17 de Octubre.- Alertan, sobre la situación que se está viviendo en la Sierra de Perijá. A nuestra redacción está llegando información que efectivos del ejército pretenden ejecutar una orden de arresto contra el Cacique Sabino, acción que responde y favorece a los terratenientes, particularmente la familia Vargas, quienes durante años han venido imponiendo una política de desplazamiento, con métodos violentos y de mafias, contra el pueblo Yukpa.
Aclaramos que esta información tiene sus antecedentes recientes debido a la toma por parte del pueblo Yukpa de la Hacienda Medellín, haciendo valer los derechos constitucionales que se desprenden de la demarcación de tierras y de un mandato presidencial que hasta el momento las autoridades competentes no han ejecutado. Es importante precisar que debido a este incumplimiento se ha generado una lucha justa por parte de los pueblos indígenas, en especial de las etnias en la Sierra de Perijá para que se pague las bienhechurías al sector terrateniente de la zona, solución que conduciría de una vez por todas a la restitución de los derechos territoriales y ancestrales del Pueblo Yukpa.
Como información adicional recibimos la denuncia que el día de ayer se realizó una reunión en el Fuerte Macoa donde terratenientes, militares y un grupo de Caciques no representativos de la Sierra de Perijá, discutieron la problemática anteriormente planteada, obviando el tema central de la demarcación de tierras y el pago de bienhechurías y donde nuevamente se coloca como chivo expiatorio de esta situación al Cacique Sabino. De esto último se han hecho parte dos diarios, La Verdad y Panorama, lo que deja en evidencia toda una conspiración contra los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá para evitar que se cumplan los derechos establecidos en la Carta Magna que mandatan la entrega de las tierras a los pueblos originarios.
Dentro de la misma denuncia que nos llega, vía telefónica desde la Sierra de Perijá, se le hace un llamado al Ministro de la Defensa, al nuevo Ministro del Ambiente, a la nueva Ministra de Asuntos Indígenas y al propio Presidente Chávez para atienda de manera especial y de una vez por todas la problemática excepcional a la que está sometido el Pueblo Yukpa y que amerita también una atención especial por parte de la Fiscal General de la República, quien debería designar un Fiscal Especial con competencia en Derecho Constitucional.