5 de Mar de 2008. Fermín Toro Jiménez, ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió este miércoles a las autoridades profundizar en torno a la denuncia contra Alvaro Uribe y el alto gobierno colombiano introducida en junio de 2005 en la Corte Penal Internacional de La Haya por la Federacion Internacional de Derechos Humanos (Fidh), organización que agrupa a 155 ONG de todo el mundo.

Las declaraciones de Toro Jiménez fueron ofrecidas en una entrevista en el programa "Al momento" del canal Venezolana de Televisión; el ex diplomático cree que el proceso debe estar avanzado y que sería interesante conocer qué conclusiones se han obtenido hasta ahora.

A esa demanda contra Uribe hay que sumar otra anunciada por el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, el pasado 10 de febrero de 2008 por las fumigaciones con glifosato de Bogotá en la frontera de los dos países.

Piden investigar a paramilitares y al alto gobierno colombiano

La solicitud de investigación, enviada en 2005 por la Fidh y otra dos organizaciones (el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité Permanente de Derechos Humanos) pidió al fiscal de la Corte Internacional que se investiguen más de 2 mil crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares en Colombia, así como "que se investigue por acción y omisión las más altas autoridades que han facilitado la comisión de los crímenes de lesa humanidad en Colombia" a través de la Ley de Justicia y Paz.

La carta enviada a la Corte el 29 de junio de 2005 arremete directamente contra la mencionada Ley, que permite que aquellos paramilitares que confiesen sus crímenes reciban condenas de entre 5 a 8 años, aún si son crímenes de lesa humanidad. Diferentes paramilitares han reconocido haber asesinado a decenas de personas. Tan sólo uno de ellos, Éver Veloza, alias ’HH’, ha confesado que él y su escuadrón son responsables de 1.200 asesinatos.

Dice la carta que la Ley de Justicia y Paz "constituye una amnistía encubierta, teniendo en cuenta las penas reducidas previstas para crímenes de extrema gravedad, y la ausencia de pérdidas de estos beneficios por no confesiones plenas (por ejemplo cuando la omisión no fue intencional)”.

Afirman que la Ley de Justicia y Paz "ha negado los derechos a la verdad la justicia y la reparación de las víctimas" y su acceso a la justicia da lugar a la aplicación del estatuto de la Corte Penal Internacional pues si fuese utilizada para fundamentar la complementariedad entre la CPI y el Estado de Colombia, violaría el artículo 17.2 de los Estatutos de la CPI que prohíbe cualquier tipo de disposición legal que haya sido elaborada 'con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la corte'."

Ley de Justicia y Paz protege a paras de la Corte Internacional

Según la Fidh, Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz, declaró en Santa Fe de Ralito en una reunión con los principales miembros del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Salvatore Mancuso, ’Adolfo Paz’, ’Jorge 40’, Miguel Arroyave y Ernesto Báez) que la Ley de Justicia y Paz "bloquea la acción de la Corte Penal Internacional".

La carta pide "que se adelanten las investigaciones contra los comandantes miembros del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia", sobre "las altas autoridades del Estado, civiles y militares" y que "la Corte Penal Internacional, garantice los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de los crímenes perpetrados en el marco del 'cese de hostilidades' decretado por las Autodefensas Unidas de Colombia desde el 01 de diciembre de 2002 hasta hoy, que con la mencionada Ley de Justicia y Paz se les niega."

Salvedades

El portal de la BBC explica que Colombia usó una salvedad contemplada en el Estatuto de Roma para sustraer a la Corte Penal Internacional, durante siete años, del conocimiento de crímenes de guerra ocurridos en el país. Esa salvedad se invocó en agosto de 2002 por parte del presidente Andrés Pastrana y se dijo que pretendía facilitar el camino para eventuales negociaciones de paz con los grupos armados irregulares.

La Federación Internacional de Derechos Humanos es una confederación de organizaciones no gubernamentales establecida en 1922, cuando reunió a organizaciones de 10 países. Hoy en día agrupa a 155 organizaciones de derechos humanos en cerca de 100 países. Busca promover y respetar todos los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el convenio Internacional de los Derechos civiles y Políticos y el Convenio Internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

Texto completo de la carta dirigida al Fiscal de la Corte Penal Internacional
Tomado de la página de la Fidh

29/06/2005
Colombia / CPI
Comunicación al Fiscal de la Corte Penal Internacional

La Federacion Internacional De Derechos Humanos (Fidh) y dos de sus organizaciones afiliadas en Colombia - el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité Permanente de Derechos Humanos presentan una comunicación al Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre los crimenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares.

