10/10/12.-El desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue condenado este miércoles a 24 años de prisión por la masacre de Mapiripán, cuando unos 80 miembros de las Autodefensas Campesinas de Canare mataron a al menos 49 personas.
El ex comandante paramilitar, quien se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos, fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado, terrorismo y concierto para delinquir. El fallo fue proferido por un Juzgado de la ciudad de Villavicencio (centro).
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Luis Alfonso Mena informó que “se considera, de acuerdo con juristas, que la pena dictada por un juez de Colombia es subsidiaria, porque primero tendría que pagar la condena en EE.UU. para luego cumplir la condena que se le acaba de dictar” en la nación suramericana.
El pasado lunes, por estos mismos hechos, Héctor Germán Buitrago Parada, alias “Martín Llanos”, quien lideró el grupo paramilitar Casanare, aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y simultáneo, secuestro agravado y terrorismo.
La masacre de Mapiripán fue perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997 por unos 80 miembros de las Autodefensas Campesinas de Canare quienes mataron al menos a 49 personas, aunque no se ha confirmado el número de víctimas porque muchos de los cuerpos fueron descuartizados y arrojados a un río.
Durante 5 días con sus noches los habitantes estuvieron a la merced de los criminales, cinturones militares evitaban la salida, las casas eran allanadas, buscando papeles, libros o cualquier elemento que involucrara a sus moradores con la guerrilla, ya estableciendo quienes habitaban, con una “lista negra” previamente elaborada antes de la incursión, capturaban, torturaban, desmembraban, desvisceraban y degollaban a sus víctimas, muchos de los infortunados terminaron arrastrados por el caudaloso río Guaviare, así fueron eliminando las pruebas los victimarios.
Las autoridades informaron que fueron asesinadas al menos 49 habitantes y cientos de personas más salieron de la población desplazados.
Según confesaron hace tiempo a las autoridades los ex jefes paramilitares Hébert Veloza y Salvatore Mancuso, la incursión fue ordenada como represalia contra una población que “colaboraba con la guerrilla”.
En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano porque el Ejército no protegió a la población civil en Mapiripán y ordenó el pago de indemnizaciones a las víctimas.
Los grupos paramilitares colombianos, organizaciones armadas de extrema derecha toleradas por el Estado, mataron a muchas personas a las que consideraban sospechosas de apoyar a grupos de izquierda.
