"Son muchas las dependencias del Gobierno en las que se reproduce cada vez con mayor intensidad el fenómeno del desplazamiento y hasta del maltrato hacia mucha gente honesta".
Son muchas las dependencias del Gobierno en las que se reproduce cada vez con mayor intensidad el fenómeno del desplazamiento y hasta del maltrato hacia mucha gente honesta, trabajadora e inequívocamente comprometida con el proceso, por parte de funcionarios medios y de alto nivel cuya labor específica es la de obstaculizar la gestión y el avance de la revolución en las dependencias del Estado mediante el sabotaje y el atropello al chavismo.
Pareciera que el proceso salta de un extremo al otro cuando la instrucción del presidente Chávez en el sentido de abolir la odiosa práctica del sometimiento al escrutinio de algún tipo de listas, como la de Tascón, es interpretada por algunos ministros y presidentes de organismos como una inexpugnable orden bíblica, convirtiendo entonces en norma la ubicación en cargos claves preferiblemente al saboteador escuálido por encima del abnegado luchador revolucionario, como para demostrar, en un ingenuo alarde de falsa amplitud, una mayor fidelidad al Comandante.
Ya sea por negligencia o por favoritismos, promover contrarrevolucionarios en dependencias públicas en detrimento de la gente que sí trabaja y comulga con la idea de una patria socialista, es hacer contrarrevolución.
Los alertas se reciben ya de casi todas las oficinas gubernamentales, en las que pareciera haberse desatado una suerte de virus del aburguesamiento gerencial, que los únicos que no lo perciben son quienes designan a estos oportunistas.
Incluso, por muy revolucionario que se diga en un momento dado, quien atropelle al trabajador a su cargo, sabotee la gestión con retardos o desviaciones injustificables del trabajo, o que simplemente no crea en la posibilidad de implantar en Venezuela un modelo de inclusión e igualdad social, así tenga las deslumbrantes credenciales que pueda presentar para optar a un cargo de responsabilidad al frente de alguna gestión pública, no tiene derecho a desempeñar la función de dirección que se le ha asignado.
De no tomarse cartas en este asunto a la mayor brevedad, la solución definitiva será avanzar en la implementación de un efectivo modelo de contraloría social en las dependencias del Estado mediante la integración de comités laborales con fuerza vinculante en la fiscalización de directores y gerentes.
