CRÓNICA
CASOS DE CORRUPCIÓN # 2

20 jeep que se perdieron en el olvido

El ministro de Relaciones Interiores de la época utilizó dineros públicos para comprar vehículos a su partido. La Casa Militar, custodia del presidente de turno, recibió el lote. Nadie vio los vehículos. 10 años después se encontraron 3 culpables… pero ya era demasiado tarde para castigarlos.



Para julio de 1998, Venezuela estaba sumida en la campaña electoral que meses más tarde llevaría a Hugo Chávez a la presidencia de la República, con amplísimo respaldo popular. Los partidos de derecha, históricos enemigos entre sí, terminaron aliándose para intentar evitar lo que ya se respiraba en el ambiente: el triunfo de las fuerzas bolivarianas.

No obstante, mediaba el séptimo mes del año y las elecciones no serían sino hasta diciembre. El país venía presenciando el derrumbe de los partidos políticos “tradicionales” (fundamentalmente Acción Democrática y COPEI) que gobernaron el país por más de 8 lustros consecutivos, y a medida que aumentaba en popularidad la propuesta bolivariana, también se gestaban las simpatías para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que le diera nuevos lineamientos legales a la nación y terminara por remover las estructuras del Estado.

Jueves 23 de Julio de 1998. Las noticias de ese día eran las propias de una contienda electoral, veamos: “El CNE gastó en publicidad siete mil 426 millones de bolívares”, “Eduardo Fernández no aceptó ser candidato a senador por Copei”, ”Miguel Rodríguez fue inscrito como candidato presidencial de "Apertura", pero la más importante no era el titular que abría los periódicos de esa jornada.

El diario Notitarde de Valencia, estado Carabobo, colocó en sus páginas el siguiente titular: “Sala de Casación Penal votó por unanimidad. CSJ absolvió a Blanca Ibáñez en el caso de los jeeps al prescribir acción penal.

En el cuerpo de la información, tomado de la agencia de noticias Venpres y redactada por Ludovico Quiñones, se lee lo siguiente: “Caracas, julio 22.- Por unanimidad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) absolvió a Blanca Alida Ibáñez Piñate, ex secretaria privada del entonces presidente de la República, Jaime Lusinchi, por el caso de los jeep adquiridos por el Ministerio de Relaciones Interiores, al prescribir la acción penal en su contra, en la cual también estaban involucrados José Ángel Ciliberto y Jorge Mogna Salazar".

Una sentencia simple a primera vista, pero que liquidaba, finalizando la década de los noventa, la aspiración popular de que las instituciones por fin castigaran a los culpables de al menos un caso de corrupción, del cual se escuchó hablar por primera vez, el 20 de junio de 1989.

LOS JEEP DE LA DISCORDIA

Según se hacía constar en el oficio del MRI número 4027000-58, fechado el 11 de julio de 1988, dirigido al coronel Ramiro Zambrano, sub jefe de la Casa Militar (Guardia pretoriana que brinda seguridad al presidente de la república y al palacio presidencial) el despacho ministerial a cargo de José Ángel Ciliberto, hacía entrega de un lote de 15 vehículos rústicos marca Jeep. Al día siguiente, por medio del oficio número: 4027000-61, se entregaban al edificio militar otros 5 jeep que sumaban un total de 20.

Jorge Mogna fue encargado por Ciliberto para adelantar la operación de la entrega de los vehículos a la Casa Militar que, para ese momento, servía a Jaime Lusinchi. Coincidencialmente este funcionario había sido nombrado adjunto a la secretaría de finanzas del partido de gobierno, Acción Democrática (AD).

Los jeep fueron comprados por Ciliberto, como comprobó el Tribunal Superior de Salvaguarda pero de eso hablaremos más adelante; para ser utilizados por los secretarios de organización de la tolda blanca, en el área metropolitana de Caracas para la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez.

Aunque la prensa nacional obtuvo copia de los oficios mediante los cuales MRI entregaba los jeep a la Casa Militar, el destinatario de tales documentos, coronel Ramiro Coromoto Zambrano declaró el 22 de junio de 1989: “nunca vi los jeep en Miraflores”.

Hasta ese momento, nadie parecía haber visto nada y por supuesto, nadie sabía nada acerca de los jeep. Pero lo cierto es que el entonces ministro Ciliberto, había utilizado el dinero de la partida secreta de dicho ministerio (unos 337.060 dólares americanos entregados por el presidente Lusinchi) para la adquisición, no sólo de los 20 jeep denunciados por la prensa, sino de un total de 65 que fueron repartidos luego por la Secretaria Privada del presidente, señora Blanca Ibáñez.



