El campesino es el primero o el último eslabón de la cadena social,
depende de la óptica que se tenga. Pero es en el campo en donde primero se
agudiza la pobreza, de ahí el éxodo a las ciudades. Hace 15 años, la
clarinada de lo que sería el “caracazo”, se dio en el campo, cuya
vanguardia estaba en las organizaciones cooperativas de caficultores.
El 28 de diciembre de 1988, en la Asamblea Anual de la cooperativa
CRAMCAY, de Chivacoa, acordaron convocar una movilización nacional del
sector café para denunciar la situación de pobreza en el campo. El 3 de
enero la cooperativa CROCET de Rubio respaldó la propuesta y en los días
siguientes lo hizo CRAM, de Santa Cruz del Mocotíes; CRAMCO de Portuguesa;
ACOMISA de Sanare; CROECA de Aroa; CROCAF de Humocaro; COPROCA PIAR de San
Antonio de Maturín; y seccionales de la Asociación Venezolana de
Caficultores (AVC), de todo el país, se sumaron a la movilización a
realizarse en los días de la toma de posesión de CAP, con la asistencia de
treinta presidentes de República, en un evento lleno de fatuidad,
cursilería y ribetes cómicos. Se partía de la hipótesis que ante tantos
testigos de excepción, el gobierno contendría su furia represiva. En un
cambio de gobierno ¿quién manda? ¿el que sale o el que llega? En ese
intermedio, el que sale no quiere dejar mal recuerdo; el que llega no
quiere inaugura su gestión con actos represivos. Esta argumentación condujo
a escoger esa fecha, como muy apropiada, para la protesta campesina.
El 31 de enero, manifestaciones en San Cristóbal, Guanare y Mérida
culminaron en la toma de los edificios de Foncafé en San Cristóbal, Santa
Cruz del Mocotíes y San Felipe. Algunos participantes en esas
manifestaciones se trasladaron a Barquisimeto para la gran concentración
del primero de febrero con caficultores de Calderas de Barinas; de Boconó,
Batatal y Campo Elías de Trujillo; de El Charal, Chabasquén, Biscucuy,
Ospino y Córdoba de Portuguesa; de Sanare, Guarico, Los Humocaros, Río
Claro, Duaca, Guaitó de Lara; Urachiche, Chivacoa, Aroa, Nirgua, San
Pablo, Campo Elías de Yaracuy. La manifestación se concentró en la plaza de
Bolívar y marchó hasta la Gobernación.
Mientras ocurrían estas acciones, la Ministra de Agricultura del nuevo
gobierno, Fany Bello, convocó a una reunión urgente de caficultores, en
Caracas, con parlamentarios de la Comisión de Agricultura y Política
Agraria, el asesoramiento de Pedro Angel Vásquez, al cual asistieron
caficultores organizados en las PACCAS -afectas al gobierno - y firmaron un
documento de ocho puntos donde el nuevo gobierno se comprometía: a cancelar
la deuda por compras de café; revisar los costos de producción; cancelar
los remanentes por exportación; controlar los precios de los insumos
agrícolas. En el documento se aceptaba todo, preciso el día anterior a la
posesión presidencial, típica marramuncia adeca para burlar las demandas
populares. Aceptar todo para no cumplir nada. Fue así como en cuarenta
años, se rebozó la copa de la indignación y la ira popular.
En el acto frente a la Gobernación acordaron marchar hacia el edificio
del Ministerio de Agricultura y Cría, en la Avenida Los Abogados. Al llegar
allí, las cuatro de la tarde, cinco mil caficultores penetraron en las
instalaciones, cerraron las rejas de acceso, tomaron el edificio y
estacionamientos, ordenaron la salida de los funcionarios. No había
transcurrido una hora cuando se presentó la policía con la orden de
desalojar a los tomistas. El enfrentamiento en la reja de acceso fue
violento, la policía arremetió con toda su furia para derribar la puerta y
los caficultores armados de varas de café, como lanzas, por entre la cerca
golpeaban a los policías. Cuando la puerta estaba a punto de caer por el
empuje de lado y lado, desde un equipo de sonido se oyó la amenaza de
incendiar los vehículos en el estacionamiento. De inmediato, de las
oficinas salieron los empleados a suplicar, por “favor no hagan eso”. Ante
el apremio, el Director del MAC le pidió a la policía desistiera en su
pretensión de ingresar, vino un período de diálogo. Pidieron la presencia
del Gobernador. En su lugar vino el Secretario de Gobierno. Le dieron a
conocer las razones de la protesta y la decisión de los caficultores de no
abandonar el edificio. Mientras ocurría el diálogo, la avenida se llenaba
de refuerzos policiales, armados de adminículos envilecedores de la
condición humana e idealizados para la efectividad represiva. Ante tal
amenaza, por el equipo de sonido advirtieron el deplorable espectáculo de
reprimir a unos campesinos pobres por reclamar sus derechos, preciso el día
de la toma de posesión presidencial, con la prensa internacional de testigo
y tanto presidente invitado. El Gobernador comprendió la gravedad de la
circunstancia y en Acta firmada, aceptó retirar la policía de toda la
Avenida y calles aledañas al edificio del MAC; y los caficultores se
comprometieron a cuidar, no entrar a oficinas y laboratorios. La policía
fue retirada. A las siete de la noche, los caficultores abrieron la puerta
del estacionamiento y el personal de secretarias y empleados, salieron
orondos y felices en sus vehículos.
Durante veinte días, en rotación permanente, más de diez mil
caficultores estuvieron en el edificio, con sus familias. Fue tal la
concurrencia, que una campesina dio a luz un niño y recibió por nombre
Tomasito, en honor a la toma. Organizaron comisiones para la comida, el
aseo, el orden, la vigilancia. La ciudad de Barquisimeto aportó ayudas de
todo tipo: asistencia médica; medicina de las farmacias; carne de las
carnicerías; pan de las panaderías; verduras del mercado. Más el respaldo
de los medios de comunicación, de los gremios, sindicatos y organizaciones
sociales. El respaldo brindado en forma tan masiva, era la mejor expresión
del repudio a las políticas neoliberales del nuevo gobierno, que ocho días
después de finalizada la toma, estallaron en el “caracazo”. Del cual
siempre se habla, pero nunca, de la manifestación campesina de febrero de
1989, clarinada de lucha de los pobres del campo.
Un año después, el gobierno neoliberal de CAP, decretó la restitución
de las garantías económicas, con lo cual entregó la comercialización del
café a las torrefactoras, destruyó el movimiento cooperativo, así como las
PACCAS. Han transcurrido 15 años, la política neoliberal no sólo perdura,
se ha acentuado con la “bolsa agrícola”. No se le ha restituido a los
caficultores sus conquistas, ni la organización endógena creada por sus
empresas que elevó la producción nacional al millón seiscientos mil
quintales. La producción actual, decae y ronda ya el millón de quintales.
El actual gobierno está en deuda con los caficultores y sus cooperativas de
producción y mercadeo. El gobierno debe revisar su política, porque la
caficultura en Venezuela, en más del 80%, es empresa de pequeños
productores.
leonmoraria@cantv.net.
