Entre el 29 y el 31 de julio en Corferias, en Bogotá, se reúnen las principales compañías del sector minero extranjeras y nacionales con la complacencia del ministerio de Minas y Energía e Ingeominas, para llevar a cabo la “Primera Feria para el sector Minero” que tiene, entre otros objetivos, despojar a las comunidades de sus derechos, saberes y territorios, así como facilitar el saqueo de los recursos naturales del país, política que bajo la denominación de “Colombia: país minero”, ha adelantado presuroso el actual gobierno y promete continuarlo y profundizarlo Juan Manuel Santos.

Este encuentro se realiza en el marco de una arremetida de las transnacionales sobre el país, en donde el gobierno nacional siempre se ha puesto del lado de los intereses extranjeros y en contra de las reclamaciones de las comunidades, de los pequeños y medianos mineros, de los trabajadores, donde se desarrollarán estos proyectos, amparados en la reforma al código de minas aprobada en el 2009, que entrega el control absoluto de los recursos naturales a las empresas extranjeras.

Prueba de ello es el discurso contra la pequeña y mediana minería que ha adoptado el gobierno nacional y la Cámara Colombiana de Minería, atacando a más de dos millones de colombianos que se dedican a esta actividad como forma tradicional de subsistencia en sectores rurales y que ha garantizado que estas familias y comunidades mineras no se desplacen a las ciudades aumentando la economía del rebusque y de la informalidad.

Pretenden engañar a los colombianos al plantear que las inversiones en este sector generarán un mejoramiento para las regiones y del bienestar de miles de colombianos, a pesar de que la misma realidad los contradiga, tal y como es evidente en los territorios donde están los principales proyectos mineros, como en el Cesar, Córdoba y la Guajira, donde se presentan los peores indicadores de calidad de vida del país. Las regalías, que en ningún caso superan el 10%, son insuficientes para compensar la descomposición social, económica, cultural y ambiental que provocan estos proyectos mineros a gran escala.

La política minera impulsada por el gobierno agrava la ya difícil situación de derechos humanos, y de la cual afrodescendientes, campesinos, indígenas y trabajadores de esta industria han sido las víctimas, en medio de un Estado de impunidad.

También se ocultan al país los nefastos impactos ambientales que provocarán proyectos como el de La Colosa y otros ubicados en el páramo de Santurbán, en Marmato, en Suárez Cauca, en el Cerro Careperro, y muchos otros más en medio de reservas naturales que acabarán con la biodiversidad, las fuentes de agua, la agricultura y toda forma de vida y posibilidad de desarrollar otra actividad económica.

Por estas razones, decenas de organizaciones decidimos unirnos y trabajar colectivamente para hacerle frente a una política minera que apunta a satisfacer las necesidades del capital, causante de la actual crisis mundial, y a convertir al territorio nacional en un enclave para el asalto del patrimonio.

Tratados de Libre Comercio como el recientemente firmado con Canadá, la militarización con el Plan Colombia, son medidas que ha prometido continuar el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos y que perjudican los intereses del país en todos los campos.

Invitamos a todos los sectores democráticos del país a respaldar las tareas y los objetivos que se ha planteado la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, en torno a la lucha contra las leyes del despojo y por la defensa de la vida, la permanencia en el territorio y la soberanía nacional.