El sometimiento de las autoridades a la legalidad es el principio que fundamenta y asegura la convivencia democrática en la sociedad.
Por el contrario, el desconocimiento del estamento legal que rige a los ciudadanos por parte de quienes, precisamente, tienen el deber y la obligación de hacer cumplir las leyes, violenta todo sentido y noción de Estado y genera las situaciones de conflicto y de anarquía que conducen a la desintegración progresiva de esa sociedad, acabando a su paso con toda posibilidad de reconstitución nacional o de país.
Con la decisión del Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo, que ordenó la suspensión inmediata del Plan Pico y Placa en el municipio Chacao, por considerar que éste viola el libre tránsito, se avanza consistentemente en la consolidación del Estado de Derecho venezolano, y se asegura que el sistema democrático que nos rige es cada vez más fuerte e inviolable, en función del interés común de quienes formamos parte integral de la sociedad venezolana.
De acuerdo al dictamen, ninguna persona que haya sido multada tendrá la obligación de pagarle a la Alcaldía de Chacao por ese concepto, y quienes hayan cancelado podrán esperar la decisión de fondo y pedir que se les reintegren los montos ilegalmente gravados, con lo cual se hace justicia no sólo en la restitución de un derecho fundamental de nuestra Constitución que se pretendió violentar por una pequeña secta política que se cree dueña de porciones del país, como lo es la camarilla fascista de la oposición que lideran los alcalditos envalentonados de la oligarquía caraqueña, sino con los derechos individuales de ciudadanos a los que se les agredió con el arbitrario y descabellado invento del Pico y Placa.
Sí hay en Venezuela un verdadero Estado de Derecho, la sentencia lo confirma, porque cuando las instituciones trabajan orientadas no sólo por el sentido común sino por el interés de la totalidad de la ciudadanía y no de un grupete de opositores malcriados, quiere decir que la convivencia en armonía está cada vez más garantizada.
Allá ellos que quieren seguir de espaldas a la gente imponiendo normativas absurdas que sólo generan más caos, angustias y molestias entre la ya bastante sufrida población caraqueña.
Menos mal que ya se van.
albertoaranguibel@gmail.com
