Caracas, 09 Abr. ABN (Orlando Rangel Yustiz).- El golpe de Estado y el sabotaje petrolero, complot orquestado, promovido y ejecutado por la oligarquía venezolana entre los años 2002 y 2003, fue una acción desestabilizadora con fines políticos, que además de tratar de derrocar un Gobierno legalmente constituido, trató de estrangular socioeconómicamente al país y buscó acabar con el modelo económico socialista para establecer uno basado en políticas de libre mercado.

Así lo reseñó el economista venezolano Jesús Faría, en una entrevista exclusiva a la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), donde explicó que tras la realización del sabotaje petrolero que emprendieron diversos sectores de la oligarquía venezolana en detrimento de los más necesitados, se produjo una recesión de la economía nacional importante que casi provoca un colapso total del sistema financiero.

En este sentido, expresó que desde diciembre de 2001, grupos empresariales como la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), junto a medios de comunicación privados nacionales, falsos representantes de la clase obrera como la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y sectores de la oligarquía venezolana, impulsaron diversas acciones para desestabilizar al país, que posteriormente llevaron al golpe de Estado de abril de 2002 y la masacre de Puente Llaguno.

Por tal razón, Faría manifestó que los años 2002 y 2003 fueron altamente conflictivos, pues se caracterizaron "por una creciente confrontación desatada por círculos empresariales y sectores de la aristocracia petrolera, llamada también "meritocracia petrolera", que comenzó con el paro patronal que se inició en diciembre de 2001 y escalonadamente se prolongó a lo largo del primer trimestre del 2002 y desembocó en el golpe de Estado".

Al fracasar el golpe del 11 de abril de 2002, la oposición venezolana apoyada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, planeó nuevas acciones contra el Gobierno del presidente, Hugo Chávez, que estaban orientadas hacia la desestabilización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En este sentido, Faría explicó que a la inestabilidad económica provocada por empresarios durante el golpe de Estado, al emplear de manera intencionada acciones como la escasez, especulación, boicot y acaparamiento de productos de primera necesidad, se unió el sabotaje petrolero originado a finales de 2002, hecho que ocasionó enormes pérdidas económicas.

Contracción y trastorno del aparato productivo nacional

Entre tanto, Faría recalcó que en estos años, la economía venezolana fue duramente castigada por la actitud suicida de Fedecámaras, grupo que aprovechó su poder económico para utilizarlo como instrumento en la desestabilización política.

Al respecto, señaló que esta grave contracción económica, generada intencionalmente por el empresariado criollo, la oligarquía criolla y la meritocracia petrolera, además de desestabilizar políticamente al país, buscaba reducir el proceso de transformaciones sociales que había adelantado el Ejecutivo.

"En este periodo quebraron centenares de empresas, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo, por mucho tiempo se generó un impacto grave en el tejido social venezolano, la pobreza creció de una forma significativa llegando al 50% de la población. El paro petrolero prácticamente paralizó la economía nacional y trató de estrangular al país", remarcó Faría.

En este contexto, indicó que "el sabotaje petrolero trajo consigo un elevadísimo costo económico y un tremendo impacto social que sobretodo recayó en los sectores más vulnerables y más desprotegidos de la población venezolana".

"Los costos fueron elevadísimos, 15 mil millones de dólares se perdieron nada más en el paro sabotaje petrolero, sin contar las demás pérdidas, además la conflictividad trastornó de una forma muy severa el aparato productivo nacional" , acotó Faría.

Sobre este aspecto, el economista venezolano recalcó que "la economía se contrajo en ese periodo de dos años en un 18% , un costo que es imposible de recuperar, pues lo que se perdió ya no se recuperar. Además, se reflejaron los niveles de desempleos más elevados de la última década que se registraron al cierre del conflicto petrolero, el desempleo llegó a casi 22% y hubo una contracción de los salarios reales".

De igual forma, Faría acotó que la banca nacional "fue expuesta a grandes perturbaciones y se estuvo a punto del colapso económico, se incrementó la miseria y la pobreza, se sufrió una caída de los ingresos que no permitía que el Estado desplegara las políticas sociales".

Agregó que los 15 mil millones de dólares que perdió Venezuela, fueron recursos y divisas que "el país dejó de colocar en concepto de exportaciones petroleras aunado a los costos que ocasionó la reactivación de la industria del crudo una vez que fue detenida por la aristocracia que la manejaba".

El sabotaje petrolero produjo tal contracción en la economía venezolana, que originó la disminución de la producción nacional, el decrecimiento económico, aumento del desempleo, caída en las finanzas públicas y un agotamiento de las divisas provocado por la fuga indiscriminada que se tradujo en una contracción de las reservas internacionales.

Políticas Sociales

Faría subrayó, que los años 2002 y 2003 marcaron el destino de la Revolución Bolivariana, pues una vez retomado el control del poder, tras el fracaso del Golpe de Estado y el paro sabotaje petrolero, inmediatamente el Gobierno Nacional inició una diversidad de programas sociales con el propósito de atender a los sectores más perjudicados.

