El asesinato de nueve compañeros sacudió nuestros sentimientos con la misma violencia que doblegó sus cuerpos. Los recordamos de cara al agresor, mirándolos de frente, más firmes que nunca en nuestro odio de clase. Ellos fueron quitados para que el pueblo se resignara a vivir en la desgracia del capitalismo y la corrupción.  Ellos levantaban un movimiento político social denominado “La Corriente Histórica Social” que rescataba el pensamiento bolivariano, en busca de una patria justa para los venezolanos y la unión de los países hermanos.

DILIA ANTONIA ROJAS, militó desde muy joven en el movimiento revolucionario. A raíz de su participación tuvo que irse a Cuba donde realizó estudios de Francés. Fue una reconocida dirigente popular.  Amante de la poesía y luchadora vecinal, trabajo como enfermera en varios centros asistenciales. Fue miembro fundadora de la Asociación de Vecinos de Carabobo, en representación de los barrios de Valencia en el año 80. Dejó 7 hijos.

Pedro Jiménez

PEDRO PABLO JIMENEZ GARCIA: trabajó en el Ministerio de Obras Públicas y fue dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte, fundó el periódico Ruta Unitaria y militó en las filas del Partido Revolucionario Venezolano durante varios años.

NELSON CASTELLANOS DIAZ, militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y en la Liga Socialista. Dejó 3 hijos.

Ronald Morao

RONALD JOSE MORAO SALGADO, militante revolucionario desde muy joven, se inició en las actividades de los Frentes de Cultura Popular; fue activista político en la zona de Los Flores de Catia donde editaba y distribuía el periódico “El Rebelde”. Militó en la Liga Socialista, organización en la cual llegó a formar parte de los organismos de dirección.

JOSE ROSENDO SILVA MEDINA, se desempeñó como latonero y pintor automotriz por muchos años. Silva además fue uno de los fundadores del Centro Cultural Francisco de Miranda, en la ciudad de Valencia. Una de sus preocupaciones fue la desigualdad social por la que luchó hasta su muerte.

SIMON JOSE ROMERO MADRID, Trabajador de la cultura popular, poeta y canta-autor. Desde muy joven tuvo vocación para la música, Siendo niño fue primera voz del orfeón “Don Bosco” y posteriormente del Orfeon “Cardenal Spellman” comenzó estudios de música en la Escuela Juan José Landaeta, dictó cursos de guitarra en el Centro Cultural de la Federación de Jóvenes de Venezuela. Formó parte de los grupos musicales “Espiga” y “Canción Libre”.

LUIS RAFAEL GUZMAN GREEN, fue integrante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y del Grupo Punto Cero. Laboró por varios años como vendedor en algunas empresas y durante dos años integró el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

RAFAEL RAMON QUEVEDO INFANTE, estudiaba cuarto semestre en el departamento de castellano, del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas. Según el texto, allí mismo integró la Federación de Centros de Estudiantes.

ALFREDO CAICEDO, fue miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. “Estuvo preso y luego exiliado en México, donde estudió antropología en la Universidad Autónoma de México”.

Los hechos:

La “Corriente Histórica Social” estaba conformada por dirigentes sociales, vecinales, estudiantes y sindicales, quienes a través de actividades públicas enarbolaban un proyecto político, cuya base ideológica fundamental estaba constituida por la difusión y practica en el seno de las comunidades organizadas del pensamiento bolivariano y nacionalista, a través de experiencias autogestionarias en la solución de los problemas sociales.  

Luego de un prolongado proceso de amedrentamiento contra éstos venezolanos y sus familiares, la DISIP los captura, los someten a torturas y los asesinan, bajo el falso argumento de enfrentamiento armado entre funcionarios y un grupo de guerrilleros.  

La operación consistió en la infiltración de cuatro agentes de la DISIP (Norberto Rebanales, Alirio Rebanales, Bergenis Beraciarte y Rafael Rojas) al movimiento denominado Corriente Histórico-social del cual formaban parte los asesinados.  Los mismos tenían un (1) año participando como miembros del movimiento político como paso previo a la planificación y ejecución de la operación exterminio que se efectuaría un año más tarde.  

