13 de julio de 2009.- El ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, afirmó que la demanda presentada contra el presidente Rafael Correa por un grupo de abogados colombianos, es una parodia.
Es "una amenaza que ya tiene un sabor a parodia" porque el "cuento" de las relaciones del Gobierno ecuatoriano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "no se ha demostrado, no tiene sustento", señaló Ponce en una entrevista con Gamavisión.
Para el ministro, la acusación al Gobierno de Correa "es un discurso que se repite cansinamente", además de que "no favorece, en absoluto, un mejoramiento a futuro de las relaciones".
Asimismo, apuntó a que el Gobierno colombiano "debería mirarse un poco más el ombligo y mirarse más a sí mismo, encontrar en su seno la carroña y los problemas y los conflictos".
La semana pasada, un grupo de abogados presentó ante la Fiscalía de Colombia una demanda contra Correa y anunciaron que pedirán que sea denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el delito de "terrorismo internacional".
El jurista colombiano Abelardo de la Espriella, que encabezó la demanda, dijo a la televisión de su país que la denuncia también incluye al ex ministro de Seguridad Interna y Externa Gustavo Larrea y al ex subsecretario de Gobierno José Ignacio Chauvín, para quienes solicitan procesos por el mismo delito.
A juicio de Ponce, la demanda, es una reacción "un poco desesperada, frente a la acusación que hiciera el fiscal" ecuatoriano, Carlos Jiménez, contra el ex ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos por su implicación en el bombardeo del Ejército colombiano al campamento de las FARC en Ecuador.
En esa operación militar, Colombia se introdujo en el territorio ecuatoriano de Angostura, en la provincia amazónica de Sucumbíos, para destruir un campamento clandestino de las FARC, el 1 de marzo de 2008.
Como consecuencia del bombardeo murieron 26 personas, entre ellas el número dos de la guerrilla, alias "Raúl Reyes", un ciudadano ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos.
Dos días después de la operación, Ecuador rompió las relaciones diplomáticas con Colombia por considerar que se había violado su soberanía nacional.
Tras la orden de detención contra Santos y la demanda frente a Correa, el Gobierno ecuatoriano afirmó que las relaciones entre ambos países viven su "peor momento".