Los mencionados jeep fueron comprados a través de “El Pao. CA..”, una constructora que estaba en quiebra y que al reabrir sus puertas se vincula a las transacciones que derivan en esta venta destinada, supuestamente, “para una operación de defensa y seguridad nacional”. Más adelante se conocería que el propietario de la constructora era el dirigente adeco, Omar Camero quien declaró que “por amistad al gobierno recibía las órdenes de Ciliberto, para la entrega o venta de los jeep”

MENUDENCIAS

¿Qué sabes usted de la entrega de 20 vehículos del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) a la Casa Militar cuando usted era el ministro de ese organismo?
- Todo cuanto hice como Ministro de Relaciones Interiores está consignado en la memoria y cuenta consignada al Congreso de la República. Cualquiera que quiera indagar sobre mi conducta en el ministerio del interior, debe remitirse a la lectura de la memoria.

De acuerdo ¿Pero quiero saber antes si esos jeep están incluidos en su memoria ministerial?

- No recuerdo. La memoria es tan amplia que no recuerdo
Sin embargo, existe un oficio firmado por Jorge Mogna, director general sectorial de Administración y Servicios para ese momento…
- Si así es
Ahora ¿Usted tenía conocimiento de la entrega de esos vehículos?
- ¿De qué? Pregunta el ex ministro
De esos jeep traspasados a la Casa Militar…
- Ya te digo. Todo lo que hice como Ministro del Interior, está registrado en la memoria.
- ¿Usted…?
- De menudencias y cosas de esas yo no me he ocupado
¿Cómo no se ocupaba de menudencias, no recuerda ese lote de vehículos?
- No, en lo absoluto. Honestamente te lo digo
¿Cuándo el señor Mogna le entregaba punto y cuenta semanal de su gestión, no le mencionó los vehículos?
- No recuerdo si él me dijo algo de eso
¿Entonces usted no sabe nada de los jeep?
- No, en absoluto
¿Y quién puede saberlo?
- No sé. Lo que yo hice búscalo en la memoria. Todo está allí

Lo anterior, que no amerita comentario alguno, fue una conversación sostenida entre la periodista Luzmila Vinogradoff y José Ángel Ciliberto. La misma fue publicada por el diario El Nacional, el miércoles 21 de junio de 1989.

EL FALLÓ QUE FALLÓ

Las razones que llevaron al Tribunal Superior de Salvaguarda a declarar “absueltos” a Ciliberto, Ibáñez y Mogna, en 1998 (diez años después de cometerse el delito), fueron expuestas por el magistrado y ponente del caso, Jorge Rosell Sehen, aquel 23 de julio de 1989:

Simplemente "porque transcurrieron los 5 años que establece la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público para que caduque la acción penal, más la mitad de esos 5 años para un gran total de 7 años y medio, y en consecuencia, la Corte Suprema de Justicia decidió en forma definitiva la prescripción de la acción penal en relación al caso".

Lo más bochornoso que aquella mañana declaró el juez Rosell y que el periodista Ludovico Quiñones registró fue que, y citamos la nota de prensa, se comprobó la adquisición de los jeep por parte del Ministerio de Relaciones Interiores y la asignación de esos vehículos a particulares, quedando "plenamente demostrado la perpetración de los delitos de peculado doloso y peculado culposo, previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, estando incursos en los hechos José Angel Ciliberto, Blanca Alida Ibáñez Piñate y Jorge Mogna Salazar".

Pero Rosell se puso duro y agregó: el Tribunal Superior de Salvaguarda condenó a los ex funcionarios relacionados con el caso, a penas de prisión, arresto, inhabilitación política y a reparar económicamente los daños ocasionados a la nación, pero todo ha quedado sin efecto al prescribir la acción, es decir que Ciliberto efectivamente si compró los vehículos, como dijimos líneas antes, pero ya no podía ser castigado. En cuanto a la brevedad del lapso para leer el expediente y adoptar la decisión final, el magistrado expresó que todo se redujo a una sumatoria de tiempo para declarar la prescripción y cerrar el proceso penal contra José Angel Ciliberto, Blanca Alida Ibáñez Piñate y Jorge Mogna Salazar.

Luego de esas declaraciones, se dio otra vuelta a las páginas del escabroso libro de los casos de corrupción sin castigo del país. Navegando por la internet encontramos una reseña en el Informe anual de Provea 1997 – 1998. Capítulo: Derecho a la Justicia Pronta, que dejamos acá como colofón.

