12 de septiembre de 2008.- El inspector general del Departamento del Interior presentó el jueves informes después de una extensa investigación de dos años, detallando cómo varios funcionarios de la oficina encargada del manejo de regalías petroleras participaron en actos de corrupción en el manejo de contratos, conflicto de interés al trabajar para el gobierno y prestar servicios remunerados a empresas privadas a la vez, aceptar regalos (incluyendo viajes para jugar golf, para esquiar, cenas y más) y hasta relaciones sexuales con empleados de algunas de las empresas petroleras más grandes del país.
Además, por lo menos 19 funcionarios en la sección responsable de comercializar el gas y petróleo que algunas empresas ofrecen en lugar de pagos de regalías al gobierno en sus oficinas en Denver –casi un tercio de los 55 empleados federales–, no sólo recibieron regalos y recompensas de empresas como Chevron, Shell, Hess entre otras, sino que el ex jefe Gregory Smith usó cocaína y tuvo relaciones sexuales con sus subordinadas (una de las cuales le vendía cocaína).
El inspector general Earl Devaney escribió que las investigaciones revelan “una cultura de fracaso ético” y describió “una cultura de abuso de sustancias y promiscuidad” de un grupo de 13 funcionarios en Washington y Denver. El informe del inspector general afirma que varios de los funcionarios “frecuentemente consumieron alcohol, cocaína y mariguana, y tuvieron relaciones sexuales con representantes de empresas de petróleo y gas”.
Las regalías en dinero o en especie manejadas por estas oficinas del Departamento del Interior son pagadas al gobierno por empresas a cambio de la explotación de petróleo y gas en tierras federales. Los pagos en especie (más de 4 mil millones anualmente) son revendidos por el gobierno a empresas energéticas o depositado en la Reserva Petrolera Estratégica. El llamado Servicio de Administración Mineral recauda unos 10 mil millones en regalías en total cada año y representa una de las fuentes de ingreso más grandes al tesoro federal fuera de los impuestos, informó el New York Times.
Entre los funcionarios implicados, la de más alto rango es Lucy Denett, ex directora asociada de la administración de ingresos minerales, quien manipuló contratos para beneficiar a un amigo y ex asistente, y quien se jubiló este año mientras procedía la investigación. Resulta que su esposo, Paul Denett, era el funcionario de mayor rango para procuración en la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca hasta que renunció este mes.
Las violaciones detalladas ocurrieron durante el gobierno de Bush, desde 2002 hasta por lo menos 2006. También hay pruebas de que Chevron y otras empresas lograron descuentos en sus compras del petróleo del gobierno después de que fueron firmados los contratos, con por lo menos 118 ocasiones documentadas de este tipo de favor, lo cual representa un costo de 4.4 millones de dólares al público.
Este escándalo estalla justo cuando se debate –tanto en Washington como en la contienda electoral– el tema de ampliar la exploración y perforación de empresas petroleras en aguas costeras y territorios federales públicos.
El director del Servicio de Administración Mineral del Departamento del Interior, Randall Luthi, comentó que “solicitamos esta investigación en 2006 después de que un empleado presentó alegatos de fallas éticas”.
