El modelo neoliberal ha mostrado una gran eficacia en el saqueo y la subordinación de los Estados del tercer mundo y en la generación insólita de injusticia social. Tanto que no es raro escuchar lágrimas de cocodrilo de sus propios voceros acerca de la conveniencia de “abatir” las desigualdades que crea. Siempre, claro, que no implique cambiarlo ni en un ápice, porque eso, ¡horror¡, es “populismo”. El populismo según ellos es cualquier política que tienda a beneficiar a los de abajo. Últimamente hemos oído hasta “autocríticas” del Fondo Monetario Internacional, como recientemente respecto a Argentina, referidas obviamente a aspectos secundarios del modelo. Autistas, los neoliberales achacan el desastre social latinoamericano a la “insuficiencia” de las llamadas reformas estructurales, que habrían conseguido sus nobles propósitos de haberse aplicado con el ritmo y la intensidad recetada desde Washington. El ejemplo a seguir –afirman- es el “milagro chileno”, colmado de bienandanzas porque sí realizó una dócil aplicación del dogma, propiciada por la “estabilidad de su sistema democrático” y por políticas fiscales y sociales “responsables”.
Falso. El modelo neoliberal en Chile, aunque logró en los noventas un impulso al crecimiento económico -después interrumpido, por cierto- no está exento de ninguno de los flagelos que lo caracterizan en el resto de América Latina. Aclaremos que aunque el crecimiento económico es indispensable para lograr el desarrollo, aquel no necesariamente acompaña a este. Es más, el eventual crecimiento en las condiciones de la ortodoxia neoliberal ahonda el subdesarrollo y la dependencia y ese es el caso precisamente de Chile. Así lo confirman datos del investigador chileno Edgardo Condeza citados por la Asociación Salvador Allende, de chilenos residentes en México, en la celebración del 33 aniversario de la nacionalización del cobre por el gobierno de la Unidad Popular.
Los datos dejan clara la oportunidad histórica perdida de impulsar con el cobre nacionalizado la independencia económica y política del país, como pretendía el presidente Allende. Chile, con el 0.25 por ciento de la superficie terrestre, posee el 37 por ciento de las reservas conocidas del mineral en el planeta y su producción asciende a 36 por ciento de la mundial, siendo su costo de producción el más bajo del mercado.
Después de la nacionalización, en 1971, quedó en manos del Estado 95 por ciento de la producción total. En 1990, a 17 años del golpe fascista, la producción estatal era todavía de 84.2 por ciento. Sin embargo, en los 12 años siguientes de los gobiernos de la Concertación(maridazgo de los golpistas de la Democracia Cristiana y los socialistas estilo Blair, ergo Ricardo Lagos), pese a que la producción de cobre del Estado aumentó en términos absolutos, resultó desplazada al 30 por ciento del total por la del sector privado(Grupo Luksic y empresas extranjeras) que saltó a 70 por ciento. No obstante, la estatal CODELCO aportó en ese periodo al fisco 10 600 millones de dólares mientras las empresas foráneas sólo entregaron 1 500 millones(o evaden o pagan impuestos insignificantes). A este saqueo escandaloso se une el procesamiento del mineral en el exterior impidiendo con ello su industrialización, uno de los objetivos de Allende. Pero esto no es todo. Por un decreto de la dictadura aún vigente, 10 por ciento del monto bruto de las ventas del cobre se entrega a las fuerzas armadas, sin que estas rindan cuenta de su destino.
Difícil superar esta proeza en la dilapidación del recurso básico nacional, el sueldo de Chile que dijera Allende, lograda por los administradores democristianos y socialistas del modelo instaurado con el golpe fascista. Pues bien, no menos notable es su gestión en cuanto a justicia social. Baste decir que Chile figura entre los doce países del mundo con peor distribución del ingreso, según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD). La distribución del ingreso, que en el gobierno de la Unidad Popular se inclinó notablemente a los más desfavorecidos, inició una fase regresiva tras el golpe militar; pero de nuevo, es con los gobiernos de la Concertación que el fenómeno se agudiza. En 1990 los ingresos del decil más pobre de la población correspondían a 1.4 por ciento y los del decil más rico a 42.2, pero en 2000 esta proporción se había precipitado a 1.1 y 42.3 respectivamente.
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