28 de noviembre 2009.- Los países de Unasur no reconocerán los resultados. EE UU, Panamá y Costa Rica sí lo harán.

Las elecciones presidenciales que se celebrarán mañana, en Honduras, reúnen, por lo menos en apariencia, los aditamentos perfectos para provocar el rechazo mundial al proceso electoral que se desarrollará bajo el oscuro manto del golpe de Estado. Sin embargo, la realidad es otra.

A 24 horas de la consulta popular, los bloques están claramente identificados: el de la derecha, encabezado por EE UU, Perú, Costa Rica y Panamá, con la potencial sumatoria de Colombia; que apoya los recultados.

Y el de la izquierda, con Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam que no vacilan a la hora de negar cualquier crédito a la consulta.

Atrás quedó el 30 de junio, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pidió el restablecimiento del presidente Manuel Zelaya, derrocado dos días antes. Casi que a nivel de anécdota quedó también la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), del primero de julio, que exigió la vuelta al poder del Mandatario, elegido por el voto popular, hace cuatro años.

Los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con la excepción explícita de Perú y el silencio de Colombia, anunciaron ayer que no reconocerán los resultados. España y Guatemala, por su lado, le siguieron los pasos.

México y Canadá, otros dos grandes de la región (igualmente de la derecha), no se han pronunciado.

Las posiciones de San José y Washington son especialmente emblemáticas. En el primer caso, su presidente, Oscar Arias, mediador de la crisis hondureña y Premio Nobel de la Paz, aseguró: “La cordura dice que, si todo transcurre bien, la gran mayoría de los países del mundo deben reconocer los comicios”.

Norteamérica, el actor clave en la crisis del país centroamericano, el que tiene el poder de darle o quitarle cuerda al gobierno de facto de Roberto Micheletti, también anunció su respaldo a las elecciones.

La Casa Blanca, que llegó a exigir la restitución de Zelaya, ahora prácticamente legitima la acción de los golpistas, en detrimento de la democracia.

“Esto establece un peligroso antecedente en Latinoamérica (...). Sigue imperando la política del Departamento de Estado dirigida a promover los gobiernos que desde allí se quieren para América Latina”, dijo el analista Nelson Sánchez.

Los 27 países de la Unión Europea, como Bogotá, tampoco han fijado, hasta la noche de ayer, su posición ante las elecciones. Los europeos, no obstante, mantienen suspendidos los acuerdos y ayudas económicas a Honduras.

“La Unión Europea no tiene una posición común sobre Honduras”, dijo el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Franco Frattini, el pasado jueves.

“Ahora vamos a ver quién es quién, quién cree en la democracia y quién no”, afirmó ayer el presidente de Ecuador, Rarael Correa, como tratando de llamar la atención sobre la posición que adopten cada uno de los países alrededor de Honduras.

Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil, en Tegucigalpa, señaló: “Este domingo yo opino que salgan a las plazas públicas y que muestren su dedo y digan que no se han manchado (con tinta), que no apoyan la legalización de los golpistas”.

La jornada comicial de mañana se desarrollará, además, sin que se haya cumplido el acuerdo Tegucigalpa-San José, que establecía, con el visto bueno de la administración de Barack Obama y Oscar Arias, el retorno de Zelaya al poder.

Con estas condiciones y por menos, otras elecciones han sido mundialmente rechazadas, como las de Irán, en agosto pasado, cuando parte de la comunidad internacional alertó sobre un presunto fraude.

No se trata de si Zelaya violó o no la Constitución de su país al tratar de consultar al pueblo para que aprobara o rechazara una propuesta de reelección. Ésto, en principio, es un asunto interno. El problema es que el golpe de Estado sustituyó los canales regulares de la democracia, mientras sus actores materiales e intelectuales están a punto de salir por la puerta grande.