03 de julio 2010.-Como prueba de su larga lucha contra el abuso sexual, el Vaticano suele citar como momento clave la decisión de 2001 de dar a la oficina que dirigía el cardenal Joseph Ratzinger la autoridad para evitar una maraña de burocracia y manejar los casos de abuso de forma directa.

La decisión, transmitida en una carta apostólica de Juan Pablo II, le valió al cardenal Ratzinger, ahora Benedicto XVI, la reputación de ser el integrante del Vaticano que reconocía con más claridad la amenaza que la extensión de los escándalos sexuales significaba para la Iglesia Católica Romana.

Sin embargo, documentos de la iglesia y entrevistas con abogados especialistas en derecho canónico y obispos presentan esa decisión de 2001 y la actuación del futuro Papa de manera nueva y menos halagadora.

El Vaticano tomó medidas sólo cuando los obispos de los países angloparlantes se mostraron tan preocupados por la resistencia de los altos funcionarios eclesiásticos, que la Santa Sede convocó a una reunión secreta para escuchar sus quejas, lo que constituye un ejemplo extraordinario de prelados de distintos lugares del mundo que presionan de forma colectiva a sus superiores en aras de una reforma, algo que no se había revelado antes.

Por otra parte, la política derivada de esa reunión –en contraste con la forma en que la describió el Vaticano– no fue una drástica ruptura con las prácticas del pasado. Fue, ante todo, una ratificación tardía de una metodología tradicional de la Iglesia que, en opinión de por lo menos uno de los obispos que asistieron a la reunión, se había ignorado demasiado tiempo.

Casi 80 años antes, en 1922, se había conferido a la oficina que dirigía el cardenal Ratzinger, la Congregación para la Doctrina de la Fe, autoridad para abordar casos de abuso sexual, indican los documentos y confirman los abogados. Sin embargo, en los 20 años que estuvo a cargo de esa oficina, el futuro Papa nunca ejerció esa autoridad, y no actuó ni siquiera cuando los casos socavaron la credibilidad de la Iglesia en EE.UU., Australia, Irlanda y otros lugares.

Geoffrey Robinson, un obispo auxiliar emérito de Sydney, Australia, que asistió a la reunión secreta en 2000, dijo que a pesar de las numerosas advertencias los altos funcionarios del Vaticano, Benedicto incluido, tardaron mucho más en admitir los problemas de abuso sexual que muchos obispos locales. “¿Por qué el Vaticano terminó tan rezagado respecto de los obispos locales, que, a pesar de todos sus defectos, cambiaron y evolucionaron?” dijo.

El cardenal Ratzinger, por supuesto, aún no había llegado a ser Papa, un cargo cuyo titular no está habituado a presiones de las bases. Juan Pablo minimizó con frecuencia las acusaciones de pedofilia que se hacían contra sacerdotes, considerándolas un ataque de los enemigos de la Iglesia. Quienes lo apoyan, dicen que el cardenal Ratzinger habría preferido tomar medidas antes para evitar el daño en determinados casos.

Sin embargo, ahora se hace evidente que el futuro Papa también formaba parte de una cultura de irresponsabilidad, negación, maniobras legalistas de dilación y obstrucción lisa y llana . Más que cualquier otro alto funcionario del Vaticano excepto Juan Pablo, fue el cardenal Ratzinger el que debió haber tomado medidas decisivas en la década de 1990 para impedir que el escándalo saltara de país tras país y alcanzara dimensiones que ahora amenazan con consumir su propio papado.

En su condición de Papa, Benedicto XVI se reunió en tres ocasiones con víctimas de abuso sexual. Reabrió de forma tardía una investigación sobre el reverendo Marcial Maciel, fundador de la poderosa orden religiosa Legionarios de Cristo y protegido de Juan Pablo-. Dio a los obispos estadounidenses mayor libertad de acción para adoptar una actitud severa respecto del abuso en EE.UU. Por otra parte, el 11 de junio, en un evento realizado en la Plaza de San Pedro y destinado a celebrar a los sacerdotes, pidió “el perdón de Dios y de las personas involucradas” y prometió hacer “todo lo posible” para evitar futuros abusos.

Pero hoy la crisis del abuso sigue presente en el corazón católico de Europa: la Justicia de Bélgica tomaron la semana pasada la rara medida de allanar la sede eclesiástica y la casa de un ex arzobispo.

Los funcionarios del Vaticano, que se negaron a contestar preguntas detalladas sobre la historia de Benedicto, dicen que la Iglesia va a anunciar otra serie de modificaciones a sus leyes canónicas, tal como lo hizo en 2001, de modo tal de poder mejorar su respuesta al problema del abuso.

Sin embargo, la sugerencia de que hay más reformas en camino es una admisión del hecho de que muchos obispos siguen teniendo una gran confusión en lo relativo a cómo manejar las acusaciones de abuso, y de que su actitud difiere notablemente de un país a otro.

Las conferencias nacionales de obispos de algunos países adoptaron sus propias normas. No obstante, varias décadas después de que el abuso por parte de sacerdotes se convirtiera en un problema, Benedicto XVI aún no ha instituido reglas universales.

El Vaticano esperó hasta abril para subir a su sitio web “recomendaciones” en la que sostenía que los funcionarios de la Iglesia deben acatar las leyes civiles en lo relativo a denunciar el abuso. Pero sólo se trata de recomendaciones, no de exigencias. Actualmente, el debate es entre quienes dicen que imponer normas de tolerancia cero a los pedófilos es un problema y los que quieren modificar el derecho canónico. En qué lugar está Benedicto XVI es la pregunta.