“El retardo procesal dio por resultado la prescripción de casos de corrupción que involucraban a personas vinculadas al mundo de la política; de ellos el más significativo fue conocido como el caso de los jeeps, por el cual se encontraban procesados Blanca Ibáñez, José Angel Ciliberto y Jorge Mogna y cuya prescripción fue anunciada por la CSJ en julio de 1998. A raíz de este fallo, la presidencia de la CSJ se mostró a favor de eliminar la prescripción en casos que involucran delitos contra el patrimonio público.




Referencias:
Diccionario de la Corrupción Venezolana.
El Nacional: 20, 22, 24, 25/06/1989 y 01/08/1994
El Universal: 22/06/1989
Últimas Noticias: 16, 17/08/1989
Notitarde: 23 / 07 / 1998
www.angelfire.com/nb/17m/prohibidoolvidar/rusticos.html


CASOS DE CORRUPCIÓN # 3

El BTV: ¡Algo más que un banco..! quebrado

Nacido a mediados de los 60. Su misión era favorecer a la clase trabajadora más desprotegida. Se convirtió en un bunker de Acción Democrática a través del férreo control burocrático ejercido por la CTV. Miles de estafados y muy pocos culpables.


El Banco de los Trabajadores de Venezuela, tristemente recordado por sus siglas BTV evidenció, una vez más, que la partidización de las instituciones del Estado, durante los gobiernos del pacto de Punto Fijo, consolidaron los peores vicios republicanos y extendieron patente de corzo a la campeante y siempre impune corrupción.

Pero los casos de corrupción irresolutos más importantes de nuestra historia, tienen su escenario durante los gobiernos de Luis Herrera Campins (COPEI: 1979-1984), Jaime Lusinchi (AD: 1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (AD: 1989-1994) Dentro de este marco se encuentra el caso de El Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV).

Ahora bien, mucha agua habría de correr debajo de los puentes para que los venezolanos pudiésemos conocer las primeras puntas de un raíd que terminó enmarañando a dirigentes políticos, sindicales, empresarios y las más prominentes representantes del “barraganato” presidencial… el esplendor de aquel pacto suscrito por adecos y copeyanos en la quinta de Rafael Caldera, dejaba escuchar el estertor más próximo a la muerte.

EL GÉNESIS DE LA HISTORIETA

El BTV, fue una entidad bancaria creada en el año de 1966, pero que no es sino hasta el período 1978-1982 cuando cobra dimensiones de escándalo. Para este período, el BTV se posiciona como la primera entidad bancaria oficial del país, pero, sin una estructura sólida, que permitiera procesar y manejar el crecimiento y confiabilidad que ofrecieron a sus ahorristas.

Según el decreto de creación del Banco, ésta entidad financiera tendía la misión de ser …un ente financiero que ayude a la clase trabajadora menos favorecida, a través del fomento de ahorros de los Trabajadores, de la construcción de viviendas para personas de bajos recursos, ayuda a la pequeña y mediana empresa, al cooperativismo, etc.

Es decir, el Estado Venezolano asume la responsabilidad de crear un organismo que apoye las crecientes luchas de la clase obrera, en pro de sus justas reivindicaciones económicas y sociales. Por ello es que el BTV estrecha sus relaciones con la Confederación de los Trabajadores de Venezuela (CTV).

No obstante esta “relación” deriva más bien en una especie de bunker que integran la CTV, el partido blanco y el BTV. La Fundación Polar, en una página web cuya dirección es: www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/instituc/sindicatos.html, puede comprobarse esta conexión: La creación del Banco de los Trabajadores (BTV), marcó un hito en la evolución de la CTV y consagró el control hegemónico asumido por Acción Democrática en esa central sindical. Dicho control llegó a tal punto que para 1982 la CTV poseía un 57% de las Acciones del banco.

A mediados de la década de los ochenta, el BTV tenía obligaciones que sobrepasaba su liquidez, se excedió en gastos publicitarios (incluso destacados venezolanos en las Grandes Ligas, fueron contratados para las campañas) lo que generó un aumento en el número de ahorristas y aumentó los ilícitos.

Luis Brito García, en un artículo titulado El matrimonio de Fedecámaras y la CTV escribe: “¿Y qué decir de la CTV? Durante medio siglo sus sindicaleros nunca elegidos por las bases desfalcaron entidades como el Banco de los Trabajadores de Venezuela y colaboraron con patronos y gobierno en vender huelgas mediante laudos arbitrales, en mantener el salario mínimo por debajo de la canasta básica, y en legitimar latrocinios”

SE DESPATA LA OLLA

Para 1982 el BTV es intervenido. Al frente de las investigaciones está el destacado economista Domingo Maza Zavala. Los informes preliminares señalan, como uno de los responsables de la severa crisis experimentada por el BTV, al director del ente Eleazar Pinto.