Los agentes encubiertos, planificaron desde de marzo de 1986, una reunión donde se discutirían los lineamientos de la nueva organización, para lo cual los mismos agentes, escogieron un escenario rural que desconocía el resto de los integrantes de la organización.   

El día 6 de mayo de 1986 comenzaron a trasladar al lugar de los hechos a un grupo de once (11) personas en un vehículo  de uso particular, entre los cuales estaban algunos de las victimas fallecidas, otras tres (3) personas fueron detenidas por los agentes infiltrados de la DISIP entre los días 6 y 7 de mayo de 1986, los mismos fueron torturados y posteriormente asesinados y trasladados al lugar. Cabe destacar que en esa misma camioneta estos agentes (Alirio Rebanales y Norberto Rebanales, quienes se hacían llamar por los apodos “Compadrito” y “Triniti”, respectivamente) y quienes eran conocidos ampliamente en las comunidades del sur de la Ciudad de Valencia y Yaracuy como miembros activos de la organización antes mencionada, por lo cual contaban con la credibilidad suficiente por lo que garantizaron la presencia de un importante numero de personas, que tal como lo habían planificado acudieron a la citada reunión donde serian asesinadas por el comando de la DISIP, es de hacer notar que  utilizaron todo  tipo de recursos para  asegurarse  la asistencia al lugar de la Masacre, de otros activistas sociales de diferentes localidades de Yaracuy y Valencia, quienes por diferentes causas no asistieron  a dicha reunión, logrando sobrevivir a la  siniestra acción.     

Una vez allí simularon una emboscada por parte de un grupo guerrillero y para ello utilizaron a los dirigentes sociales algunos de los cuales fueron capturados y torturados días antes para posteriormente llevarlos y asesinarlos con múltiples disparos de armas largas en las cabezas y tórax evidenciándose a través de los protocolos de autopsias que muchos de ellos tenían “tiros de gracia” y presentaban múltiples lesiones externas que delatan la aplicación de torturas antes de ser ejecutados en el sector Barlovento, Caserío La Vaca, Estado Yaracuy. 

Una vez realizada la masacre, los cadáveres fueron vestidos con prendas militares y exhibidos ante los medios de comunicación, quienes difundieron la versión oficial expresada por el Ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, según la cual, los funcionarios de la Disip, habían sido emboscados por un grupo de irregulares y en defensa de sus vidas utilizaron sus armas orgánicas, dejando tal enfrentamiento el saldo de nueve personas fallecidas, aún cuando tal versión se hacía insostenible por las left múltiples contradicciones que emitían los organismos oficiales. 

Es de hacer notar que según testimonios de los sobrevivientes y vecinos del sector (quienes nunca fueron llamados a prestar su testimonio en la “investigación” realizada por autoridades militares incompetentes para conocer tales hechos) éste Comando ingresó al sector denominado La Vaca varios días antes y utilizaron para ello vehículos no oficiales pertenecientes a particulares.

A fin de encubrir la verdad de los hechos, se sustanció un expediente por ante la Jurisdicción militar, el cual en una oprobiosa Sentencia de fecha 7 de agosto de 1989, estableció: “… el hecho investigado exime de responsabilidad penal a los expertos funcionarios de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) con motivo de la muerte de los ciudadanos LUIS RAFAEL GUZMAN GREEN, JOSE ROSENDO  SILVA MEDINA, RONALD JOSE MORAO SALGADO, DILIA ANTONIA ROJAS, SIMON JOSE ROMERO MADRID, PEDRO PABLO JIMENEZ GARCIA, RAFAEL RAMON QUEVEDO INFANTE, NELSON MARTIN CASTELLANOS DIAZ y ALFREDO CAICEDO CASTILLO, quienes se encuentran implícitos en la comisión del delito militar de REBELION plenamente demostrado en autos…”  El Juez Militar fue el Teniente Coronel Oscar Rene Verde Mendiri.

Fue un expediente totalmente viciado, en el cual se violó la garantía constitucional del derecho a la defensa de los familiares de las victimas, quienes nunca fueron citados a declarar, sino todo lo contrario, funcionarios policiales los amenazaron de muerte y persiguieron.

