13 de octubre 2009. -El diputado Mario Isea anunció que tras los análisis de las declaraciones de Rafael García, ex funcionario de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, quien confesó implicaciones del Gobierno de Uribe en planes desestabilizadores contra el presidente de Venezuela, se constató que la presencia de 153 paramilitares capturados en la Finca Daktari del Hatillo, en mayo de 2004, no era un hecho aislado y por el contrario forma parte de una conspiración mayor que se mantiene en desarrollo actualmente.

En la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) que se reunió este martes para recibir los resultados de la comisión invstigadora, el parlamentario presentó el Informe de la Comisión Especial y solicitó a la directiva gestionar ante el Ministerio Público la reapertura del caso de este grupo de paramilitares, ante las evidencias encontradas que relacionan este grave hecho con el intento de desestabilizar a Venezuela y asesinar al mandatario nacional.

Dijo que García ha confesado y acusado a funcionarios del DAS y personeros del gobierno colombiano que promovieron esa incursión paramilitar en Venezuela, y más precisamente en Caracas.

"Las confesiones de Rafael García indican que el caso Daktari no fue un caso aislado. Entre sus metas el grupo pretendía asesinar al presidente Chávez y la incorporación de paramilitares colombianos para importar el sicariato, la desestabilización y violencia".

Orlando Urdaneta y María Conchita Alonso retratados:

Mostró una fotografía donde aparece el actor venezolano Orlando Urdaneta, quien aparece retratado con los militares venezolanos, entre ellos los Coroneles Darío y Jesús Rodríguez, que participaron en el reclutamiento de los paramilitares traídos a Caracas, muchos de los cuales eran reservistas y efectivos activos del ejército colombiano.

Igualmente aparece María Conchita Alonso, hermana de Robert Alonso, el dueño de la Finca Daktari, propiedad que fue base de entrenamiento y punto del inicio de las acciones desestabilizadoras que planeaban en mayo de 2004.

"Aparecen civiles involucrados. Además hay vinculación de Robert Alonso y María Conchita Alonso con Don Berna y otros paramilitares colombianos famosos. No estamos en presencia solamente de una Rebelión Militar (como fue catalogado el caso en su oportunidad) sino en una conspiración permanente contra Venezuela", dijo Isea.

Grave injerencia del Gobierno de Colombia en Venezuela:

Al leer las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial, el Diputado Isea advirtió que todos los elementos concretos analizados, entre ellos las declaraciones del exfuncionario del DAS, Rafael García, se determina la existencia de un plan permanente contra el Gobierno Bolivariano con participación de personeros de la administración de Uribe y políticos venezolanos de oposición.

"Ese paramilitarismo con anuencia del gobierno de Uribe constituye una grave violación a la soberanía venezolana, y evidencia la intromisión del terrorismo colombiano en nuestro país".

Por ello, en nombre de la Comisión, justificó la solicitud para que la Fiscalía General de la República ordene la reapertura del Caso Daktari, al determinarse que formó parte de un complejo plan desestabilizador aún vigente, orquestado por dirigentes opositores venezolanos y del Gobierno colombiano.

Se recomendó investigar a los militares involucrados en el caso Daktari, entre ellos a Jesús Guillermo Farías, por la muerte de 2 paramilitares del grupo que pernoctó en El Hatillo antes de ser capturado.

Asimismo, recalcó la necesidad de investigar los vínculos existentes entre militares participantes con el actor Orlando Urdaneta y la actriz María Conchita Alonso, entre otros personajes públicos que dentro y fuera de Venezuela han promovido abiertamente el plan de magnicidio.


Requisitoria internacional contra venezolanos prófugos:

En otra de las conclusiones, la comisión informó que militares disidentes en el caso de los paramilitares, que se encuentran fugados o incluso protegidos en EEUU y Colombia, tienen orden de captura vigente únicamente dentro de Venezuela, por lo cual se solicitó librar requisitoria internacional contra estos implicados.

Dijo que la campaña mediática de los sectores de derecha, que defienden a estos sectores delincuenciales, pretenden desacreditar al gobierno venezolano como parte de la justificación de estos planes.

Por ello, se solicitó a la directiva de la AN articular acciones para salvaguardar la soberanía, la paz, la democracia y los logros de la Revolución; establecer una jornada de Parlamentarismo Social de Calle que eleve la conciencia popular que derrote estos planes de terrorismo y magnicidio; e inicie apoyo a la nvestigación sobre la injerencia paramilitar del Gobierno de Uribe, como brazo ejecutor de intereses que apuntan a sectores del imperialismo norteamericano.

Militares disidentes entrenan a sicarios en Miami:

Denunció el parlamentario que ex militares golpistas, encabezados por el Capitán Luis García Morales, entrenan a paramilitares en Miami para incursionar con violencia en Venezuela.

Agregó también que se cuenta con evidencia de la presencia en Venezuela de expolicías y especialistas en artes marciales, que han sido reclutados para formar parte de otros grupos violentos. Dijo que se está procesando información sobre estas denuncias y existen testigos a quienes se les tramitará protección, que han manifestado su disposición a declarar ante la Comisión.

Se prepara informe sobre financiamiento de Rosales en magnicidio:

Además de los videos con las declaraciones de Rafael García, que involucra en forma determinante al Gobierno de Urbe en esta conspiración, fue presentado y proyectado el video con las confesiones del paramilitar Giovanny Velásquez Zambrano, sobre el financiamiento de Manuel Rosales para ejecutar el plan de magnicidio contra el Presidente Chávez.

Isea dijo que la confesión del paramilitar que vincula a Rosales está siendo objeto de un informe posterior, por cuanto además del ex alcalde zuliano opositor existen otros dirigentes y empresarios privados que están incursos en el "pote" de 25 millones de dólares que se ofrecían a sicarios y paramilitares para ejecutar el asesinato.

El parlamentario indicó que Rosales, quien se encuentra prófugo y asilado en Perú, está implicado en planes de financiamiento de magnicidio a través de las operadoras de loterías en el estado Zulia. "Invito a la Comisión Nacional de Lotería que supervise y traslade los sorteos de la Lotería del Zulia a Maracaibo, y evite que se siga haciendo a escondidas en un centro comercial".