Según el Diccionario de la Corrupción en Venezuela “dentro de las irregularidades presentadas se destaca la concentración para el otorgamiento de los créditos hacia los 3 principales deudores (Gobierno, una empresa filial del banco y CORACREVI- CTV).

Luis Piñerúa Ordaz, famoso por creerse sin rabo de paja, parecía mantener siempre una cajita de fósforos en la mano, decidió enfilar baterías contra Eleazar Pinto e introdujo una denuncia ante el tribunal Décimo Segundo de primera instancia, por diversa irregularidades administrativas cometidas en el BTV durante su gestión.

Lo más curioso es que los verdaderos responsables de las calamidades más grandes causadas a los ahorristas y a la nación en general, apenas saldrían a luz pública en 1992.

JUEVES 03/09/1992

La página 18 de Últimas Noticias colocaba en sus seis columnas: “Salvaguarda dictó auto de detención a ex presidentes de la CTV y el BTV”. Se hablaba de Antonio Ríos (dirigente adeco) y José Vicente Sánchez Piña, respectivamente a los cuales se acusaba de “presunta comisión de delitos de influencia” a propósito de una denuncia presentada esta vez por el ciudadano Ricardo Valbuena, ex gerente de Finanzas del BTV.

Unas dos semanas más tarde, la primera página de Últimas Noticias reseñaba la triste realidad de lo que era la justicia venezolana puntofijista: “El Libertad Ríos y Sánchez Piña por sometimiento a juicio”. Luego de ello sobre vendría una avalancha de pronunciamientos. Carlos Andrés Pérez defendió a Rios, en el congreso lo rechazaron, Caldera prometió pagarle a los ahorristas, los únicos que no figuraron en las páginas de los diarios fueron los estafados y mucho menos, la deuda al fisco nacional que se elevó a 31 millardos de bolívares sino hasta 1997.
El informe de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT), que se titula: Queja contra el gobierno de Venezuela presentada por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en 1993, señala que “el dirigente sindical Antonio Ríos fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por la Comisión Especial del Congreso de la República, a raíz de una denuncia de un gerente de finanzas y de créditos comerciales del Banco de los Trabajadores de Venezuela. La acusación de la Fiscalía se realizó por la presunta comisión por parte del diputado Antonio Ríos, de hechos punibles contra la cosa pública, en perjuicio del Banco de los Trabajadores de Venezuela”.

En 1991, siendo Ríos Diputado al Congreso venezolano fue acusado de peculado y tráfico de influencias. Como consecuencia de las acusaciones, la Corte Suprema de Justicia ordenó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ex presidente cetevista, “con objeto de seguirle juicio ante la jurisdicción ordinaria de salvaguarda del patrimonio público”.

En el informe de la OIT queda sentada la injerencia de CarlosAndrés Pérez quién declaró, en medio de la turbulencia: “el Gobierno manifiesta que no considera que el Sr. Ríos haya cometido los delitos que se le imputan y que la acusación la realiza un fiscal que "por todo ve delito".

No obstante, los intentos del gobierno no constituyeron obstáculos para que siguieran los juicios y el 13 de octubre de 1992, la PTJ detuvo al Ex Presidente del BTV José Vicente Sánchez Piña que luego fue trasladado al Reten del Junquito para cumplir su sentencia junto a otros imputados. Antonio Ríos estaba en cama tras sufrir un “atentado” que el gobierno de CAP se empeñó en endosar al Movimiento Bolivariano liderado por el candidato Hugo Chávez.


FUENTES:
 www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/instituc/sindicatos.html
 Capriles, Carlos (1990): “Diccionario de la Corrupción en Venezuela, Tomo III”. Consorcio de Ediciones Carriles. Caracas. Venezuela.
 Venezuelaanalitica.com
 www.oit.org.pe/sindi/casos/ven/ven15.html


CASOS DE CORRUPCIÓN # 4

SILENCIADO EL CANTO DEL TURPIAL

Las Fuerzas Armadas y una empresa firman un millonario contrato para instalar equipos en barcos militares. Unas 10 irregularidades rodearon las negociaciones. José Vicente Rangel fue uno de los que levantó su voz de protesta. Se buscan culpables.


Durante los últimos 30 años, muchos han sido los casos de adquisición de equipos deficientes o en mal estado, que han envuelto en un manto de cuestionamientos y escándalos a las Fuerzas Armadas Nacionales, debido a sus vinculaciones con los partidos políticos tradicionales.