En este sentido, comentó que fue así cuando nacieron las Misiones Sociales. Primero nació la Misión Barrio Adentro y prontamente ocuparon un papel protagónico las Misiones Educativas y las Misiones Alimentarias.

"A partir de ese momento, las Misiones comenzaron a ser una plataforma muy importante para el desarrollo de las políticas sociales", remarcó Faría.

Al respecto, agregó el economista que a pesar de la dura contracción que sufrió la economía nacional, el Gobierno siempre estuvo preocupado y mantuvo como prioridad, dar la mayor cantidad de beneficios a los sectores más necesitados de la sociedad venezolana.

"El Estado siempre se mantuvo comprometido con los sectores más desprotegidos y vulnerables, siempre se notó preocupado por la necesidad de incluirlos en la dinámica social y económica, para lograr que disfrutaran de una mejor distribución de las riquezas generadas en el país y así fueran altamente beneficiados", dijo Faría.

La caída económica produjo que el país se viera limitado, los empresarios provocaron la escasez de productos, la especulación, el boicot y el acaparamiento para desestabilizar el país.

Para dar respuesta a esta situación que perjudicaba a toda la sociedad venezolana, Faría recordó que el Gobierno desarrolló la red de abastecimiento de alimentos de productos Mercal y posteriormente de Pdval, además de un conjunto de leyes que benefician al sector agroalimentario, con el objetivo de mantener la seguridad y la soberanía alimentaria.

Economía creciente

Las políticas empleadas por el Ejecutivo Nacional tras recibir los graves efectos del sabotaje a la empresa petrolera, fueron significativas para evitar que Venezuela cayera en un colapso financiero y al mismo tiempo recuperar e incentivar el crecimiento económico del país.

Sobre este punto, Faría explicó que a pesar de las contradicciones políticas, económicas, sociales y de las tremendas perturbaciones que existieron desde finales de 2001 hasta el 2003, el Gobierno salió consolidado, pues al mismo tiempo que el Estado comenzó a invertir en las diversas políticas sociales, la economía venezolana comenzó a crecer de manera, significativa, sostenida y constante.

"Vemos como en los últimos cinco años, la economía venezolana creció a un ritmo anual superior a 10 puntos porcentuales, más de 50% en los cinco últimos años", resaltó.

Al respecto, Faría manifestó que durante los dos primeros años de recuperación económica, 2004 y 2005, se pudo compensar la caída de 18 puntos ocasionada por el sabotaje. "Afortunadamente pudimos salir airosos y ahora el país exhibe una situación sumamente sólida desde todo punto de vista", acotó.

Faría argumentó también que el Estado venezolano aplicó "una política fiscal muy inteligente para obtener recursos distintos a los provenientes de financiamiento interno y externo".

Asimismo, agregó que otra política importante empleada por el Ejecutivo para lograr la estabilidad de la economía nacional, fue el control y la administración de divisas.

"En Venezuela no teníamos divisas debido a la caída importante que se había sufrido con el sabotaje, pues los empresarios usaron su fuerza económica para efectuar una fuga indiscriminada de divisas, que se tradujo en una contracción de las reservas internacionales y por eso se implementó el instrumento del control cambiario", señaló Faría.

De igual forma, resaltó que los diversos indicadores sociales fueron recuperados y hoy día muestran un escenario estable donde se fortalece la justicia social.

Por ejemplo, al referirse sobre el índice de pobreza, Faría mencionó que en la actualidad, "la pobreza la volvimos a reducir a niveles muy notables, tanto que ningún otro país de Latinoamérica ha podido mostrar una mejoría en esa variable en tan poco tiempo".

Venezuela sin el sabotaje

El economista Faría sostuvo, que "si los empresarios en vez de dedicarse al sabotaje político, hubieran invertido en el país, con toda seguridad, hoy tendríamos un sector económico mucho más desarrollado".

De igual manera, dijo que "los niveles de endeudamiento fuesen hoy muy inferiores y estuviéramos más avanzados".

Asimismo, Faría explicó que los hechos provocados en 2002 y 2003, forman parte de "un espectro muy amplio que se abre en el pasado y del cual nosotros podemos establecer puntos de referencia muy importantes que evidencian un gravísimo daño que se le ocasionó a la sociedad venezolana y al país".

En contraste a los hechos de sabotaje, expresó Faría, Venezuela muestra actualmente la fortaleza de la Revolución Bolivariana y evidencia su carácter antiimperialista, al demostrar que es parte de un proceso político que incorpora transformaciones y cambios profundos en el ámbito constitucional, jurídico, político, económico y social, que tiene como objetivo continuar hacia la construcción de una sociedad y una economía soberana e independiente que aspira mayores grados de progreso.