El tribunal de la causa remitió la infame sentencia al Consejo de Guerra Permanente de Maracay, cumpliendo con el procedimiento debido, y es allí donde el Teniente Coronel de la Aviación Germán Rafael Blasco Acevedo, quien fue Juez, realiza un VOTO SALVADO alegando que en la sentencia se evidencian elementos contradictorios de juicio, entre otros:  

Jaime Lusinchi. Presidente de la República en la época

1. Entre lo afirmado por los funcionarios policiales actuantes en relación a que fueron emboscados por un grupo de guerrilleros en un lugar boscoso, cuando de las fotografías consignadas por los mismos funcionarios se evidencia que se trata de un sitio plano, despejado,  de vegetación baja tipo pasto, iluminado, carente de árboles que permitan ocultarse lo que hacía imposible la ejecución de alguna emboscada. 
2. En la relación al número de bajas de los “supuestos emboscados” (funcionarios policiales), contrastando con la certeza de disparos en cabeza y tórax de los presuntos agresores, evidenciando la falsedad de lo expresado por los funcionarios ya que la ventaja que comporta el ocultamiento y la protección defensiva de los agresores en una zona boscosa ocasionaría un resultado desastroso a los emboscados.
3. Ausencia de signos de disparos en las prendas militares de las victimas, especialmente los morrales, aun cuando las victimas presentaban orificios de bala en la región dorsal. (Lo que corrobora la tesis de que fueron vestidos con prendas militares después de haber sido asesinados).
4. Es ilógico que la persona que participa en una emboscada lo haga portando un morral cuyo peso y volumen le dificulta sus movimientos.
5. No se colectaron conchas o cartuchos de proyectiles disparados alrededor de las victimas lo que evidencia que las mismas no efectuaron disparos con armas de fuego.
6. Incompetencia del tribunal militar que debió remitir el expediente a la jurisdicción penal ordinaria, por no ser los funcionarios actuantes miembros de ningún componente de las Fuerzas Armadas Nacionales, sino funcionarios policiales.

Es de hacer notar que los mismos agentes encubiertos que actuaron en ésta Masacre, 4 años antes utilizando idéntico procedimiento perpetraron la Masacre de Cantaura, donde asesinaron 23 venezolanos. 

Octavio Lepage (a la derecha)

19 años después, en julio de 2005, la Asamblea Nacional, creó una Comisión Especial a solicitud del Presidente Hugo Chávez para que investigara los crímenes políticos ocurridos durante la Cuarta República. La misma se denominó “COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGA LOS ASESINATOS, DESAPARICIONES y TORTURAS DE VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS  DURANTE LAS DÉCADA DE LOS AÑOS 60, 70 Y 80”. La misma, estaba conformada por varios diputados, familiares de las víctimas y victimas sobrevivientes de esas décadas y un equipo multidisciplinario técnico jurídico que se avocó a realizar las distintas investigaciones en los archivos militares y policiales.   Lamentablemente la comisión solo duró 5 meses, bajo el argumento de “no tener presupuesto”. Sin embargo, las victimas se preguntan ¿acaso si había presupuesto para entrenar a los policías asesinos en gobiernos anteriores?, ¿acaso el Estado venezolano, en época de la IV República, escatimó recursos para lograr sus objetivos criminales? A pesar de ello, y en ese corto periodo, el equipo técnico jurídico con apoyo de los familiares, lograron hacer varias investigaciones, entre esas, los hechos ocurridos en la Masacre de Yumare.  

Henry López Sisco. Ex-Director de la DISIP

20 años después, justo el 8 de mayo de 2006, los abogados que conformaron la extinta comisión, elaboraron una querella, la cual fue interpuesta ante los tribunales penales de San Felipe en el Estado Yaracuy. La misma, fue admitida y de inmediato comenzó la investigación fiscal ante el Ministerio Público. 

Hoy a 22 años de ese terrible crimen de lesa humanidad, el Ministerio Público tiene adelantada una gran investigación, casi por culminar, en la cual se han recabado elementos suficientes para un próximo enjuiciamiento contra los asesinos.  

Los familiares y victimas no decaerán en su lucha contra la impunidad.  

Agradecimientos: 

A todos los familiares y amigos de las victimas.

A Hugo Chávez, Presidente de la República, José Vicente Rangel, ex Vicepresidente de la República, Carlos Jiménez, Gobernador del Estado Yaracuy, Ricardo Gutiérrez, Diputado a la Asamblea Nacional, Jesse Chacón, ex