Entre ellos destacamos uno, relacionado con la repotenciación y modernización de los sistemas de comunicaciones integrales navales del Comando General de la Armada que, en la década de los noventa, trascendió a la opinión pública venezolana como el denominado Caso Turpial, que surgió a la palestra los mismos días en que lo hizo la estafa del Banco de los Trabajadores de Venezuela.

Hablamos de una época convulsa para Venezuela donde los casos: Recadi, Jeep, Turpial, BTV, se mezclan y entrelazan con Lusinchi, Herrera Campíns, Carlos Andrés Pérez, Blanca Ibáñez, Cecilia Matos y otros que aparecerán repetidos e imbatiblemente impunes a los largo de una cantidad faraónica de folios judiciales.

Cómo en los casos que hemos revisado en esta serie, todos ocurren en la década de los ochenta al amparo de las complicidades partidistas, reviven en los noventa en medio de la debacle del modelo neoliberal y mueren vertiginosamente en manos de las tribus judiciales, prescribiendo causas e ilusiones populares.

EL PRINCIPIO

El 29 de septiembre de 1988, se celebra la firma de un contrato entre Fuerzas Armadas y la empresa IECA, para la instalación de un sistema de telecomunicaciones para la Armada venezolana. El monto acordado en la negociación fue de 11.669.156 dólares norteamericanos con el cual debían instalarse 28 estaciones fijas de trasmisión barco a barco y barco-avión.

Los primeros nombres que se conocen en esta caso fueron los de Edmundo Jesús González Bogarín y Pedro Rafael Lovera D’Armas quienes se desempeñaban como encargado de la Dirección de Contratos de la Dirección General del Ministerio de la Defensa y representante de la empresa IECA, respectivamente.

IRREGULARIDADES DENUNCIADAS

La prensa nacional (Últimas Noticias 2/09/92) recogió, para enumerar las “irregularidades” relacionadas con el caso Turpial, las observaciones que la Contraloría General de las FAN, las denuncias de José Vicente Rangel y Ricardo Vera Delgado, enumeramos:

1. Contratos sin licitación
2. Incumplimiento del control perceptivo
3. Aplicación unilateral por la empresa de empaquete
4. No contempla sanciones en los casos del pago por adelantado de los pagarés
5. Desconocimiento de las recomendaciones de la contraloría
6. Violación de las normas que obligan a informar a la contraloría de las FAN
7. Aplazamiento del contrato
8. La falta de una cláusula que obligue a la empresa a instalación de los equipos.
9. Sospecha de sobreprecio en los equipos
10. Negativa de la Armada a aceptar una comisión de arbitraje, porque no hay razones para hacer concesiones al contratista.

De estas acusaciones surgieron autos de detención contra el Vicealmirante Iván Carratú y el Capitán de Navío Edgar José Duven, además de el coronel ejercito José Rafael Aponte, el contralor general de las Fuerzas Armadas de Cooperación, Vicealmirante Germán Rodríguez Cítaro, entre otros, quienes se pusieron a derecho el 8 de septiembre de 1992.


LAS CONDENAS

En cuanto a la modernización de los sistemas integrales de comunicaciones navales de la Armada, caso Turpial, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en ponencia del magistrado Jorge Rossel, dictaminó el 15 de julio de 1999 los siguientes aspectos:

Se ratifican las penas de prisión de 7 meses y 15 días por pago fraudulento en el caso a Edmundo González Bogarín, y de la mitad de la pena anterior por aprovechamiento de dinero proveniente de pago fraudulento contra Pedro Lovera (quien fue denunciado de formar parte del entorno de Cecilia Matos), estipuladas en la Ley de Salvaguarda.

La empresa IECA fue condenada a pagar 11 millones 90 mil 30 dólares para resarcir daños demandados por el Ministerio Público, más las costas e intereses causados que incluye indexación y corrección monetaria a determinar en una experticia contable.

Se inhabilita políticamente y para ejercer cargos públicos durante la duración de la pena a los imputados


FINAL QUE YA SE SABÍA

Cómo siempre ocurre, el silencio político y mediático envolvió la jaula de los turpiales, así como sus relaciones militares, partidistas e internacionales durante los gobiernos de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez.

La única pista, como las migajas de pan de Hanzel y Grethel, fue una nota de prensa publicada por el Universal el 18 de abril de 1997, cuyo titular dice: “Sólo dos autos de detención siguen vigentes en caso Turpial”, los cuáles tienen como destinatarios a Edmundo González Bogarín y Pedro Lovera. El Tribunal Superior de Salvaguarda, revocó el resto de los autos de detención…


Fuentes:
El Universal: 18 / 04 / 97
Diccionario de la Corrupción
http://es.geocites.com/malversacion/cap08_08.htm
Cianuro en Gotas 24 / 01 / 03
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