La instigación al delito de forma persistente por parte de los medios de comunicación de nuestro país en su empeño por salir de Chávez al costo que sea, ha sido una constante desde mucho antes de que se produjera el golpe de estado de Carmona Estanga y la misma ha tenido muy variadas maneras de manifestarse, produciendo deplorables y bochornosas conductas en contra de terceros, sin que los órganos encargados de dictar justicia en nuestro país impongan las sanciones penales y civiles que correspondan. Nos envuelve un manto de total impunidad ante esas arremetidas fascistas, con el agravante de que esa situación estimula tal comportamiento delictual y, por otro lado, exacerba los ánimos de quienes son blancos de tales ataques, todo lo cual pudiera generar conflictos con consecuencias impredecibles.

No sólo están sus abiertos desafíos al estado de derecho, cuando de la forma más descarada han ofrecido sus espacios a todo aquél que ha querido llamar a la desobediencia civil y a desconocer la institucionalidad de la democracia, como fueron los casos del inefable Coronel Pedro Soto en febrero/02 y de todos aquellos oficiales que le siguieron su ejemplo en los días subsiguientes, hasta -inclusive- después de ese fracasado golpe, con su más alta intensidad durante el sabotaje petrolero de diciembre y febrero pasados, sino otros llamados a la incitación que resumen una inmensa gravedad y que tienen que ver con una programada y muy bien articulada campaña de odio hacia la población de menos recursos, calificando a sus integrantes de "lumpen", de "tierrúos", de "marginales", de "monos", de "patas en el suelo", de "desadaptados sociales" y de toda una serie de epítetos insultantes y denigrantes, simplemente porque han sido, precisamente, esos venezolanos, quienes representan no m enos
del 70% de la población, los que respaldan con el mayor brío y entusiasmo el proceso de transformación y cambios que lidera el Comandante Chávez Frías.

Se han empeñado, igualmente, en transmitir y convencer al país a través de sus programaciones ordinarias, ya sean de corte informativo o de opinión, que los llamados círculos bolivarianos, genuinas expresiones de la organización popular como instrumentos necesarios para la defensa de los derechos del pueblo consagrados en la Constitución, son agrupaciones integradas por delincuentes reclutados por la propia Presidencia de la República, para generar intranqulidadad, desasosiego, miedo y cometer todo tipo de fechorías, al punto de que los llaman los "círculos del terror".

Con esos epítetos de grueso calibre han logrado convencer a muchas personas de la llamada "sociedad civil", pertenecientes en su gran mayoría a sectores de las clases altas, medias altas y medias medias que, ciertamente, los pobres en general son muy peligrosos y que por ello se impone que no solamente se mantengan en alerta máxima para impedir que esas "hordas" de "fascinerosos" intenten agredirlos y destruirles sus bienes sin compasión alguna. Para prevenir la posibilidad de que, efectivamente, sean sorprendidos en determinado momento por esa gente y que sus vidas y las de sus familias no corran peligro alguno, han llegado hasta solicitar la asesoría de empresas y personas especializadas en materia de seguridad, para que los entrenen y los organicen de manera tal que les permitan garantizarse el total éxito en el objetivo de defenderse de los posibles ataques de esas "turbas criminales", así como lograr la aniquilación de las mismas.

Sería largo enumerar los persistentes llamados y advertencias que se hacen a través de los canales de la TV privados y medios escritos en contra de los marginales y, particularmente, de los venezolanos que se han agrupado en torno a esas organizaciones populares y como consecuencia de ello se han producido asesinatos por docenas de líderes campesinos, agresiones físicas y verbales a quienes se oponen a sus irreflexivos comportamientos por la vía de cerrar calles y avenidas, atropellos sin medida a todo aquél que identifican como partidario del gobierno, como fueron los casos, a título de ejemplo, del simpatizante del chavismo que fue salvajamente agredido en Valencia por el actor de la televisón Juan Gerardo Núñez y el dantesco espectáculo de la quema del autobusete de un humilde trabajador del volante en una ciudad del Estado Aragua, quien resultó con quemaduras hasta de tercer grado.

De manera que esa irreflexiva y condenable conducta de los medios no ha cesado.

Continúa sin mayores cambios y es por ello que frente a la decisión que recientemente adoptó la Corte Internacional de Naciones Unidas (03/12/03) de condenar a cadena perpetua a algunos dueños y ejecutivos de varias televisoras y diarios de Ruanda, quienes, como dice la sentencia que fue leída por la jueza que manejó la denuncia, a través de sus medios televisivos y diarios lograron "envenenar" la mente de sus lectores y tele expectadores, al punto de que ello determinó uno de los mayores actos genocidas de que tengamos conocimiento en la historia del continente negro de los últimos cincuenta años, con el asesinato salvaje de miles de miembros de la tribu Tutsis, las organizaciones populares de nuestro país que respaldan este proceso bolivariano de cambios hacia la transformación de su desarrollo y crecimiento sin excluídos, deben movilizarse para que antes de que sea demasiado tarde, esta barbari e de los medios que continúa mellando y horadando salvajamente la paz en Venezuela, sea
posible detenerla y para ello sugerimos que de inmediato se comiencen a sustanciar los expedientes respectivos y se recurra a esa instancia internacional. Las pruebas de todo tipo abundan, de manera que para ese tribunal no le será en lo absoluto complicado advertir que en nuestro país los medios han logrado envenenar, también, a muchos de nuestros compatriotas a fuerza de mentir, difamar, vilipendiar, calumniar y tergiversar todo en provecho propio y aún continúan haciéndolo. Han generado hasta la fecha con esa condenable campaña mediática, caos, muerte y terror (casos de abril/02, golpe petrolero del pasado año y comienzos del actual, asesinatos y orgías en la Plaza Altamira, bombas en varias sedes diplomáticas, tranca de calles y avenidas, etcétera, etcétera).

En su parte dispositiva, la jueza que manejó el referido caso en ese pequeño país africano (menos de 27.000 kilómetros cuadrados), señaló en la decisión en contra del copropietario de la Radio Televisión Libre RTLM, un profesional de largo curriculum académico de su país, lo siguiente: "...Puede que estuviera motivado por su sentido del patriotismo y su percepción de la necesidad de igualdad de la población hutu, pero en lugar de seguir las legítimas vías de protesta, escogió el camino del genocidio...Y así, traicionó la confianza depositada en usted como líder intelectual. Sin empuñar una pistola, un machete o arma alguna, ha causado la muerte de decenas de miles de civiles inocentes." Dice, así mismo, la jueza en ese trascendental documento que: "El poder de los medios conlleva una gran responsabilidad...

Aquellos que (los) controlan... son responsables por sus consecuencias." La decisión del Tribunal de la ONU sienta un precedente de muchísima importancia, el cual anuncia, sin lugar a dudas, que las cosas para aquellos dueños, ejecutivos y periodistas de medios de comunicación que piensan que el gran poder que tienen de llegarle a las gentes de forma masiva y sin permiso alguno, para el caso de los medios radioléctricos, puede ser manejado de manera irresponsable y dañina en una desesperada postura por ejercer el control político y económico de sus propios países, les está llegando a su fin.

Esa decisión no puede quedarse en los anaqueles del organismo mundial. Tiene que ser divulgada por todos los confines de la tierra, de manera que se entienda de una buena vez que los medios de comunicación no pueden estar bajo el servicio de intereses personales y grupales de ninguna naturaleza y que la responsabilidad que tienen ante las comunidades a las cuales les sirven, es la de informar con absoluta veracidad, así como en términos del mayor equilibrio y de manera objetiva y oportuna.