El pasado 25 de abril se cumplió una década de haberse realizado el referendo consultivo mediante el cual se aprobó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. En aquella oportunidad, con una abstención de 60,9%, el Sí obtuvo el 90% de los votos, y significó la formal y democrática autorización que muchos estaban esperando para demoler la “cuarta república”. Para algunos, este fue el inicio de todo; para otros, como el profesor Ricardo Combellas, en otrora colaborador del presidente Chávez, fue “…la culminación de la primera etapa del proceso iniciado en el país con los dolorosos sucesos de fines de febrero del año 1989. A partir de entonces el paradigma constitucional sufrió los embates de la "vitrina rota" del 27 de febrero, y comenzó a deteriorarse paulatinamente…”.
Tres meses más tarde, el 25 de julio, se efectuó la elección de los miembros de la ANC, y 1.167 ciudadanos se disputaron los 128 curules que debían conformarla. Con el 53,8% de abstención, más de cien candidatos del “Polo Patriótico” ganaron, y esa mayoría aplastante les permitió presentar al electorado el proyecto de constitución que aprobamos el 15 de diciembre de 1999.
Pues bien, desde su publicación en la Gaceta Oficial, la denominada “oposición democrática nacional” ha adoptado varias posturas públicas con respecto a la “carta magna”. En principio y hasta abril de 2002, las élites políticas, económicas, gremiales…, que gobernaron el país en el marco constitucional anterior, la desconocieron totalmente. A propósito, es inolvidable la entrevista que le hizo el periodista de CNN, Jorge Gestoso, al politólogo Carlos Raúl Hernández el 13 de abril. El “académico” dijo que el pueblo venezolano estaba aplicando el artículo 250 de la Constitución Nacional de 1961. Para hacer ese ridículo continental, Hernández utilizó el argumento que Jorge Olavarría esgrimió en su artículo “¿Hacia dónde vamos?”, publicado ese mismo día en el Diario El Nacional, en el cual admitía que se trataba de un golpe de estado.
Casi inmediatamente, las mismas élites decidieron no invocar el 250 de la constitución anterior, sino el 350 de la vigente según una interpretación caprichosa que les permitiría “justificar” el paro petrolero y comercial que perpetraron entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.
Simultáneamente, mediante otras lecturas interesadas de varias normas, intentaron realizar, con la venia del CNE, ¡un referendo consultivo con fines revocatorios!, y presentar una enmienda constitucional para abreviar el mandato presidencial a cuatro años, ¡con carácter retroactivo! Ya sabemos lo que ocurrió después.
Luego del 15 de agosto de 2004, fecha en la cual el presidente Chávez triunfó en el referendo con fines revocatorios, la “oposición democrática” asumió, ¡por fin!, las derrotas que sucesivamente había sufrido desde 1998. Entendió que había fallecido el aparato estatal que usufructuó por décadas y comenzó a transitar las diversas y amargas fases del duelo que sigue a la muerte de todo ser querido.
Pero, ya en 2006, en uno de sus cónclaves, decidió que “a rey muerto, rey puesto”, y desde entonces comenzó a ver “la bicha” con cariño. Leopoldo López, Herman Escarrá, Henrique Capriles, el mismo Carlos Raúl Hernández, y todos los gremios, medios, partidos y dirigentes opositores, antes enemigos acérrimos de la “Constitución Bolivariana”, se erigieron en sus más conspicuos defensores.
Ahora, por tantos antecedentes, y aunque han transcurrido diez años, cuatro referendos se han efectuado para dilucidar aspectos de este proceso, múltiples elecciones de autoridades se han celebrado en aplicación de su texto, y decenas de recursos ha decidido la Sala Constitucional del TSJ, muchos se preguntan si la Constitución que defiende la “oposición democrática” es la que conocemos o alguna nueva interpretación que han hecho sus “expertos constitucionalistas”.
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