También piden que se investigue por acción y omisión las más altas autoridades que han facilitado la comisión de los crímenes de lesa humanidad en Colombia.

La Haya y París, Junio 28 de 2005. En el marco del cese de hostilidades y durante la vigencia de la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia los grupos paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia AUC han cometido más de 2000 crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes se siguen cometiendo en el marco de un proceso de diálogo y negociación en el cual no se respeta el cese de hostilidades y se presentan graves y sistemáticos ataques a civiles sin que el Gobierno Nacional haya tomado medidas para proteger a la población civil o para hacer cumplir el cese de hostilidades.

El Gobierno Nacional expidió y promovió decretos y leyes que garantizan la impunidad de estos crímenes de lesa humanidad y de otros miles cometidos antes de la vigencia de la Corte Penal Internacional, culminando con la aprobación por el Congreso de la Ley de “Justicia y Paz”, el 22 de junio.

“El Gobierno Colombiano pretende que la Ley « Justicia y Paz » proporciona un marco para el proceso de desmovilización de los combatientes ilegales y favorece así la paz y la justicia. Sin embargo, la FIDH considera que dicho texto constituye una amnistía encubierta, teniendo en cuenta las penas reducidas previstas para crímenes de extrema gravedad, y la ausencia de pérdidas de estos beneficios por no confesiones plenas (por ejemplo cuando la omisión no fue intencional) o falta de devolución de bienes.” Como lo dijo hoy Sidiki Kaba Presidente de la FIDH, concluyendo que “las autoridades Colombianas hacen así expresa la falta de voluntad y de capacidad para investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI . Esta voluntad del Gobierno de garantizar la impunidad de los paramilitares se expresó con mucha claridad cuando Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz, declaró en Santa Fe de Ralito en una reunión con los principales miembros del Estado Mayor negociador de las Autodefensas Unidas de Colombia (Salvatore Mancuso, ’Adolfo Paz’, ’Jorge 40’, Miguel Arroyave y Ernesto Báez): "El gobierno ofreció un proyecto de ley que bloquea la acción de la Corte Penal Internacional"”.

Esta legislación que ha negado los derechos a la verdad la justicia y la reparación de las víctimas y su acceso a la justicia da lugar a la aplicación del estatuto de la Corte Penal Internacional pues si fuese utilizada para fundamentar la complementariedad entre la CPI y el Estado de Colombia, violaría el artículo 17.2 de los Estatutos de la CPI que prohíbe cualquier tipo de disposición legal que haya sido elaborada “con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la corte”.

La FIDH recuerda que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra deben ser sancionados por la legislación interna de todos los Estados. De no hacerse, opera el principio de la complementariedad. Si un Estado no quiere o no puede investigar ni sancionar estos crímenes, o se simula justicia o se aplican leyes de indulto o amnistía, la CPI podrá actuar para que los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación sean respetados (artículo 17.2 del estatuto de la CPI).

Por todas estas razones, la FIDH en la comunicación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares que presentó hoy a la CPI ha solicitado al Fiscal:

1- Que se adelanten las investigaciones contra los comandantes miembros del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia reseñados en la comunicación, así como los que en el transcurso de las diligencias que adelante su despacho resulten comprometidos en los crímenes cometidos en el marco del cese de hostilidades declarado el 01 de diciembre de 2002 hasta la fecha, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 y 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

2- Que la Corte realice las investigaciones sobre las altas autoridades del Estado, civiles y militares que mencionamos en esta comunicación y sobre otras que en la instrucción que adelante su despacho resulten comprometidos con los crímenes denunciados, de acuerdo con lo establecido en los literales c) y d) del artículo 25 del Estatuto de Roma.

3- Que atuto la Corte Penal Internacional, garantice los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de los crímenes perpetrados en el marco del “cese de hostilidades” decretado por las Autodefensas Unidas de Colombia desde el 01 de diciembre de 2002 hasta hoy, que con la mencionada ley de justicia y paz, se les niega..

La comunicación entregada al Fiscal de la Corte Penal Internacional hará curso conforme a los procedimientos establecidos por el Estatuto y demás reglamentos de esta instancia internacional.

Contacto : Luis Guillermo Perez, Secretario General de la FIDH / Karine Bonneau (La Haya) : + 31 638 310 641