Luego de
tres años de trabajo llevado a cabo por una comisión
conformada por expertos que representaron
al “Ministerio del Poder Popular para las Finanzas”, a
“FOGADE”, a “SUDEBAN”, a la
“Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional” y a la
“Comisión Nacional de Valores”, el proyecto de reforma
parcial de la “Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras”,
incluido como prioritario en la “Ley Habilitante”,
quedó reducido a la modificación de
un solo artículo, el 318, que se refiere a la liquidación
de activos de “FOGADE”. Otras propuestas, más de sesenta (60) elaboradas
siguiendo las directrices generales impartidas desde la Vicepresidencia
de la República, no fueron contempladas en el decreto que finalmente
se aprobó. La propuesta elaborada por la citada comisión es un escrito
con clara orientación socialista, tendente a proteger los derechos
de los usuarios y a promover la participación ciudadana en colaboración
con los sectores de la economía popular, dentro del marco del desarrollo
de la sociedad y en observancia a la transformación socio económica
que promueve la República. Igualmente contemplaba la calificación
de la Banca como “un servicio público”,
precisamente para evitar la repetición de lo ocurrido con los bancos
durante el nefasto paro empresarial;
establecía la profundización de la intermediación financiera al incorporar
nuevas modalidades de crédito; ampliaba los lazos para los créditos
otorgados a sectores primarios de la economía; contemplaba estímulos
para el aparato productivo que invitaban a una mayor bancarización
de la población; contrarrestaba en su articulado las prácticas monopólicas
al prohibir que un solo banco concentrara más del quince por ciento
(15%) de los activos totales del sistema, y en fin, corregía
las “lagunas” de la ley vigente que permiten prácticas no deseables
y ponen en peligro los depósitos del público.
¿Qué pasó
con ese proyecto de reforma, aprobado por la comisión bajo la gestión
del Ministro Rodrigo Cabeza? ¡Vaya usted a saber! Muchas cosas se comentan,
por supuesto, entre ellas que “se pagó” para que el proyecto no
cristalizara en ley. ¿Quién pudo haberlo hecho? Si
fue así, ¿a quién se le pagó y cuánto? ¿Se trata de un nuevo
caso de traición a la revolución?
Ojala opinen los expertos e investiguen los organismos de Inteligencia
del Estado. Sería saludable conocer quienes son los responsables, si
los hay; o convencerse de que no existen y todo fue
un pequeño “lapsus legis”, por imrobable que luzca.
