27 de octubre de 2007. - Cuatro presidentes adoptaron esta medida para controlar al país. En sus ocho años de Gobierno, Hugo Chávez no ha decretado ninguna. La época del puntofijismo lleva la batuta en el número de decretos.

La propuesta del Parlamento nacional de modificar el artículo 337 de la Carta Magna, referido a la declaratoria de los estados de excepción, generó polémica en todos los sectores del país, puesto que se eliminaban garantías como el debido proceso y el derecho a la información en estados de excepción.

Tras intensas deliberaciones, la Asamblea Nacional recogió velas sobre el tema, al menos parcialmente, tras aprobar el derecho a la defensa, a la integridad personal y a ser juzgado por jueces naturales, pero excluyendo el derecho a la información.

Agustina Yadira Martínez, docente de derecho constitucional de la Universidad del Zulia (LUZ), explica que: “El estado de excepción es un decreto en el que se puede establecer la suspensión de alguna garantía en un determinado espacio geográfico y el tiempo que permanecerán bajo esta condición”.

El plazo para establecerlos depende de la situación que se presente. Un estado de conmoción interior y exterior, 90 días prorrogables; de alarma, 30 días prorrogables y, de emergencia económica, 60 días prorrogables.

Cuatro períodos

Haciendo un poco de historia, en Venezuela, desde 1960 hasta 1998, según la compilación de Gilberto Guerrero-Rocca, especialista en Derecho Administrativo en su libro Régimen de Gestión, Control y Protección Constitucional de los Servicios Públicos, al menos 21 decretos fueron emitidos para controlar las situaciones de emergencia, movimientos militares y sociales en el país.

Guerrero-Rocca en su investigación revela que, durante los gobiernos de Rómulo Betancourt (1960-1964), bautizado como el “Padre de la democracia”; Raúl Leoni (1965-1969); Carlos Andrés Pérez (1989- 1993) y Rafael Caldera (1994-1998) las garantías constitucionales fueron suspendidas declarando prácticamente a todo el país en estado de excepción.

Los derechos sobre la inviolabilidad de la libertad, de la seguridad personal, del hogar, la correspondencia, el libre tránsito, la libre expresión y pensamiento, el derecho a la reunión, a la huelga, a la actividad lucrativa, el derecho a la propiedad privada, a la manifestación y a la libertad económica fueron prohibidos reiteradas ocasiones por los mandatarios.

Violación de derechos

El general Alberto Müller Rojas, ex miembro del Estado Mayor, recordó que en la época del puntofijismo fue cuando más se violaron los derechos humanos.

“Ni en la época de Juan Vicente Gómez se vieron tantas matanzas como durante el conflicto de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en Anzoátegui; durante el Gobierno de Raúl Leoni; los muertos de Yumare, Cararabo y El Amparo, en la gestión de Carlos Andrés Pérez ”, afirmó.

Roberto López, profesor de la cátedra de historia de LUZ, sostiene que un Gobierno elegido legítimamente tiene la potestad de suspender las garantías, siempre y cuando exista una razón que ponga en peligro la estabilidad de la nación.

Para López, los años 70 también fueron difíciles por la cantidad de juicios militares contra civiles opositores que se dieron. Periodistas, escritores y hasta dirigentes sindicales pasaron por esa situación “yo fui uno de ellos. En 1982 me enjuiciaron siendo civil”, dijo

Haciendo un poco de memoria en su carrera como miembro del Ejército el general Müller Rojas mencionó que durante el período de Leoni en los teatros de operaciones anti subversivos, ubicados en la frontera, “siempre estuvieron suspendidas y muchos prisioneros desaparecían sin ninguna fórmula de juicio”.

Igualmente, comentó los duros momentos que vivieron los venezolanos en 1989 cuando Pérez, en su segundo mandato, luego de dictar una serie de medidas económicas provocó un estallido social que trajo como resultado la suspensión de las garantías establecidas en la Constitución del 61, dejando como resultado cientos de muertos.

“Lo que se vivió esos 23 días en 1989 de suspensión de garantía sirvió para demostrar que la Fuerza Armada Nacional (FAN) salió a la calle para reprimir el levantamiento popular”, agregó López sobre el hecho que marcó la historia del siglo XX.

Tres años más tarde, el 4 de febrero de 1992, el intento de golpe de Estado que lideró el actual Jefe de Estado también trajo como consecuencia la suspensión de garantías.

“En esa oportunidad, hasta la prensa fue censurada por todo lo que se estaba viviendo, el diputado por Acción Democrática, Pedro Pablo Alcántara, era el sensor para frenar que un diario de circulación nacional informara sobre lo que estaba ocurriendo”, recalcó el docente.

Ocho años

Al ubicar los ocho años que lleva Hugo Chávez como Presidente de la República se pueden citar momentos duros en los que también se pudieron aplicar medidas como la de un estado de excepción o una suspensión de garantías que nunca se concretaron.

Quién no recuerda los llamados a la desobediencia civil por parte de un grupo de militares instalados en una plaza de Caracas o el golpe de Estado impulsado por empresarios, dirigentes sindicales y la Iglesia que luego se conoció como “El Carmonazo”. Qué decir del sabotaje petrolero que paralizó al país entre 2002 y 2003.

Müller destacó que en este período “no existe ningún indicio que muestre que el Gobierno, en situaciones de dificultades, tenga la intención de desconocerle los derechos a los venezolanos”.

El historiador, por su parte, aclara que “hay que diferenciar que lo ocurrido hace 18 años atrás no era un levantamiento militar contra el Ejecutivo sino una protesta popular de la calle, un reclamo que no pudo ser aplacado de otra manera”.

Sin embargo, no dudó en precisar que la propuesta de reforma de Constitución está elaborándose en el contexto de lo acontecido el 11 de abril del 2002 “ que jamás se puede comparar con lo que ocurrió el 27 de febrero de 1989”.

“En todo caso pudiera compararse con lo sucedido el 24 de noviembre de 1948 cuando se dio el golpe a Rómulo Gallegos en el que varios sectores políticos y económicos actuaron para sacarlo del poder”.

“Lo que se está planteando en la AN es que un Gobierno democrático tenga las armas que le permita responder ante un intento de golpe fascista”, explicó.