Las medidas que está tomando el Pte. Chávez, en materia de seguridad alimentaria, constituyen el mejor ejemplo de los cambios que reclama el país venezolana para lograr una sociedad equilibrada, democrática y de derecho, basada en los principios del socialismo y el pensamiento bolivariano, fundamentados en la felicidad plena y en la justicia social.
La expropiación e intervención de las empresas empaquetadoras de arroz, de la banca internacional, la prohibición de la pesca de arrastre, la regulación del precio de los productos derivados del agro, constituyen medias que implican una etapa de radicalización del proceso revolucionario y que impacta las relaciones de producción capitalista que subsisten dentro la sociedad bolivariana en su cambio hacia la sociedad socialista.
Estas medidas deben ser complementadas con otras que permitan la profundización y consolidación de los cambios. La necesidad de ampliar el espectro social hacia los cuales dirigir las acciones para el logro del proceso revolucionario constituye una tarea urgente que requiere de la participación del pueblo, de los colectivos revolucionarios y de las instituciones del Estado. En este sentido es imprescindible destacar que el mismo aparato burocrático del Estado debe ser sometido a cambios estructurales, es decir, radicalizar la reestructuración del aparato estadal a fin que permita su eficiencia, su eficacia y su transformación en un ente que propugne los cambios revolucionarios que necesita la sociedad venezolana, tal como lo ha propuesto e iniciado el Pte. Chávez. Esto implica una ruptura con el modelo tradicional de gerenciar el país, y de asumir la participación de la ciudadanía. Es decir, significa un cambio revolucionario que rompa con las formas capitalistas de concebir al Estado, al país, al ciudadano, al hombre.
Es necesario revisar la estructura de los entes oficiales a fin de evaluar sus ejecutorias, el compromiso de los funcionarios con los cambios programados y la participación en las metas y objetivos del Estado de justicia social. Se hace imperante la elaboración de un tabulador de sueldos y salarios para los empleados públicos. La diferencia abismal entre los ingresos de los empleados del sector público colide con el principio de igualdad social y promueve los desequilibrios sociales.
En tal sentido es necesario profundizar las acciones que ejecuta el Pte. Chávez: Entre las medidas que hay que tomar está la revisación, evaluación y transformación del sistema educativo a través de la discusión y aprobación de la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación Superior a fin de lograr la equidad en la oportunidad de estudio de todos los niños, niñas y jóvenes venezolanos, en la formación de un ciudadano consustanciado con los principios del socialismo, así como la revisión y cambio de los aportes que hace el estado para mejorar el nivel de vida y participación de los educadores, sincerar las ejecuciones administrativas por parte de las autoridades y los procesos de inclusión y participación de la colectividades universitarias.
Es importante romper y reestructurar con las relaciones de producción del sector privado, en especial el bancario. Las ganancias desorbitantes y hasta groseras de la banca por servicios contrasta con los salarios y beneficios de los empleados, con el agravante que dichas ganancias se generan de los recursos del Estado. Una sociedad basada en la justicia social implica lograr equilibrios en la población.
En el sector inmobiliario es urgente establecer un regulador de precios. La población venezolana no aguanta el desmedido aumento en los costos de casas, apartamentos, así como de la construcción. Se hace imperante aprobar una ley que norme los costos de producción y de comercialización de los inmuebles a nivel nacional. Igualmente para el sector automotriz.
Es de primera importancia vigilar las ejecutorias que se hacen con los ingresos petroleros a nivel de los municipios, gobernaciones, fundaciones. Igualmente los ejecutorias derivadas del petróleo tales como convenios con clínicas privadas, farmacias, médicos y sobre todo, actuaciones sindicales. No se puede seguir enriqueciendo la empresa privada a costa de los ingresos petroleros.
La necesidad de transformar las relaciones de producción en el sector agrícolas, especialmente la capacitación de los productores para revertir la cadena de producción capitalista. Se necesita crear empresas de producción social que permita sustituir los intermediarios y lograr un mayor ingreso en los productores, especialmente en los rubros de cacao, café, azúcar, maíz, ganado vacuno, porcino y el sector pesquero, así como el estímulo a la producción de otros rubros.
Es necesario rediseñar una política tendiente a la ordenación de los espacios públicos, lo cual implica una ruptura con las competencias tradicionales de los municipios. El problema del ordenamiento territorial, de conservar la naturaleza y mejorar el hábitat es un deber del Estado y un derecho de los ciudadanos. Debemos romper con ese modelo tradicional que reserva a las alcaldías y cámaras municipales la organización del espacio.
La revisión del sistema judicial implica una ruptura con el modelo actual que le otorga soberanía al poder ejecutivo judicial. La evaluación y sustitución de los magistrados, jueces, abogados, cuerpos de seguridad, así como la ley del código orgánico procesal penal es una necesidad pedida a gritos. Ya basta de corrupción, impunidad y descaro por parte de los funcionarios encargados de administrar la justicia en el país. Es importante incorporar a las comunidades a la participación en la seguridad y justicia del país.
Por otra parte, es urgente iniciar una campaña de formación política en la población que permita la información, organización y el accionar en términos de la acción revolucionaria y los procesos de contraloría social, participación y protagonismo en todos sus niveles. Para ello deben activarse mecanismos inéditos que ocupen los espacios de los medios privados y permita una trinchera informativa en contra de las noticias y programas alentadores de golpes, violencia, magnicidio. Las brigadas socialistas de información constituyen una buena estrategia, pero esto implica la selección, capacitación y el apoyo en todo el país de dichos brigadistas, así como mecanismos de acompañamiento, evaluación y corrección.
Aspectos como fortalecimientos de las comunidades en seguridad, inteligencia, formación ideológica, integración comunidad-entes oficiales, constituyen el motor de las Tres R, para lo cual se necesita, de inmediato, una discusión política en las comunidades, colectivos, frentes socialistas que permitan definir las áreas para Radicalizar, Reestructurar y lograr la Ruptura con el modelo neoliberal. Para luego es tarde.
Hacia la victoria siempre. Venceremos
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