El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores emitió este sábado el siguiente comunicado.

Caracas, 5 de abril de 2008/ La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el Informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en lo referido al desarrollo de los derechos humanos en Venezuela y repudia, por falsos, los señalamientos sobre supuestas violaciones que “afectan de manera general el disfrute efectivo de los derechos humanos de todos los habitantes de Venezuela”, como temerariamente refrenda la CIDH.

El Estado venezolano ha analizado detenidamente el Informe 2007, percatándose nuevamente con decepción, que las fuentes utilizadas por la CIDH para su elaboración, corresponden a un sin número de aseveraciones, ligeras y sin elementos probatorios, producto de datos y opiniones emanadas de varias organizaciones –con una clara tendencia política opositora- contrarias a las acciones que lleva a cabo el Estado Venezolano, en función de perfeccionar la calidad democrática en nuestro sistema político y social, orientado por la legítima y democrática Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Este Informe de la CIDH constituye un acto más de la campaña de descrédito internacional, impulsada desde el gobierno de los Estados Unidos de América, contra instituciones venezolanas y nuestro sistema democrático, sin duda alguna la CIDH cede una vez más a las groseras presiones de la Casa Blanca.

El Informe reitera la actitud de parcialidad y selectividad malintencionada con que actúa la CIDH contra Venezuela, lo cual pone en entredicho la credibilidad y fortaleza de este organismo del Sistema Interamericano.

Contrario a lo que afirma la CIDH, el Estado venezolano, en estos años de Revolución Bolivariana, ha alcanzado innegables progresos en cuanto al respeto, goce y garantía de los derechos humanos de todos los venezolanos y venezolanas, como resultado de la clara vocación de nuestro gobierno de combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión en la que fue sumida nuestra patria, como producto de las políticas neoliberales aplicadas. De igual manera, la CIDH se niega a valorar los esfuerzos que se realizan en Venezuela para garantizar plenamente los derechos constitucionales.

El ejercicio de la actividad de los defensores de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el legítimo derecho a la protesta social y el respeto a la vida se encuentran plenamente garantizados en nuestro país. Hoy Venezuela disfruta como nunca antes en su historia, de un sistema democrático de amplias libertades, con la participación entusiasta y consciente de todo el pueblo, realidad ésta que es fácilmente comprobable en cualquier lugar de la geografía de nuestra patria.

Igualmente hay avances sustanciales en el combate contra la delincuencia y en el mejoramiento de las condiciones de nuestros centros de reclusión, son logros irrefutables, siempre orientados por los principios humanistas de nuestra Constitución.

A diferencia del pasado, que existía un poder judicial atado a los grupos económicos, mediáticos y a la oligarquía interna, en Venezuela existe hoy un Poder Judicial autónomo, independiente e imparcial, obligado constitucionalmente para garantizar a los venezolanos y venezolanas el derecho a la protección judicial efectiva de sus derechos e intereses, a todos por igual.

Un análisis objetivo de la situación, necesariamente lleva a concluir que no hay motivo para cuestionar, de manera especial y por encima del resto de los países del continente, el sistema de derechos humanos que impera en nuestro país. Mucho menos se justifica cuando se tiene en cuenta que antes de producirse todos los progresos en materia de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos conquistados por el Gobierno Bolivariano, la Comisión Interamericana ignoró la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El Estado venezolano expresa su honda preocupación por la subjetividad con la que la CIDH ha elaborado su Informe 2007, y ratifica su inconformidad y desacuerdo con los hechos en él planteados, pues no responden a una investigación analítica, seria e imparcial sobre la situación de Venezuela en relación con los Derechos Humanos.


La CIDH una vez más viola los principios que deben regir los Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, que se basan en la buena fe, imparcialidad, objetividad, no selectividad, diálogo constructivo, cooperación, transparencia y equilibrio, en ese sentido la República Bolivariana de Venezuela reitera su llamado a los gobiernos del continente para que no permitamos que se utilicen estos espacios de manera parcializada, intentando legitimar campañas políticas contra Gobiernos democráticos que enaltecen y garantizan los Derechos Humanos de sus pueblos, como es el de la República Bolivariana de Venezuela.