la habitación que iba a ser suya a su regreso a Venezuela. "Yo meto las manos en el fuego por mi hijo, sé que no es un criminal", dijo.Credit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
Casique con una foto de García Credit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
Pero el 16 de marzo, la esposa de Suárez, el músico, seguía sin tener noticias suyas.
Aumentando su ansiedad, recurrió a Google.
"Deportación a Venezuela", tecleó en el cuadro de búsqueda.
Ya para ese momento, tres vuelos que transportaban a los 238 hombres habían llegado a El Salvador, a pesar de la orden de un juez de que el gobierno de Trump los regresara.
Esa mañana, Bukele había publicado un video en el que se veía a los nuevos presos encadenados y agarrados por guardias con trajes antidisturbios mientras eran conducidos a la prisión.
"Hemos expulsado a terroristas", dijo desde Washington Homan, zar de fronteras de Estados Unidos. "Eso debería celebrarse en este país".
En internet, la esposa de Suárez encontró una imagen de varios hombres rapados y esposados en una prisión salvadoreña. Reconoció a uno: Era su esposo.
Con su recién nacida en brazos, se sentó y lloró.
Más tarde, se conectó a una página de búsqueda del ICE que le había permitido monitorear el paradero de su esposo en Estados Unidos.
Suárez había desaparecido repentinamente del sistema.
Nunca antes, afirman los analistas jurídicos, se había utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros con tan pocas garantías procesales.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Justicia estableció juntas de audiencias civiles en las que los "extranjeros registrados" de ascendencia alemana, italiana y japonesa detenidos por el gobierno podían alegar que no constituían un peligro para la nación, afirmaron los juristas.
Muchos estudiosos han criticado ese proceso por considerarlo profundamente defectuoso; los detenidos no disponían de abogados y podían ser retenidos basándose en rumores y en prejuicios o discriminación racial.
Pero Eric Muller, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, dijo que, no obstante, suponían "un control" para el gobierno, y añadió que la mayoría de las personas que obtuvieron una audiencia en el marco de las juntas civiles fueron puestas en libertad.
Sánchez con su hija, Nahiara, en Santiago. "Ya esto no es un sueño", dijo el hermano de Sánchez, Nelson, sobre el encarcelamiento del músico. "me parece que estoy viviendo la pesadilla americana".Credit...Cristobal Olivares para The New York Times
Yuransi González durante una protesta contra la deportación de venezolanos a El Salvador. Su hijo Anyelo Sarabia, de 19 años, se encuentra entre los encarcelados en el centro antiterrorista.Credit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
En Venezuela, las familias se han reunido en marchas para pedir la liberación de sus seres queridos. Muchos han intentado ponerse en contacto con funcionarios estadounidenses y salvadoreños, pero dicen que sus mensajes han quedado sin respuesta.
Los gobiernos de Trump y Bukele se han negado a publicar una lista de los hombres confinados en el centro antiterrorista o a confirmar a las familias quién se encuentra allí.
Para este artículo, The Times obtuvo una lista de nombres interna del gobierno. CBS News informó previamente de los nombres.
La Casa Blanca ha dicho que 137 de los hombres fueron deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, mientras que otros 101 fueron expulsados con arreglo a los procedimientos normales de inmigración. Todos están acusados de ser miembros de pandillas y todos están en prisión en El Salvador.
En las últimas semanas, el líder autocrático de Venezuela ha acusado al gobierno de Trump de participar en una violación con una larga y sombría historia en América Latina: una "desaparición forzosa" a gran escala.
Las Naciones Unidas definen la práctica como la privación de libertad "seguida de la negativa a revelar la suerte o el paradero de las personas afectadas".
En un raro momento de acuerdo, Human Rights Watch ha llegado a la misma conclusión que el dirigente venezolano.
El hermano de Suárez dice que su mayor temor es "que el día de mañana me devuelvan a mi hermano en una caja de madera".
Un tío de Suárez, Edgar Trejo, dijo que la familia había estado luchando no solo para entender cómo el músico terminó en una prisión lejana, sino también el giro de los acontecimientos en "un país tan organizado y tan justo" como Estados Unidos.
Hace mucho tiempo, dijo Trejo, pastor en Caracas, llegó a creer que Estados Unidos era "el policía de Dios en la tierra".
En Caracas, la familia se había acostumbrado a que se llevaran a la gente sin juicio previo.
Ahora, dijo, "lo que hemos visto aquí", en Venezuela "también lo estamos viendo allá".