17 de junio de 2009.- Los dos dirigentes estudiantiles amenazados de expulsión por las máximas autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Kevin Ávila (presidente adjunto del Centro de Estudiantes de Trabajo Social) y José Antonio Casanova (presidente del Centro de Estudiantes de Derecho), exigen a las autoridades un pronunciamiento público y claro en torno al estatus jurídico y la posible apertura de expedientes en contra de ellos y de cualquier otro estudiante de la casa de estudios.

Como se recordará, la semana pasada las autoridades intentaron aperturarles expedientes en la sesión del Consejo Universitario del 10 de junio, acusándolos de hechos violentos el martes 9. Aquel día, los jóvenes estaban realizando una huelga de hambre por la rebaja de 16 por ciento al presupuesto del comedor, pero fueron atacados por desconocidos, usando bombas lacrimógenas y algunos disparos de armas de fuego, lo que hizo que se disolviera la huelga de hambre.

Las autoridades los acusan de haber sido agredidos en el momento en el que salieron del edificio, pero ellos lo niegan rotundamente.

Sacaron de agenda la apertura de expedientes... por ahora

Los expedientes no se aperturaron ese día -según explicaron los profesores Miguel Alfonzo y Ricardo Molina, también miembros del Consejo Universitario- debido a que la denuncia tenía que formalizarse por escrito, requisito que no habían cumplido las autoridades. Por ello, el tema de la apertura de expedientes había sido aplazado para este miércoles 17, pero sorpresivamente el tema fue sacado de agenda.

Esto causó mucha suspicacia a ambos jóvenes, quienes solicitaron un derecho de palabra este miércoles en la tarde apoyados por una gran cantidad de sus compañeros. En el derecho de palabra, cuyo video se anexa a esta noticia, exigieron un pronunciamento público sobre el caso de la apertura de expedientes contra ellos y otros jóvenes. Las clases están por terminar en la UCV, pero el Consejo Universitario continuará sesionando hasta el 29 de julio. El temor de los jóvenes es que las autoridades planeen esperar a que disminuya la asistencia estudiantil durante el período vacacional, para entonces iniciar las sanciones contra ellos, como ocurrió en 2001 contra 17 tomistas de la Sala de Sesiones que fueron expulsados.

Los estudiantes también pidieron a la rectora Cecilia García "Arocha" Márquez que rectifique sus declaraciones "irresponsables" del día martes 9 a través del canal Globovisión, en la cual acusó a los jóvenes de protagonizar y dirigir hechos de violencia, cuando la realidad es que ellos fueron los agredidos. "Lo que hicimos fue luchar por las reivindicaciones estudiantiles, para que el comedor siga funcionando sin problemas, para que se sigan entregando las becas, para que el transporte siga funcionando", señaló Casanova.

Igualmente, criticaron denuncias de funcionarios del Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV, COPRED, que en el ejemplar más reciente del semanario "Correo Universitario" (otra de las publicaciones de la Dirección de Información y Comunicación ucevista) acusa a los huelguistas de haber causado deterioro al patrimonio de la UCV durante la huelga de hambre, que fue realizada en la plaza cubierta del Rectorado. "Negamos esto; no creo que una huelga de hambre pueda afectar la infraestructura de la UCV. Lamentamos mucho si para algunos causamos molestia al mostrar al país la realizada de la UCV, de sus finanzas y las reducciones injustificadas en las providencias estudiantiles".

Consejo Universitario no emitió respuesta alguna

Como ocurre en los derechos de palabra, no hubo mayor respuesta de las autoridades a los cuestionamientos y exigencias de los estudiantes, quienes también pidieron pronunciamientos sobre el presupuesto universitario, la compra de camionetas y motocicletas de lujo, el recorte al presupuesto de los atletas y el caso del presupuesto del comedor, que fue rebajado en 16 por ciento, pero la partida se reintegró luego de fuertes protestas estudiantiles y de obreros. Las autoridades, sin embargo, no reconocen haber hecho rebaja alguna a pesar de que documentos oficiales de la UCV así lo demuestran.

Extraoficialmente se supo que Amalio Belmonte, Secretario de la UCV, reconoció en privado que ni Casanova ni Ávila habían cometido hechos violentos. Pero él también indicó que se iniciaría una investigación en torno a los numerosos videos grabados el día 9 de junio, para averiguar quienes eran las personas que aparecían en los mismos, buscando tentativamente aperturar expedientes contra ellos.

Por otro lado, la decisión final de aperturar expedientes no será tomada sólo por Belmonte, sino por las cuatro autoridades: la rectora, los dos vicerrectores y el Secretario. Esto fue criticado por los profesores Miguel Alfonzo y Ricardo Molina, que explicaron que las autoridades que los acusan de hechos violentos también tendrán la potestad de decidir si se les expulsa o no. Es decir, serán jueces y parte.

Ricardo Sánchez y la forma como pudo lanzarse a las elecciones

Durante el derecho de palabra, los jóvenes también pidieron un pronunciamiento público en torno al estudiante Ricardo Sánchez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, quien había sido aplazados dos semestres consecutivos en la carrera de Estudios Internacionales, lo que, según las normas de permanencia de la UCV, le ameritaban ser suspendido de la UCV por un año. Pero de pronto, a Sánchez se le permitió inscribirse en la carrera de Derecho cursando estudios simultáneos, lo que le permitió lanzarse a las elecciones de la FCU en noviembre pasado. Cabe destacar que, para ser admitido en estudios simultáneos, el estudiante debe tener un promedio de al menos 15 puntos (de 20). Hay que acotar, además, que varios compañeros de clase de Sánchez en Derecho han asegurado que él prácticamente no ha asistido a clases, por lo que sospechan que este semestre no tendrá mucho éxito en sus estudios.

Para el debate de la constituyente universitaria

Algunos apuntan que un tema de debate en las futuras discusiones de la Ley de Educación Superior y la Constituyente Universitaria debería ser: ¿el Consejo Universitario debe comportarse como un cuerpo ejecutivo, legislativo y judicial, que no rinde cuentas a la comunidad? ¿O sí debe rendir cuentas a estudiantes, empleados, obreros, trabajaodres, profesores e incluso a la sociedad no universitaria?

Como se recordará, en el derecho de palabra del pasado 10 de junio los jóvenes que pidieron un derecho de palabra para pedir explicaciones por el presupuesto fueron quienes terminaron siendo interrogados, y tampoco se les dio explicación alguna sobre sus peticiones.

Por último, este jueves el vicerrector administrativo Bernando Méndez finalmente hará una exposición pública sobre el presupuesto de la UCV, en el auditorio Tobías Lasser de la Facultad de Ciencias, desde las 9 de la mañana. La entrada es libre.