Bogotá, 19 ago (PL) La inmunidad de los soldados norteamericanos que harán uso de al menos siete bases en el país, a raíz de un polémico acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia, genera hoy preocupación en diversos sectores políticos nacionales.
Incluso el subsecretario adjunto para Asuntos Hemisféricos de la nación norteña, Chris McMullen, ratificó este miércoles que la protección de los efectivos de su país en servicio en Colombia constituye una parte importante del referido pacto.
McMullen dijo a Caracol Radio que "siempre es el deber de nuestro Congreso proporcionar protección adecuada a nuestras fuerzas en otros países. Tenemos un acuerdo como este en más de 100 países".
En cada uno de estos hay una provisión para proteger a nuestros soldados, en caso de que haya investigación o acusaciones contra ellos. Es parte del proceso para las negociaciones, agregó.
Estas declaraciones, junto a las emitidas por Hillary Clinton tras una reunión en Washington con el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, sustentan las preocupaciones que ha generado en el país el tema de la inmunidad de los militares norteamericanos, según observadores consultados por Prensa Latina.
De otro lado, el gobierno colombiano -en un intento por aplacar estos temores- repite constantemente que la "inmunidad no implica impunidad".
Sobre este particular Bermúdez señaló que no habrá jurisdicción estadounidense o cortes marciales en suelo colombiano, mientras que los órganos de investigación nacionales podrán participar en las pesquisas que se adelanten contra soldados o funcionarios del norteño país.
Esto quiere decir que si un militar norteamericano comete un delito en territorio colombiano la investigación quedará a cargo de un connacional y no un nativo, el cual deberá conformase con seguir como observador el proceso, aunque se desconocen detalles de cómo lo haría.
Pero incluso muchos aquí ponen en duda el alcance real de esos puntos contenidos en el convenio, toda vez que es conocida la práctica de Washington con respecto a la inmunidad de sus soldados en el exterior.
En alusión a los argumentos del gobierno, los críticos del acuerdo sostienen que son pocos convincentes, pues en las condiciones actuales internacionales Estados Unidos no tiene necesidad de tener jurisdicción o cortes marciales en Colombia.
La potencia del norte por principio no permite que un militar norteamericano, sin importar el crimen que haya cometido, sea juzgado en otro país o entregado a tribunales extranjeros, de ahí que no reconozca la Corte Penal Internacional.
Asimismo, el investigador colombiano de asuntos geoestratégicos Juan Carlos Eastman, citado por medios de prensa, advirtió que en la practica "inmunidad significa impunidad".
En tanto, para el ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández la idea de otorgar inmunidad a soldados extranjeras viola la carta magna, a la vez que crea una desigualdad con respecto a los militares colombianos, con los que estarán operando.
De acuerdo con Hernández esa inmunidad se puede convertir en impunidad porque para que sea levantada, como argumenta el gobierno colombiano que podría hacerse, previamente deberá pasar por un arduo proceso diplomático que puede demorarse mucho o no cumplirse.
Lo cierto es que en virtud del nuevo acuerdo, pronto a firmase, los soldados norteamericanos que operarán en el país tendrán inmunidad, en un país donde ya se han presentado delitos y crímenes en el marco del Plan Colombia sin que haya sido juzgado un solo efectivo de la nación norteña por los tribunales colombianos.
